Desde el 8 de diciembre las cámaras de seguridad del Cercado se hallan inoperativas.
Además de obras inconclusas y una imagen de ineficiencia, la gestión municipal de Susana Villarán dejó situaciones legales que tendrán consecuencias perjudiciales para las arcas de la comuna limeña y la misma capital.
Según el informe final de la comisión de transferencia, existen amenazas de pago en procesos judiciales contra la Municipalidad de Lima por más de S/.481 millones, lo cual significará un forado en el presupuesto edil y limitaría aún más la ejecución de obras y proyectos.
Asimismo, la administración municipal de Fuerza Social decidió abonar, sin apelar a arbitraje alguno, S/.107 millones a los concesionarios del Metropolitano.
De la misma manera, reconocieron una deuda de US$160 millones a un concesionario por supuestos incumplimientos de contrato.
SUBSIDIO PREELECTORAL
Aunque todavía no hay información oficial al respecto, trascendió que los fondos municipales destinados para la llamada ‘marcha blanca’ de los corredores azules de transporte (avenidas Tacna-Arequipa y Javier Prado) ascenderían a S/.44 millones en total.
Como se recuerda, la primera ‘marcha blanca’, periodo en el cual los buses de los corredores no cobraban a los usuarios, se realizó en las semanas previas a las elecciones municipales de octubre reciente, y los opositores de Villarán sostuvieron que era un intento de aprovechamiento de los recursos públicos para fines electorales.
SIN CÁMARAS
Además, los informes entregados por la gestión de Villarán revelan que las cámaras de vigilancia, instaladas en el Cercado de Lima, están inoperativas desde el 8 de diciembre pasado. Esto se debe a que la municipalidad no efectuó los pagos respectivos a la proveedora del servicio durante 17 meses.
De otro lado, el directorio de la Beneficencia Pública de Lima autorizó la venta de tres de sus predios por un total de S/.13 millones, de los cuales el 62% será destinado a gastos corrientes.
DATOS
- El regidor Hernán Núñez, del partido de la ex alcaldesa Susana Villarán, aseveró que en la actual gestión edil de Luis Castañeda“hay una clara política antilaboral” que no ayuda a solucionar los problemas de la ciudad.
- “Casi 500 miembros del Serenazgo fueron cesados. Igual pasó con 700 inspectores de tránsito”, anotó.
Perú 21
