El Ejecutivo designó este jueves al abogado Javier Wilfredo León Mancisidor como procurador general del Estado, en reemplazo de María Aurora Caruajulca Quispe.
Mediante la resolución suprema N.º 189-2022-JUS, publicada en el boletín de las Normas Legales del diario oficial El Peruano, se oficializó la designación con la rúbrica del presidente de la República, Pedro Castillo, y la del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina.
En uno de los considerandos de la disposición, se indica que, de acuerdo con la Ley 29158, el presidente de la República «puede remover por causal de pérdida de confianza a los titulares, jefes, presidentes o integrantes de los consejos directivos o directorios de los organismos públicos, con excepción de los organismos reguladores que actúan en representación del Poder Ejecutivo».
León Mancisidor fue asesor del congresista fujimorista Carlos Tubino entre 2012 y 2013. Según una investigación de El Comercio de 2013, el flamante procurador general fue investigado por la Décima Fiscalía Penal Provincial de Lima por la presunta apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal a favor de Fernando Zevallos (alias ‘Lunarejo’), exdueño de Aerocontinente condenado por los delitos de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas.
Cuestionan designación
El abogado constitucionalista Joseph Campos, defensa legal de Daniel Soria, explicó que María Aurora Caruajulca ha sido destituida, porque «no cumplió un requisito», produciéndose «una situación inexistente», en referencia a su nombramiento ocurrido en febrero pasado.
En una entrevista con Ampliación de Noticias de RPP, señaló que, con la designación de Caruajulca Quispe, el Gobierno buscaba «mantener un nivel de impunidad presidencial», pues «nunca denunció» al mandatario Pedro Castillo «a pesar de las diversas situaciones que ahora conocemos».
Joseph Campos hizo también hincapié en las denuncias contra Javier Wilfredo León Mancisidor. «Lo único que está haciendo el señor es descomponer la institución. No conozco si ha sido sentenciado o no; pero, si está o fue investigado en esas circunstancias, creo que no aporta ninguna garantía a la institución que fue creada específicamente para que no dependa de los gobiernos», remarcó.
«Realmente el Gobierno está en una franca vocación de destruir la única institución que fue creada para que los procuradores no sientan como jefe al ministro [de Justicia y Derechos Humanos], sino tengan un compromiso con el Estado», añadió.
Fuente: RPP
