Los jueces y demás agentes de los órganos de administración de justicia deben considerar e incorporar en sus decisiones la jurisprudencia interamericana sobre tierra, territorio y recursos naturales, así como el desarrollo de una consulta previa, libre e informada, respecto a los derechos de los pueblos indígenas, sostuvo la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola.
Estos conceptos fueron expresados durante el seminario web internacional ‘Retos para la efectividad de los derechos territoriales y consulta previa’, realizado en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, organizado por el Poder Judicial, por intermedio de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, junto al Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS).
Urrejola sostuvo que todos los operadores de justicia deben de ejercer de oficio un control de convencionalidad entre las normas internas de un país, con las que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Promoción de la salud
La comisionada alertó que en este contexto de pandemia por el covid-19 la discriminación hacia los pueblos indígenas, así como la vulnerabilidad de estos, aumentó de manera grave y profunda.
Al respecto, sostuvo que los Estados deben adoptar medidas orientadas a protegerles su vida, integridad, sus territorios y sus recursos naturales.
“Los Estados deben extremar medidas, informar sobre la pandemia en su idioma tradicional y hacer una promoción de la salud con enfoque cultural”, agregó.
Señaló además que los países deben abstenerse de ejecutar proyectos energéticos y extractivos en territorios de los pueblos indígenas, los que son afectados por la presencia de actores ajenos como madereros, narcotraficantes y mineros ilegales.
Durante la bienvenida al seminario web, la jueza suprema Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia, sostuvo que las juezas y jueces tienen muy clara la línea por seguir en cuanto a la protección de los derechos de los pueblos originarios o indígenas, comunidades campesinas, nativas y afrodescendientes.
«Los pueblos originarios tienen derecho a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo”, señaló.
Titularidad del territorio
Durante la actividad, representantes de los pueblos indígenas y de las rondas campesinas demandaron que el Estado reconozca la titularidad del territorio que ocupan, personalidad jurídica, mayores niveles de coordinación y amnistía de casos criminalizados debido a desacuerdos entre la justicia formal con la consuetudinaria.
Nelton Yankur, presidente del Pueblo Achuar del Pastaza, sostuvo que la falta de una personalidad jurídica como pueblos indígenas impide una coordinación efectiva para defender su territorio de empresas madereras, mineras y petroleras.
Rocío Cjuiro, representante de una comunidad campesina de Chinchero, Cusco, señaló que la construcción del aeropuerto en su comunidad ha dejado impactos negativos más que positivos, pues han sido despojados de sus territorios.
En el evento también participaron como panelistas la congresista Silvia Monteza Facho; el expresidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez; así como los jueces superiores Hernán Layme Yepes, de Puno, y Jonatan Basagoitia, de Ucayali.
Entre las conclusiones, Raquel Yrigoyen Fajardo, vicepresidenta de IIDS, sostuvo que resulta urgente crear un registro de pueblos indígenas para inscribirse en los registros públicos.
«Debe haber una coordinación intercultural entre los pueblos y el Estado para que no se les criminalice por administrar justicia, ya que en este momento hay 3,000 autoridades ronderas perseguidas”, concluyó.
Fuente: El Peruano
