Por unanimidad, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, busca poner fin a la demora en los procesos judiciales por pensiones de alimentos -que suelen duran más de once meses- porque acordó que sean virtuales, entre otros cambios en el Código de los Niños y Adolescentes y el Código Procesal Civil.
El dictamen -que recoge cuatro propuestas: dos del Poder Ejecutivo y las otras dos pertenecientes a los congresistas Elvis Vergara (AP) y Janet Rivas (PL)- permite que el juez no admitirá la contestación de la demanda si el demandado no anexa la declaración jurada de rentas, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía.
De otro lado y con el voto dirimente a favor de la presidenta de la comisión, fue aprobado -por mayoría- el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que plantea fortalecer la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas «de fachada», y que incurren en los delitos de lavado de dinero, tráfico ilicito de drogas y de armas, entre otros.
Otra propuesta legal, aprobada por la comisión, es la que modifica el Código Penal a fin de fortalecer la lucha contra los delitos de administración fraudulenta, contabilidad paralela y cohecho transnacional.
Durante la sustentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, Gladys Echaíz (APP), señaló que la mayoría de los casos de soborno se producen fuera del territorio nacional durante la realización de actividades comerciales y económicas.
La propuesta, proveniente del Poder Ejecutivo, tiene el objetivo de ampliar la competencia de los órganos de justicia para los casos de cohecho activo trasnacional. Se propone sancionar también a los colegios profesionales que no amonestan a sus agremiados que incurran en la conducta ilícita de elaborar contabilidades paralelas.
OPINIONES INSTITUCIONALES
A la sesión concurrió el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Henry José Ávila Herrera, quien opinó sobre la propuesta legal que habilita «el régimen de suplencia para resolver los casos de procedimientos administrativos disciplinarios que resuelve la Junta de Fiscales Supremos con la finalidad de evitar la impunidad».
Ávila Herrera consideró “pertinente, correcto y necesario”, que el máximo organismo de justicia garantice su institucionalidad y que -en ninguna circunstancia- se paralice un proceso que evalúa una denuncia contra un fiscal.
Por su lado, el presidente del Consejo del Notariado, Oscar Huerta Ayala, informó que, a la fecha, hay mil 14 plazas notariales, de las cuales 528 están cubiertas. Fue a propósito de varias propuestas legislativas destinadas al fortalecimiento del servicio notarial en el país.
A su turno, el presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, Mayk Pilares Rado, indicó que urge aumentar el número de notarios y planteó la modificación del Decreto Legislativo 1049, entre otros alcances.
Finalmente, a pedido de la congresista Ruth Luque Ibarra (JPP), se aprobó ampliar por 90 días el plazo al grupo de trabajo que examina la problemática de los defensores de los derechos humanos.
