El representante de la Segunda Fiscalía Provisional Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Lima, Tomassine Tomasto Medrano, acudió la mañana del martes 30 a las oficinas de Provias Descentralizado, entidad adscrita al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, para recoger información y copias de la licitación pública de la obra “construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga”, en la región San Martín. la cual fue adjudicada al consorcio Tarata III.
Según se muestra en el documento al que accedió Perú21, el fiscal fue recibido por el director ejecutivo Walter Pineda, a quien se le solicitó las copias certificadas del expediente de construcción de la obra.
En detalle se solicitó los siguientes documentos: la resolución del expediente técnico de la obra, resolución de designación del comité de selección, bases primarias, segunda resolución que apruebe el expediente técnico de obra, bases integradas, Anexo 1 consorcio puente Tarata III, acta de admisión de ofertas, acta de evaluación de ofertas, acta de otorgamiento de buena pro y el contrato firmado.
También se solicitó el registro de visitas particulares a la entidad desde el 01 de octubre al 30 de noviembre. Este pedido fue atendido por el coordinador de abastecimiento y control patrimonial de la oficina de administraciones, quien entregó una copia impresa del registro de visitas.
Por su parte, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones emitió oficio a la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos tras tomar conocimiento de los hechos. “Habiendo tomado conocimiento de la intervención, nuestro despacho se encuentra presto a colaborar”.
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CONSORCIO TARATA III Y LA OBRA
Cabe recordar que consorcio Tarata III logró adjudicarse el contrato por S/232,5 millones para la “construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga”, en la región San Martín. Sin embargo, tras un informe periodístico, se conoció que la asesora de Tarata III, Karelim López, visitó constantemente Palacio de Gobierno y estuvo presente en la casa de Breña, donde el presidente despachó de manera irregular. Tras la cita, el consorcio logró hacerse de la obra lo que generó cuestionamientos sobre el correcto proceso de elección.
A este escenario se suma que, según El Comercio, los dos consorcios finalistas están integrados por compañías que tienen como socio fundador a Marco Antonio Pasapera Adrianzén.
Fuente: El Peruano
