El Estado reconoce el derecho que tiene toda persona a la vivienda digna y adecuada, lo que implica también el acceso a los servicios e infraestructura públicos necesarios, según la propuesta aprobada por el Pleno del Congreso, con 113 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Por tratarse de una reforma constitucional que incorpora el artículo 7-B en la Constitución, deberá ser votada por segunda vez en la próxima legislatura.
La iniciativa en mención reunió siete propuestas, tres de los congresistas del presente periodo: Yvan Quispe Apaza (FA), Mártires Lizana Santos (FP) y Luis Roel Alva (AP); y cuatro del anterior: Armando Villanueva Mercado (AP), Lucio Ávila Rojas (NA), Marisa Glave Remy (NP), y Ana María Choquehuanca (PPK).
La reforma constitucional fue estudiada en las comisiones de Constitución y Contraloría y en la de Vivienda y Construcción, donde en ambas fue aprobada en forma unánime.
El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Valdez Farías (APP), señaló que lo que se plantea con el dictamen respectivo es incorporar el artículo 7 B en la Constitución Política del Perú para establecer que el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder a una vivienda digna y adecuada con servicios esenciales.
“Asimismo, proponemos que se establezca que el Estado promueva la ejecución de programas de financiamiento de viviendas de interés social para hacer más efectivo el acceso en forma equitativa y descentralizada de este derecho humano y fundamental”, sustentó.
Señaló que con su aprobación se permitirá el desarrollo y disfrute de otros derechos fundamentales como la vida, la salud, la intimidad, la paz, la tranquilidad, entre otros derechos que influyen en la calidad de vida, respaldados por organismos y pactos internacionales.
Por su lado, el presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción, Juan Carlos Oyola Rodríguez (AP), dijo que la nueva ley establece en forma explícita que el Estado despliegue e intensifique las políticas públicas en materia de vivienda y que progresivamente asigne mayores recursos presupuestales para cerrar la brecha de viviendas.
“Se positiviza el derecho fundamental a la vivienda, se fortalecerá el proceso de descentralización, y se cumplirá la Constitución cuando establece que los gobiernos locales promueven el desarrollo de la economía local y la prestación de los servicios públicos”, anotó.
Durante el debate, los legisladores coincidieron con la propuesta que contiene la necesidad de incorporar ese derecho fundamental de los peruanos en la Carta Magna e incidieron en las grandes necesidades que tiene el país de viviendas para miles de peruanos que no tienen techo, agua, desagüe ni infraestructura sanitaria.
Javier Mendoza Marquina (UPP) indicó que la aprobación de la ley permitirá que el Estado implemente políticas públicas con financiamiento adecuado para miles de peruanos que no tienen vivienda. Reveló que solo en Lima hay una demanda insatisfecha de 500 mil familias.
Mártires Lizana Santos (FP), autor de una de las propuestas, dijo que la ley brindará herramientas para un cierre de brechas entre los que tienen y no vivienda. “Por fin el Estado tendrá la posibilidad de atender a este sector de peruanos que no tienen vivienda”, anotó.
Rosario Paredes Eyzaguirre (AP) pidió la regularización de los terrenos y la necesidad de acabar con los traficantes, por lo que se debe de ingresar el tema delictivo a la Fiscalía de la Nación y que el Congreso respalde su trabajo de investigación de más de diez años.
Enrique Fernández Chacón (FA) señaló que su preocupación principal es que “la ley no quede en letra muerta”, pero invocó a votar por la propuesta y a luchar contra los traficantes de terrenos.
Martha Chávez Cossío (FP) expresó sentirse preocupada “por escuchar conceptos extraños por pensar que con la reforma la gente ya va a tener acceso a la vivienda”.
Refirió que sin esa reforma en el gobierno de 1990 se crearon diversos programas de acceso a la propiedad y construcción de pistas y veredas.
“Exijamos al Poder Ejecutivo, que maneja la chequera del Estado, a hacer su trabajo, pero no tomemos a la Constitución como si fuera una guía telefónica”, anotó.
Moisés Gonzales Cruz (NA) planteó la elaboración de un registro para identificar quiénes realmente necesitan de una vivienda y se pueda crear un programa adecuado a los requerimientos.
Isaías Pineda Santos, (Frepap) indicó que es necesario reunirse continuamente con los pobladores de las zonas más pobres de Lima, y que son quienes necesitan que se reconozca sus derechos fundamentales.
