R. A. N° 218-2019-CE-PJ. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial reguló el funcionamiento del Registro Nacional de Procesados por los delitos de terrorismo, apología de terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas (TID).
Así, mediante la R. A. N° 218-2019-CE-PJ se aprobó la directiva para la viabilidad de la mencionada nómina. Esto, en cumplimiento de la Ley N° 29988, la cual establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas que esté procesado por los delitos antes mencionados.
Precisamente, el 3 de junio pasado, el titular de la judicatura, José Luis Lecaros, y la ministra de Educación, Flor Pablo Medina, junto con sus respectivos equipos técnicos, sostuvieron una reunión de trabajo para ultimar detalles respecto a implementar el registro.
Seguridad
Por lo tanto, el Ministerio de Educación (Minedu) podrá acceder a la referida plataforma para conocer si algún docente o administrativo tiene un proceso por esos delitos y adoptar la medida que corresponda, como podría ser la separación definitiva, destitución o inhabilitación definitiva de sus labores.
Para el funcionamiento del registro, el Poder Judicial dispuso una serie de medidas, como establecer los filtros y controles de seguridad para transmitir solo la información relativa a los delitos de terrorismo, apología de terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas.
Por eso, decidió que la subgerencia de proyectos de innovación de gerencia de desarrollo corporativo de la gerencia general del Poder Judicial dirija, supervise y coordine la elaboración, control y ejecución de este registro.
Estableció, además, que la referida subgerencia en coordinación con el Registro Nacional Judicial (Renaju) implemente el aplicativo informático que sirva de soporte al registro.
Se dispuso, de igual modo, que las cortes superiores asuman las acciones administrativas necesarias para el cumplimiento de esta directiva.
Extinción de dominio
La creación del subsistema especializado en extinción de dominio permitirá un ataque frontal directo al uso y disfrute de los bienes obtenidos con el producto de actividades ilícitas, dijo el presidente de la Unidad del Equipo Técnico del Código Procesal Penal (UETI-CPP), Augusto Ruidías Farfán.
“La creación de este subsistema marca un hito histórico en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”, señaló durante su participación en el Décimo Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal, de la Corte de La Libertad.
Fuente: El Peruano
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