La semana pasada, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, anunció que el Gobierno había acordado “desistirse” de la demanda presentada por el Poder Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC), contra la Ley Nº 31131, que elimina el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
Si bien Torres reconoció que el desistimiento no procede en una demanda aceptada por el TC y solo culmina con el fallo de esta entidad, el ministro afirmó que la acción se daba para que los magistrados sepan que la intención del Gobierno es que la mencionada ley continúe y se aplique. Incluso, dijo, que ya se venía elaborando su reglamento.
Por lo pronto, el TC ya anunció que la audiencia para ver este caso será este miércoles 6 de octubre.
Muere régimen Servir
Existe la posibilidad de que el TC falle en la línea del pedido del Gobierno, es decir, manteniendo la eliminación del régimen CAS. Esta situación tendría dos consecuencias principales en el Estado.
La primera es que tácitamente se entierra la reforma del servicio civil. En el año 2014 se aprobó la denominada Ley Servir, con la intención de que sea el nuevo régimen de la carrera pública, con base en la meritocracia, evaluaciones y concursos públicos.
Aunque su implementación ha sido lenta, el régimen Servir formaba parte de esta reforma de ordenamiento de la planilla estatal.
“La idea de la ley Servir era que la gente pase a ese régimen y el grupo principal o más interesado era los que son CAS”, afirmó el expresidente de Servir, Juan José Martínez.
Explicó que para que esto se dé había dos incentivos. Uno es la estabilidad laboral y lo segundo es que al ser una nueva carrera pública iba a tener estructuradas remuneraciones y beneficios económicos distintos.
Sin embargo, estos incentivos se pierden con la ley que elimina el CAS, pues la norma obliga a las entidades a volverlos trabajadores estables y además pasarlos al régimen 728 (régimen del sector privado en el Estado) o al 276 (régimen de la carrera pública tradicional), según sea el caso de cada institución.
“Si incorporas a todos los CAS a otros regímenes, al final formalmente no cierra Servir, pero no generas ningún incentivo para que migren a este régimen. En la práctica, lo matas”, afirmó el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura.
Costo alto
La segunda consecuencia que deberá asumir el Estado si se mantiene la ley que elimina el CAS es el costo fiscal para financiar el incremento de los beneficios laborales de los trabajadores.
Entre los tres niveles de gobierno, son alrededor de 324,272 trabajadores los que se beneficiarán. De estos, 167,932 pasarían al régimen 728 y 324,272 personas al régimen 276.
Este traspaso de trabajadores CAS a los regímenes existentes, tendrá un costo que supera los S/ 4,200 millones. Para quienes pasan a 728, el gasto público sería de S/ 2,132. Mientras que el pase al régimen 276 costaría unos S/ 2,112 millones, acuerdo con los propios cálculos del Gobierno (ver tabla).
Se requiere de mayores recursos para financiar el total de gastos vinculados a la planilla del personal que pertenece a dichos regímenes, como es el caso de los gastos por gratificación, bonificación por escolaridad, compensación por tiempo de servicios, Incentivo Único (Cafae), asignación familiar, entre otros.
EN CORTO
Sin funciones. La entidad más impactada de mantenerse la ley que elimina el CAS es Servir. Según Martínez, una de las funciones que tenía esta entidad era hacer que las instituciones transiten al nuevo régimen Servir, además de ser un fiscalizador de los concursos públicos de méritos en los contratos CAS. Con la vigencia de la norma en mención, estas funciones se eliminan.
– Se puede hacer más rígido el régimen laboral estatal –
Según el presidente de Servir, Juan José Martínez, de mantener la ley que elimina el CAS en el Estado, haría que el régimen laboral público sea más rígido, es decir, complicaría la posibilidad de contratar y despedir trabajadores.
“Lo nocivo de este régimen (mantener solo el 728 y el 276) es que lo que ya era rígido para los recursos humanos en el sector público, lo hace más rígido todavía. Si ahorita alguien quiere entrar al sector público, no tiene cómo hacerlo”, precisó.
Refirió que con el sistema CAS se había generado una especie de mercado de trabajo, porque permitía el movimiento de trabajadores buscando mejores remuneraciones y oportunidades de ocupar nuevos puestos. “Hoy estos trabajadores se tienen que quedar donde están”, sostuvo.
Martínez recordó que todos los años, desde el 2008, la ley de presupuesto público prohíbe los ingresos de nuevos trabajadores al sector público y la única posibilidad que tenían las entidades de contar con más personal eran los contratos CAS.
“A eso le sumas que también se ha prohibido la contratación por terceros, con lo que la situación se hace más rígida aún”, afirmó.
Fuente: Gestión
