“Asistimos a un encuentro nacional de alcaldes y regidores. Hizo que reservaran una sola habitación para los dos y quería que me quedara con él”, este es el testimonio de una ex regidora de Huacho que prefiere el anonimato, víctima de consecutivas agresiones desde que asumió su cargo.
En todo el país existen 2,979 mujeres que ocupan distintos puesto en el ámbito político, el 40 % de ellas ha sufrido alguna forma de violencia que perjudica su permanencia en el puesto, según un estudio realizado por la Red Nacional de Mujeres Autoridades del Perú (Renama).
La sociedad machista del Perú limita y vulnera a diario los derechos de todas las mujeres. El acoso político no es una nueva forma de violencia de género, pero su denuncia y visibilidad es reciente. La mayor incidencia se produce en los departamentos de Lima, Piura, San Martín y Cajamarca.
Según un informe elaborado por la Renama y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, en la mayoría de casos de acoso el agresor fue el alcalde de su jurisdicción.
En el estudio realizado se entrevistaron a 187 mujeres autoridades en gobiernos regionales, provinciales y distritales y se identificó que dos de cada cinco mujeres autoridades están expuestas a ser víctimas de acoso político.
Además, el informe indica que los autores de la agresión no solo son personajes políticos: el 28% de las mujeres encuestadas comunicó que fueron periodistas quienes las violentaron, mientras un 14% de ellas señaló que la agresión vino de un sector de la población y hasta desde sus propios familiares.
Para Diana Miloslavich, representante de Flora Tristán, el Estado no permite que las mujeres puedan acceder a puestos importantes en la política peruana y es necesario que puedan estar en espacios de toma de decisiones.
“Estamos encaminando el derecho de la política de las mujeres. Nosotras necesitamos los derechos políticos porque tenemos que estar en los espacios de toma de decisión”, expresó en diálogo con LaRepublica.pe.
La Asociación Civil Transparencia elaboró el Primer Reporte de Acoso Político Hacia las Mujeres, donde señala que las formas más frecuentes de acoso son las amenazas (24%), la difamación (22%), la obstrucción de funciones (21%) y los insultos (20 %).
Pero no son las únicas agresiones que obstaculizan la participación de las mujeres peruanas. También se reportaron violencia física y sexual, como es el caso de una ex regidora de Lima, quien prefirió no identificarse por temor a represalias. Dejó su cargo por los fuertes ataques contra su persona.
“Fui golpeada en el pecho. Pasé por exámenes con el médico legista y lo absolvieron por duda. Por impotencia no continué con el caso y opté por no participar en política”, describe el reporte de Transparencia.
Sin embargo, Miloslavich explica que no todas las víctimas dejan de trabajar y muchas siguen por su vocación al servicio.
“Estas series de agresiones (buscan) impedir la participación de la mujer. Se les agrede y ellas siguen participando por su vocación de servicio. Además, ser regidora y alcaldesa son cargos irrenunciables, tienen que seguir participando, pero siguen teniendo esos problemas”, explicó.
Por su parte, la representante de la organización feminista Manuela Ramos, Lisbeth Guillen, señaló en diálogo con LaRepublica.pe, que el país presenta un fenómeno poco alentador y que la afección personal a la mujer que lo sufre afecta la democracia, privando la participación de un personaje elegido por el pueblo.
Lamentable, pero la investigación de la Asociación Civil Transparencia revela que más del 60 % de las víctimas explicaron que su agresor fue una autoridad elegida por los pobladores, algunas señalaron que también fueron violentadas por un fiscal o juez.
Un gran número de casos ocurrieron en dependencias públicas, lo que muestra la grave situación que padecen miles de mujeres y la necesidad de controlar las acciones que toman nuestras autoridades.
Son 73 alcaldesas, consejeras y regidoras del país que confesaron sufrir agresión física y psicológica de sus colegas varones. Aunque muchas denuncian lo ocurrido, el 40 % siguen siendo acosadas.
PROYECTO DE LEY
Los esfuerzos para detener el acoso político parecen no tener resultados. La congresista Verónika Mendoza presentó en el 2012 un proyecto de ley ejecutado por la Renama y Flora Tristán. La iniciativa tipifica el ataque y sanciona a los agresores; sin embargo, luego de dos años aún no es debatida por el pleno del Congreso y se encuentra en la Comisión de la Mujer y de Fiscalización.
Tammy Quintanilla, integrante de la Renama, dijo que “el proyecto propone dos años de pena privativa de libertad” para los autores de la agresión, y que espera que el documento entregado a través de la congresista pueda seguir su curso.
Según Diana Miloslavich, existe un conceso para prevenir el acoso, pero una minoría presentó un dictamen para modificar el tipo de sanción que recibirán los agresores.
“Se presentó un dictamen en minoría, hay un conceso para prevenir el acoso, pero aún no hay un acuerdo en el tipo de sanción que se le adjudicará al acosador. La ley se iba por la inhabilitación del cargo, pero hay algunos problemas con lo que nosotras proponemos”, explicó.
ACOSO POLÍTICOS EN CANDIDATAS
El Jurado Nacional de Elecciones se suma a la lucha para erradicar el acoso y realizará una investigación para determinar cómo se manifiesta esta tipo de violencia en las mujeres que postulan para ser candidatas a cargo públicos.
El estudio tiene como objetivo principal verificar cómo se presenta este tipo de situaciones cuando son candidatas y cuando ejercen sus funciones, en que zonas son más frecuentes y si es un problema sistemático.
La coordinadora del programa de Mujer e Inclusión Ciudadana del JNE, Enith Pinedo Bravo, comentó que muchas veces las regidoras no son citadas a los concejos municipales y sus inasistencias son motivos de su vacancia.
«Elaboraremos una línea de base continua. Hemos iniciado la investigación con encuestas a pre candidatas. Seguiremos aplicando este instrumento de investigación a candidatas y autoridades electas, porque la finalidad es cerrar el círculo”, comunicó.
Para Tammy Quintanilla, la finalidad de este análisis es mejorar el proceso electoral, que debe ser un debate alturado con igualad de derecho entre hombres y mujeres.
El JNE en coordinación con el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, el Movimiento Manuela Ramos y Flora Tristán trabajarán en el informe final que complementará la propuesta de ley entregada al Congreso.
La investigación se realizará en 25 regiones del país y se encuestarán a 800 mujeres de forma sistemática. Los resultados serán expuestos antes de las elecciones regionales y municipales a realizarse este 5 de octubre.
La República
