Propuesta en el Congreso pone en riesgo un servicio esencial que viene siendo clave para la población en plena pandemia.
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional-AFIN comparte con la opinión pública lo siguiente:
La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso pretende frenar el despliegue de antenas de telefonía móvil e infraestructura de telecomunicaciones, y con ello pone en riesgo el acceso a internet para la población, con la educación, el trabajo y salud en forma remota, además del comercio electrónico, que nos está permitiendo afrontar esta pandemia.
A través del predictamen recaído en los proyectos de ley 4305/2018-CR y 4843/2019- CR, se propone modificar la Ley 29022, para retornar a las autorizaciones previas por parte de cada una de las 1874 municipalidades del país para instalar antenas, generando más trabas para su instalación.
Este retroceso no guarda coherencia con la pretensión de elevar la Velocidad Mínima Garantizada de internet, para lo cual se requieren más antenas de telefonía móvil y fibra óptica. Sin antenas no hay servicio, calidad ni velocidad.
La Ley 29022 ha permitido un despliegue importante en el país, conectando a millones de peruanos (18 millones de smartphones en 2019), y como lo hemos visto durante el confinamiento, es un servicio esencial tal como el agua potable o la energía eléctrica, y el funcionamiento de centros de salud, entre otros.
Pero incluso con este régimen de aprobación automática existen trabas municipales. Desde el 2015 se interpusieron 109 denuncias por barreras burocráticas, de las cuales 83 fueron declaradas ilegales en primera instancia por INDECOPI.
Todos los actores públicos y privados del sector hemos opinando en contra de esta propuesta, porque afecta a la población. Solicitamos un mayor análisis de esta propuesta, estando a disposición para encontrar soluciones que beneficien a todos los peruanos.
