Pedro Pablo Kuczynski detenido. Su abogado César Nakazaki presentó el recurso de apelación contra la detención preliminar en contra del expresidente.
La defensa legal de Pedro Pablo Kuczynski presentó la apelación de la detención preliminar que pesa en su contra. Su abogado César Nakazaki presentó el recurso al juez Jorge Luis Chávez Tamariz.
El magistrado es el titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria y quien decidió la medida judicial en contra de la libertad del expresidente.
Kuczynski permanece detenido en la Prefectura de Lima desde la tarde del último miércoles, tras la orden de detención preliminar. Para Nakazaki esta medida es «totalmente arbitraria».
El letrado señaló que con la presentación del recurso de apelación, la sala tiene 48 horas para pronunciarse si procede o no la detención preliminar.
Nakazaki señaló que espera se respete el plazo legal del caso que considera «aberrante» por no tener argumentos verídicos.
Recurso de apelación a la detención preliminar de PPK.
Comentó que el fiscal José Domingo Pérez no ha presentado ninguna información y ha ocultado pruebas y no estaría cumpliendo el principio de buena fe procesal.
«El fiscal ha traído una historia sin pruebas (…) Legalmente no tiene explicación la decisión de José Domingo Pérez«, manifestó Nakazaki para Canal N.
El abogado señaló ser también la defensa legal del chofer José Luis Bernaola Ñufflo. Al trabajador de Kuczynski se le acusa de haber recibido dinero presuntamente ilícito en dos de sus cuentas por US$457,789 y US$144,782 dólares.
PPK: ¿prisión preventiva?
El abogado de Pedro Pablo Kuczynski aseguró que la prisión preventiva en contra de su defendido sería «absolutamente inconstitucional» por su edad y su colaboración con la justicia.
«Una persona procesada mayor de 65 años no puede tener prisión preventiva, sino arresto domiciliario o vigilancia electrónica, es decir grillete», aclaró Nakazaki agregando que Kuczynski es solo investigado más no procesado por lo que estaría más alejado de la medida.
El defensor indica que tras las investigaciones del Ministerio Público se demuestra que no hay indicios de sobornos y que sin esto no puede haber lavado de activos.
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