El presidente de la comisión que investiga el caso del prófugo empresario Rodolfo Orellana, Vicente Zeballos, advirtió al Congreso la necesidad de corregir los vacíos normativos empleados por la mafias para burlar la ley y obtener beneficios ilícitamente.
A juicio del legislador, el Congreso no está cumpliendo con esta responsabilidad eficientemente porque no legisla de manera oportuna.
“Nadie nos puede liberar de hechos como en los que ha actuado el señor Orellana y otras personas u organizaciones criminales, si no se corrigen estos vacíos normativos. Es urgente que el Congreso actúe y no solo llame la atención de los hechos, sino que los corrija”, sostuvo.
“Esta situación hace que el Parlamento tenga que asumir una posición de liderazgo para legislar y aplicar los correctivos más oportunos frente a las contradicciones normativas”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó el tema de los arbitrajes, el cual –dijo- se ha convertido en una “tierra de nadie” pues no hay control que evite actos de corrupción.
Ante esta situación, Zeballos adelantó que el informe final de este caso tendrá dos partes: una destinada a identificar y proponer sanciones a los responsables de los delitos cometidos por el grupo mafioso de Orellana; y otra orientada a proponer soluciones a los mencionados vacíos normativos.
Zeballos señaló que en la comisión están por culminar la primera fase con la invitación a las personas afectadas, quienes concurrieron a las 24 sesiones organizadas para recoger sus testimonios.
“La próxima semana seguramente estaremos entrando a la segunda fase con la participación de las personas que tienen condición de investigados; obviamente, entre ellos, Rodolfo Orellana, su conviviente y su hermana, y los demás involucrados”, anotó.
Asimismo, señaló que en la primera semana de noviembre serán convocados el padre y la hermana del ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, para investigar si tendrían o no participación en la adquisición de inmuebles a la red formada por Orellana.
El congresista hizo estas afirmaciones luego de la sesión a la que concurrieron invitados el decano del Colegio de Notarios, Carlos Enrique Becerra Palomino; y miembros del Tribunal de Notarios.
Antes, en sesión reservada, la comisión escuchó el informe del Superintendente de los Registros Públicos, Mario Solari Zerpa.
El prófugo empresario Rodolfo Orellana es acusado de encabezar una mafia que recurriendo a documentos falsos y triquiñuelas legales obtenía grandes beneficios económicos en perjuicio de personas individuales y del propio Estado.
El citado empresario pasó a la clandestinidad en agosto, luego de la orden de captura dictada en su contra por el Poder Judicial.
Andina
