Por: Ernesto Calderón Burneo (Profesor del programa de especialización en derecho marítimo de Udep)
El impacto económico en el transporte marítimo de pasajeros y mercaderías fue uno de los primeros en manifestarse en el ámbito de esta crisis que tiene ahora un alcance global. Sin embargo, y entre tumbos, el tráfico de mercaderías no se detuvo. Datos proporcionados por la APN demuestran que la actividad de los puertos peruanos ha continuado y, en algunos casos, se ha incrementado respecto del año pasado.
En ese contexto, el Gobierno promulgó el D. Leg. N° 1492, cuya finalidad, entre otras, es “[…] promover y asegurar la reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones logísticas del comercio exterior, vinculadas al ingreso y salida de mercancías […]”. Tal vez la medida más comentada de la norma consiste en la obligatoriedad de automatizar los procesos de comercio exterior y el reemplazo de documentos físicos por documentos digitales o digitalizados. Estas medidas no solo obedecen, según la norma, a un interés de cuidar la salud de las personas involucradas en las operaciones de transporte, sino también a un interés de brindar transparencia en los costos que son pagados por el exportador al transportista o al operador logístico.
Diversos gremios de exportadores han expresado su opinión favorable a estos cambios. No conviene, sin embargo, pasar por alto que de forma casi simultánea el Gobierno denunció el Convenio de Bruselas de 1924 –las Reglas de La Haya– con normas aplicables a los contratos de transporte de bienes por mar en régimen de conocimiento de embarque. La ausencia de decisiones adicionales en estos temas ha dejado en el aire cierto aroma de incertidumbre, pues no se alcanza a entender del todo la necesidad de denunciar el tratado.
Las implicancias van más allá de los fines del D. Leg. N° 1492 y merecerían un análisis por separado, sobre todo cuando se publique el reglamento cuyo proyecto ya fue dado a conocer.
Estas medidas no tendrán el efecto esperado si no se integran dentro de un entorno digital que potencie su empleo y genere beneficios en términos de costos y tiempo.
Si se busca transparencia en la cadena de suministros, el empleo de soluciones basadas en blockchain es la apuesta de muchos administradores portuarios en Europa, esfuerzo al cual se han sumado incluso algunas empresas navieras.
En este contexto, digitalizar documentos es solo el inicio. Tal vez esta crisis por el covid-19 sea la excusa y una buena ocasión para plantear un rediseño integral de la cadena logística y asegurar la obtención de beneficios, tanto para los cargadores como para los transportistas.
Fuente: El Peruano
