La Comisión Permanente del Congreso debatirá y evaluará este miércoles 17 de marzo la procedencia de las denuncias constitucionales contra el expresidente y actual candidato al Parlamento del partido Somos Perú, Martín Vizcarra, por haber recibido en secreto dos dosis de la vacuna de Sinopharm en el 2020 en el caso llamado “vacunagate”.
La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, convocó a la sesión de la Comisión Permanente para este miércoles desde las 2 p.m. y sus únicos puntos en agenda son las acusaciones constitucionales contra el expresidente.
En primer lugar, se ha programado la evaluación del informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional 430, que fue acumulada con las 423 y 427, por presuntas infracciones constitucionales y que se inhibe de pronunciarse sobre supuestos delitos por los que podría ser procesado ante el Poder Judicial.
La Comisión Permanente evaluará la procedencia de las acusaciones contra Martín Vizcarra, Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete.
Las infracciones constitucionales son las que serán evaluadas en el denominado juicio político y que, de ser aprobadas por mayoría en el pleno del Congreso, podrían inhabilitar a Martín Vizcarra para que ejerza algún cargo público por un plazo de hasta 10 años, según se han planteado en las acusaciones en su contra por el caso “vacunagate”.
Otra acusación que se ha agendado es la 425, acumulada con las mismas denuncias 423 y 427, contra las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, del sector Salud y Relaciones Exteriores respectivamente, también acusadas de infracción constitucional por haberse aplicado, al igual que Vizcarra Cornejo, vacunas de Sinopharm entre los meses de enero y febrero de este año en secreto.
La Comisión Permanente, luego de evaluar la procedencia o no de estas acusaciones, definirá un plazo para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso investigue y elabore un informe final cuyas conclusiones serán debatidas, primero en este subgrupo de trabajo, luego en la Comisión Permanente y, por último, en el pleno del Poder Legislativo.
En paralelo, los tres exaltos funcionarios que reconocieron haberse vacunado con las dosis de Sinopharm tienen acusaciones por presuntos delitos de función, que están siendo procesadas por antejuicio político y que, de ser aprobadas, permitirían que sean procesados por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Fuente: Gestión
