En medio del debate de la modificación de la ley de derechos de participación y control ciudadanos, que incluye la consulta revocatoria, el congresista Mauricio Mulder (Concertación Parlamentaria) indicó que los cambios propuestos atentan contra los derechos constitucionales de los ciudadanos.
La modificación a esta ley propone que los ciudadanos que busquen la revocación de alguna autoridad edil deben registrarse ante los órganos del sistema electoral (Jurado Nacional de Elecciones y Oficina Nacional de Procesos Electorales). Tras recolectar las firmas necesarias, estas mismas instituciones decidirían en dos instancias (primero, la ONPE, y luego el JNE) si el pedido es legítimo o no.
«La revocación la decide el pueblo, no la puede decidir el JNE. Ellos dirimen resultados electorales, pero no puede calificar previamente la posibilidad de que se vaya a una consulta electoral. Esto cae por su propio peso de inconstitucionalidad», sostuvo Mauricio Mulder.
«No le corresponde ni a la ONPE ni al JNE que se fundamente ante ellos un proceso de revocación», subrayó el aprista. «Lo que sí pueden hacer es verificar las firmas y temas de carácter administrativo y procesal, pero no temas de carácter de fondo», continuó.
Sin embargo, Mauricio Mulder expresó que «sí tiene que haber un proceso de rendición de cuentas de los revocadores». «Es pertinente que rindan cuentas del mecanismo que le permitió acopiar recursos para el proceso para evitar que haya infiltración de dinero sucio que vaya en contra de una autoridad», anotó.
Por otro lado, el parlamentario Martín Belaunde Moreyra dijo que «las normas que se han modificado tienen un sentido positivo» y «harán que se obtengan mejores resultados».
«Se mantiene una institución constitucional [la revocación] y se le da un mejor tratamiento local que, con el peligro que implica, siempre significa que los funcionarios elegidos harán todo lo que esté en su capacidad de buena fe», refirió Belaunde finalmente.
El Comercio
