Por: Eduardo Morón, presidente de Apeseg
Contrariamente a lo que hubiéramos esperado el discurso inaugural del presidente Castillo terminó siendo un planteamiento político en lugar de referirse a la forma como gestionar los retos presentes del país. Mientras avanzaba parecía que regresábamos a inicios de la década de 1970, con un discurso reivindicativo de los pueblos originarios, sus lenguas y sus carencias. Poner el foco en ellos no está mal porque, en efecto, la mayoría de la población vulnerable en el país está asociada a ellos. Sus carencias en provisión de servicios básicos son notorias. Pero la remembranza setentera que preocupa es esa marcada idea que la sola presencia del Estado resolverá los problemas. Como dice el refrán, el diablo está en los detalles. No solo se requiere presencia del Estado, se requiere una combinación de acción eficaz del Estado en lograr los objetivos planteados, junto con evitar que dichas medidas tengan grandes efectos colaterales nocivos.
Pongamos un ejemplo. Las mypes no tienen suficiente crédito, solución: que el Banco de la Nación les preste a tasa diferenciada. Como las utilidades o pérdidas en la operación no son lo más importante, podemos terminar abriendo huecos fiscales ya conocidos y profundos espacios de corrupción para acceder a esos créditos artificialmente baratos. Tendremos, como en el pasado, un “éxito” solo temporal acompañado de un costo colateral impagable. En palabras del presidente, eso no tiene rentabilidad social.
Otro error clamoroso y muy repetido es señalar que nuestras exportaciones de materias primas son exportaciones sin valor agregado o que tienen bajísimo contenido tecnológico. No estamos en 1850 cuando las exportaciones guaneras efectivamente requerían gente que mueva con un pico y una pala el guano de las islas a los barcos. La producción minera, así como los productos de agroexportación utilizan sofisticados recursos tecnológicos para hacer competitivo y rentable dichos esfuerzos empresariales. Claramente, la intervención estatal que falta para terminar de desarrollar un clúster minero no es un Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación.
Pero lo que más cuesta digerir del mensaje es la insistencia en una supuesta necesidad de una nueva Constitución. Es claro por su propio mensaje que mejorar la capacidad del sistema de salud público para servir adecuadamente al ciudadano no requiere modificación constitucional. La búsqueda de nuevas fuentes de ingresos para las familias tampoco requiere de modificación constitucional, incluso el presidente señaló que las decisiones de inversión se basan en el orden y en la necesidad de dar predictibilidad de cuáles serán las reglas de juego, uno supondría que eso empieza por la Constitución, no solo se trata de decir que no habrá expropiaciones evidentemente inconstitucionales.
La necesidad de empujar una nueva Constitución contra viento y marea es exclusivamente política. Hacerlo por fuera de los márgenes del marco planteado por la actual Constitución es caminar muy al filo de la ilegalidad. Es fácil recurrir al camino de intentar cambiar la Constitución para legitimarse en el poder, lo difícil es ponerse a resolver los problemas de los ciudadanos, hacer que el Estado cumpla con dar con calidad y oportunidad los servicios que ofrece en dicha Constitución.
La pandemia desnudó que tenemos un Estado que a pesar de que multiplicó sus recursos no es capaz de dar servicios básicos de calidad a los ciudadanos. No lo hace en salud, ni en educación ni en seguridad. Nada de eso requiere cambio constitucional, sino la combinación de acción eficaz y sin generar daños colaterales. Ese es el reto principal que tendrá este Gobierno. Nos hubiera gustado escucharlo en el discurso, confiemos ver señales claras en los próximos días.
Fuente: Gestión
