Por: Janice Seinfeld, Directora ejecutiva de Videnza Consultores
La misión de organismos técnicos como Ositrán, Ospitel o Sunat, que super visan contratos, regulan ciertas industrias, cobran tributos, etc., no debería variar según la orientación política del gobierno de turno. La naturaleza de los procedimientos y decisiones a su cargo es eminentemente técnica y no debe responder a criterios subjetivos ni, mucho menos, discrecionales.
Eso es justamente lo que se pone en riesgo cuando la cabeza de instituciones como estas recae en un actor político y no en uno tecnocrático. Y es lo que claramente vemos con la designación de Julián Palacín Gutiérrez, militante de Perú Libre y excandidato al Parlamento por dicho partido, como nuevo presidente del Consejo Directivo del Indecopi.
El Congreso de la República puede y debe ejercer control sobre las autoridades designadas. Para ello, tiene herramientas como las citaciones a comisiones ordinarias, la conformación de comisiones investigadoras o la interpelación a ministros, cuando sea el caso. El riesgo con este tipo de mecanismos es que también tienen una cuota de sesgo político y, si son utilizados irresponsablemente, pueden ser elementos desestabilizadores. Por ello, estas posiciones deben ser designadas mediante procedimientos transparentes, meritocráticos, predictibles y abiertos.
La congresista Adriana Tudela ha presentado un proyecto de ley que busca convertir al Indecopi en un organismo constitucionalmente autónomo del Gobierno, para que su titular sea nombrado mediante un concurso público de méritos. Aunque es comprensible la reacción, esto no amerita una ley. Bastaba con que el Indecopi hubiera tenido algo tan elemental como un perfil de cargo establecido para dicha posición — ¡lo increíble es que no exista!—. Sacar una ley para asegurar la idoneidad técnica y profesional de quien dirige esta institución es como decidir matar una mosca con un misil. El tema debe abordarse desde la gestión.
Si el Ejecutivo no retrocede institucionalmente autónomo del Gobierno, para que su titular sea nombrado mediante un concurso público de méritos. Aunque es comprensible la reacción, esto no amerita una ley. Bastaba con que el Indecopi hubiera tenido algo tan elemental como un perfil de cargo establecido para dicha posición — ¡lo increíble es que no exista!—. Sacar una ley para asegurar la idoneidad técnica y profesional de quien dirige esta institución es como decidir matar una mosca con un misil. El tema debe abordarse desde la gestión.
Si el Ejecutivo no retrocede en esta designación, eventualmente el Congreso podría encontrar responsabilidad del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, por nombrar gente que no tiene la capacidad para asegurar la correcta provisión de los servicios públicos que debe dar el Estado.
Lo vimos recientemente cuando en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se nombró a una abogada recién egresada y con estrecha relación con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, como directora ejecutiva de Pro vías Descentraliza
do, el programa de inversión más importante de dicha cartera. De no haber dejado sin efecto esa designación, el ministro hubiera sido sujeto de una sanción, por lo menos, administrativa. Lo mismo debe suceder en este caso.
Finalmente, tan vergonzoso como el nombramiento de Julián Palacín Gutiérrez al frente del Indecopi es que él acepte dicho encargo para el que, según su hoja de vida, claramente no está capacitado.
Fuente. El Comercio
