Por nueve votos a favor y tres en contra, la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside Gilmer Trujillo Zegarra (FP), aprobó el dictamen que recomienda la no aprobación y su envío archivo del denominado Acuerdo de Escazú.
Se trata del proyecto de Resolución Legislativa 4645/2019-PE, del Poder Ejecutivo para la ratificación por el Congreso de la República del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
“Luego de analizar la iniciativa legislativa y las opiniones recibidas por los diferentes sectores y de la ciudadanía en general, de las participaciones de los invitados, de los documentos recibidos, de la información de los medios de comunicación, de las investigaciones sobre temas ambientales, de las posiciones de los congresistas de la comisión, la legislación vigente y otras informaciones que hemos tenido a la vista consideramos conveniente proponer el presente dictamen de no aprobación del Acuerdo de Escazú”, señaló el presidente del grupo de trabajo.
El dictamen afirma que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, hecho el 4 de marzo de 2018 en Escazú, República de Costa Rica, impulsa en términos como el derecho a la información (Ley N.° 27806) que ya está regulado en el Sistema Nacional de Información Ambiental y en la creación de las fiscalías ambientales.
Asimismo, precisa que los temas ambientales están contenidos en nuestra Constitución Política, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, la Ley General del Ambiente, la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el Plan Nacional de DD. HH. 2018-2021, la Ley de consulta previa, la resolución de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos Ambientales, la creación del Ministerio del Ambiente, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso del Ministerio de Justicia, el habeas data, entre otros.
Amplio debate
Trujillo Zegarra recordó que el Congreso, mediante la Comisión de Relaciones Exteriores, ha desarrollado un debate sin precedente, sobre un tema ambiental de singular importancia para nuestro país, en el ámbito internacional. “Nos ha permitido conocer a fondo que nuestra legislación en esta materia es de avanzada a nivel de la región; tal como lo han señalado muchos de nuestros invitados”.
Ello es importante, ya que, como lo señala el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Perú reconoce el derecho a un ambiente sano, incluido en el artículo 11 del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para asegurar los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), conocido como el Protocolo de San Salvador, en el marco de la OEA, en vigor desde noviembre de 1999.
El legislador Carlos Mesías (Fuerza Popular) precisó que nadie está en contra de la defensa del ambiente y de sus recursos o en contra de la seguridad de los activistas de los derechos ambientales o derechos de los pueblos originarios; pero este no es un tema necesariamente de derechos humanos.
“Bajo el ropaje de ello se quiere ir contra la independencia y soberanía del país. Hay que hablar claramente, cuánto me importan los derechos e intereses del país, cómo vamos a manejar de manera independiente los recursos del Perú”.
Dictamen singular
Los legisladores Alberto De Belaunde (Partido Morado), Absalón Montoya (Frente Amplio) y Guillermo Aliaga (Somos Perú) presentaron un dictamen en minoría que proponía la aprobación del Acuerdo de Escazú, mostrando su extrañeza porque el dictamen en mayoría no recogió opiniones importantes como el del Ministerio de Ambiente que se pronunció a favor de firmar dicho acuerdo.
De Belaunde sostuvo que la forma e implementación del acuerdo permitiría a los peruanos de todas las regiones del país, acceder a información actualizada, entendible y ordenada sobre el ambiente que sería elemento importante para la toma de futuras decisiones sobre materias ambientales.
Asimismo, se refirió sobre el derecho de los defensores ambientales, que está consagrado por normas internacionales. “En el Perú solamente en esta pandemia han muerto cinco hombres por defender la casa de todos”, dijo.
Absalón Montoya afirmó que si bien es cierto hay leyes que regulan el ambiente, estas no se cumplen y es necesario una instancia supranacional que determine sobre las desigualdades y problemas ambientales que se dan a lo largo de todo el país. “Es necesario recorrer nuestras provincias y ver la realidad de las comunidades y pueblos originarios”, consideró.
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