Por: Espitz Beteta, Asociado en DLA Piper Perú.
Con la llegada de la vacuna al Perú y su puesta en circulación sobre distintas partes del territorio, al mismo tiempo que genera una sensación de aliento frente al virus, se ha generado otra situación nada alentadora que podría detener el plan de vacunación y alimentar nuestra realidad con nuevas comisiones de delitos. Esta situación poco alentadora tiene que ver con la venta y comercialización en el mercado negro de las vacunas por parte de funcionarios de la salud y particulares, lo que genera expectativa sobre una porción significativa de la ciudadanía, que en el afán de conseguir la deseada vacuna podría ser víctima del ilegal proceder.
Estas situaciones pasan por los siguientes escenarios posibles:
1. Funcionarios de la salud disponiendo de las vacunas como bien propio para destinarlo a personas no indicadas en la línea de vacunación que corresponde. Este escenario podría dar lugar a la comisión del delito de peculado doloso (Art. 387 del Código Penal). El delito de peculado sanciona con una pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 12 años, además se inhabilitará del cargo al funcionario público que se apropia para sí o para otro de la cosa pública que le fue confiada a razón del cargo que tiene en la administración pública para administrar y custodiar. El alcance de la sanción obedece a que los bienes se encuentran destinados a fines asistenciales.
2. El segundo escenario tendría que ver con aquellos que estarían ofertando y comercializando la vacuna. Es decir, estarían falsificando el producto y comercializándola como si se tratase de la vacuna real. El código penal sanciona la falsificación de productos farmacéuticos (Art. 294-A del Ccódigo Penal). En este caso, se sanciona a aquel que falsifica dispositivos médicos o productos sanitarios con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 10 años.
3. Finalmente, un último supuesto aparecería cuando el funcionario de la salud se encuentre solicitando dinero para vacunar con la dosis a los ciudadanos. En ese supuesto, se podrá sancionar por la comisión del delito de cohecho con penas privativas de la libertad que van desde 4 hasta 6 años.
Frente a lo expuesto, será importante el rol del Estado, mediante el Ministerio Público, para prevenir y sancionar situaciones que pongan en peligro a la ciudadanía frente al delito, y sobre todo al proceso de vacunación satisfactoria que permita hacer frente y superar, finalmente, el problema mundial que compromete a la salud pública.
Fuente: El Peruano
