La demanda de Odebrecht contra el Estado por el caso Gasoducto no es la única que podría interponer la compañía. El acuerdo de colaboración deja la puerta abierta para escenarios similares, según admitió el fiscal Rafael Vela en la carta que envió a los representantes de la constructora en el país.
Ayer, el fiscal fue consultado de por qué cuando se negoció el acuerdo no se bloqueó un escenario de este tipo. “Evidentemente, en ese momento, no había la pretensión de demanda que recién se ha materializado en enero de este año. En ese momento era una expectativa”, respondió.
Tras admitir que no se previó un escenario, convertido ahora en realidad, indicó que su equipo heredó una negociación que ya tenía un avance de 19 meses, todos a cargo de su antecesor Hamilton Castro.
“Nosotros tuvimos como prioridad proteger la información que, en principio, fue entregada progresivamente durante ese espacio de tiempo con el fin de culminar un acuerdo de colaboración eficaz”, detalló.
Cuando se hizo cargo, Vela refirió que fue una negociación compleja y que pretendió “ser permanentemente socavada” por Pedro Chávarry, en aquel momento fiscal de la Nación. “Él trataba de que buscar que no se llegue a firmar un acuerdo”, añadió.
En la misma línea
El fiscal José Domingo Pérez continuó la postura de Vela. Horas más tarde, consultado sobre el mismo tema, indicó que “situaciones que pudieran suceder a futuro, lamentablemente, no se pueden pactar”.
De esta forma justificó el hecho de que no se incluyera una cláusula que evitara una demanda. Para Pérez, sin embargo, el acuerdo permite que ahora la información recabada sobre el caso Gasoducto Sur puede ser usada contra Odebrecht, incluso la que la propia compañía ya en tregó como parte de la colaboración eficaz.
“Estamos (la Fiscalía) a la expectativa de que el Estado designe al procurador del ministerio que corresponda y este nos solicite las pruebas (para enfrentar la demanda ante el Ciadi)”.
Según Pérez, las pruebas incluyen el hecho de que la propia firma brasileña admitiera culpabilidad, así como todo lo recogido hasta ahora por la fiscal Geovana Mori, quien está a cargo del caso.
¿Todo público?
Pérez luego cuestionó a los críticos de la Fiscalía y de la colaboración eficaz, como el excongresista Víctor Andrés García Belaunde, quien indicó que el acuerdo era secreto de Estado, postura similar a la expresada por el exfiscal Pedro Chávarry.
“La colaboración eficaz, que ha sido aprobada por el Poder Judicial, ha sido difundida en su integridad por la prensa”, acotó.
No obstante, lo que se ha hecho público es el fallo de la jueza María Álvarez, mas no el acuerdo.
En su fallo, no necesariamente se pudo haber incluido el acuerdo en su totalidad.
Guerra abierta
El fiscal Pérez salió a denunciar que su esposa fue agredida verbalmente en su centro de trabajo. El magistrado responsabilizó a quienes se oponen a las investigaciones del caso Lava Jato.
“Este es un punto límite, debe haber un pronunciamiento del Ministerio Público”, dijo. A renglón seguido, denunció que hay un “ vendaval de ataques” de parte de Chávarry y del fiscal supremo Tomás Gálvez. “Esto demuestra una acción concertada de personas que tienen interés de que el trabajo del Equipo Especial no continúe”.
“La continuidad de Tomás Gálvez y Pedro Chávarry genera inestabilidad en el trabajo del Equipo Especial. Estas dos personas están vinculadas a los intereses de los que estamos investigando”, acusó.
La otra demanda en curso
Estatus. La fiscal suprema Bersabeth Revilla abrió, el pasado 9 de diciembre, una investigación preliminar durante 120 días contra el procurador ad hoc Jorge Ramírez, por los presuntos delitos de negociación incompatible y omisión de funciones. Fue luego de la denuncia planteada en contra suya por el procurador Amado Enco.
Como parte de las indagaciones, Revilla solicitó al Poder Judicial que se le alcance una copia del acuerdo que suscribió Odebrecht con el Equipo Especial Lava Jato y la Procuraduría ad hoc.
Fuente: Gestión
