El ministro del Interior, Luis Barranzuela Vite, fue el abogado principal de los hermanos Aybar Cancho, sentenciados por haber entregado 10.000 fusiles AKM vendidos por Jordania a la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999.
Luego de que fueran condenados a 15 años de prisión por dar a las FARC el armamento militar adquirido previamente en Jordania al traficante de armas Sarkis Soghanalian, el abogado Barranzuela Vite asumió su defensa legal en un segundo juicio por el delito de lavado de activos proveniente del tráfico de drogas.
El hoy ministro se presentó formalmente en el 2014 como abogado del teniente en retiro del Ejército Peruano José Luis Aybar Cancho y el empresario Luis Frank Aybar Cancho, así como de sus esposas, Marisol Cabrejos Torres y Liliana Villarreal Landeo, respectivamente.
Para entonces, el mayor de la policía pasado al retiro en el 2012 asumía la defensa en casos por lavado de activos debido a su experiencia como oficial en la División de Investigación Financiera (Dinfi), una unidad especializada de la Dirandro.
Sin embargo, el patrocinio de los Aybar Cancho, probados traficantes de armas desde 1997 –en contubernio con el entonces jefe real del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos–, era hasta ese momento el caso más importante que llevaba tras su salida de la PNP.
El presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos presentaron a los Aybar como traficantes de armas. Foto: Manuel García Miró/Archivo
Barranzuela actuó como el defensor de la familia Aybar en la etapa preparatoria del juicio conducido por el magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho. A fin de probar el delito de lavado de activos, el Ministerio Público presentó evidencias que apuntaban a que el grupo familiar había ocultado bienes adquiridos y creado empresas producto del tráfico ilícito de drogas.
En contra de los hermanos Aybar constaban declaraciones e informes de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos sobre su participación en el negocio ilegal del narcotráfico.
Por ejemplo, se reseñaba el proceso por el delito de conspiración para el tráfico de drogas, abierto en una corte penal de Estados Unidos.
En los documentos judiciales de ese país se indicaba que la principal empresa de los Aybar Cancho, Nippon Corporation, fue una fachada para legitimar fondos de procedencia ilícita.
Adicionalmente, se contaba con las versiones de informantes que habían trabajado en la selva del Huallaga para la DEA en la década de 1990.
Óscar Benítez y Hugo Rojas habían señalado ante una comisión investigadora del Congreso en el 2001 y el 2003 que los fondos amasados por los Aybar provenían del exterior, producto de la venta de droga, y que era ocultados en empresas familiares como Nippon Corporation, Nippon Textil y Corpinde, dedicadas supuestamente a ofrecer servicios al Estado Peruano y actividades comerciales.
Pese a las evidencias de la fiscalía y la procuraduría antidrogas, Barranzuela se esforzó en desacreditar los informes financieros y de inteligencia de los organismos policiales antidrogas especializados, así como las declaraciones de exinformantes de la DEA.
En un escrito del 2016, el hoy ministro del Interior presentó a la sala una serie de pedidos a fin de probar si la Dirandro tuvo o no personas arrepentidas que entregaron información previa sobre el tráfico de armas que fuera revelado en un plan de operaciones del SIN conocido como Plan Siberia.
Documento presentado por el abogado en el 2016 para desacreditar las pruebas de la institución a la que perteneció.
El abogado de la familia Aybar cuestionó los argumentos de la fiscalía y sostuvo que los hermanos eran ciudadanos que habían pagado sus impuestos.
Del mismo modo, rechazó que Nippon Corporation y las demás firmas del grupo fueran sociedades de fachada, alegando que estas habían pagado sus impuestos, lo cual –consideró– probaba que realizaban actividades lícitas.
En el 2016, durante el juicio oral iniciado contra los traficantes y otros miembros de la organización, los integrantes de la Sala Penal Nacional conformada por los magistrados Aldo Figueroa, Liliana Placencia Rubiños e Israel León analizaron los elementos aportados por la fiscalía contra los integrantes de esta organización que operó durante el gobierno de Alberto Fujimori con anuencia de Vladimiro Montesinos.
En el 2017, la Sala Penal presidida por el magistrado Figueroa decidió absolver del delito de lavado de activos a todos los procesados, incluyendo a los clientes de Barranzuela. La sentencia absolutoria fue apelada por la procuraduría antidrogas y por la fiscalía especializada.
Recién en junio del 2018, la Sala Penal Permanente Suprema anuló el juicio de los Aybar y ordenó que se abriera uno nuevo.
Fuentes consultadas en el Poder Judicial refieren que el inicio de este proceso no tiene fecha aún y que ninguno de los abogados presentes en el primer juicio han renunciado formalmente al patrocinio de los procesados. El Comercio buscó la versión del ministro del Interior para que responda sobre las razones que lo motivaron a defender a dos sentenciados por tráfico de armas e investigados por narcotráfico, pero no hubo respuesta.
Fuente: El Comercio
