Por: Aldo Lorenzzi Bolaños*
¿Cuáles son los límites que no debe transgredir la ética y la integridad de un funcionario público? Empiezo esta reflexión con esta pregunta debido a los últimos sucesos en el que algunos funcionarios públicos de alta jerarquía se vacunaron, y vacunaron a sus familiares, ya que debido a su cargo o competencia, según su criterio, era necesario estar inmunizados para continuar con su labor.
Pero ¿realmente estos funcionarios han traspasado la ética y la integridad en la función pública? La respuesta es sí. ¿Esto tiene una responsabilidad administrativa funcional, una responsabilidad civil, o una responsabilidad penal? Más allá de la sanción que podría recibir es importante que se vea más allá del bosque.
¿Pero qué es ver más allá del bosque? Es empezar a buscar la causa de que en este tiempo de pandemia hemos sido quizá uno de los países que ha tenido más actos de corrupción, precios sobrevaluados, arreglos bajo la mesa, designaciones de proveedores a dedo, convirtiendo esta situación en una oportunidad ideal para la corrupción.
Alrededor de 1,497 investigaciones por presuntos actos de corrupción, según las fiscalías especializadas en delitos de corrupción, se han dado desde el inicio de la cuarentena, en la quincena de marzo del 2020, hasta agosto del mismo año. ¿Cuánto más se habrá ampliado este tipo de investigaciones en los últimos meses?
La interrogante sería: ¿tenemos las suficientes leyes para poder frenar la corrupción? ¿Esto es un mal endémico del estado que no tiene solución? Por más que se hagan acciones, estrategias y de todo para minimizar la corrupción, hasta ahora no lo logramos.
Volviendo al inicio de esta reflexión, el tema del “Vacunagate” bautizado por los medios de comunicación, más que un tema de implica responsabilidades y sanciones de todo tipo, está dentro del marco de la ética y la integridad, algo que le falta a muchos de nuestros funcionarios públicos. Este es un trabajo que debería hacer el nuevo gobierno. Cuanto más abierta sea la gestión, se minimizará la posibilidad de transitar por los umbrales de la corrupción. Además de eso, más allá de fortalecer capacidades propias de la función pública, es importante que el gestor público de todos los niveles del Estado desarrolle estas dos competencias, y solo así podremos mejorar en el ámbito de la burocracia.
(*) Abogado, especialista en Derecho Civil, nuevas tecnologías y Derecho Administrativo. Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho – Comisión de Derecho Civil.
