El Poder Ejecutivo aprobó la Política Nacional Penitenciaria al 2030, que tiene como objetivo principal que las personas privadas de su libertad cuenten con mejores condiciones de vida y mayores oportunidades, pues el propósito principal del sistema penitenciario es la resocialización de las personas que han cometido delitos y que, sin las mínimas condiciones de salud, aseo, educación, habitación, entre otros servicios, dicha meta se vea obstaculizada.
El Decreto Supremo N° 011-2020-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano, señala que la presente política propone, en un periodo de diez años (2020-2030), mejorar significativamente las condiciones básicas que permitan dar el soporte a las actividades del sistema penitenciario para que pueda cumplir con la meta de lograr la reinserción de las personas privadas de libertad.
Esta Política Nacional Penitenciaria busca atender seis objetivos prioritarios: Reducir significativamente el hacinamiento en el sistema penitenciario, lo que implica por un lado, racionalizar la lógica de los ingresos al sistema, mediante el desarrollo y adopción de un marco normativo que aplique proporcional y excepcionalmente la prisión preventiva y la pena privativa de la libertad y por otro lado mejorar la infraestructura existente y reducir las brechas en el acceso a servicios.
Mejorar las condiciones de vida digna para las personas privadas de libertad, que incluye la mejora de la oferta de servicios en salud para que responda a las necesidades de atención adecuada y oportuna de las/los internos/internas acorde a estándares internacionales y atender el cumplimiento respecto a las condiciones de albergue, tratamiento y condiciones de vida.
Asegurar condiciones de seguridad y convivencia de la población penitenciaria, buscando fortalecer la seguridad integral de las personas privadas de libertad, por medio de la implementación de mecanismos de control e inteligencia, haciendo uso de recursos y equipos tecnológicos.
Fortalecer habilidades para la reinserción de las personas privadas de su libertad que cumplen penas en los medios cerrado y libre, lo que involucra la mejora de los programas de tratamiento penitenciario tanto en medio libre como cerrado, bajo un enfoque de intervención especializada que fortalezca las habilidades sociales y capacidades de la población penitenciaria.
Fortalecer la gestión del conocimiento, la interoperabilidad y la transparencia del sistema penitenciario, enmarcándolos en los principios de oportunidad, certeza, coherencia y contabilidad para desarrollar gestión del conocimiento y mecanismos de transparencia que cuenten con tecnología digital e interconectada, de modo que la información de las/los internos/as, sus características personales, sus sentencias, estado de salud, seguridad y tratamiento en programas estructurados, este a disposición de las autoridades y funcionarios/as del sistema penitenciario para la toma de decisiones.
Asimismo, se propone la disposición de equipos tecnológicos, procedimientos y la existencia de reglas y/o protocolos de operación para la orientación del personal del INPE, del mismo modo, este incluye la muy necesaria mejora de las condiciones laborales, de seguridad y estabilidad para los servidores del sistema penitenciario.
Mejorar capacidades para la reinserción en persona que han cumplido sus penas, considerando el acompañamiento y la generación de iniciativas y programas de asistencia a las personas que habiendo cumplido sus sentencias en medio libre y cerrado, requieran de apoyo para su reinserción.
La Política Nacional Penitenciaria al 2030 constituye una política nacional multisectorial, cuya rectoría y conducción está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
VER DECRETO SUPREMO N° 011-2020-JUS: bit.ly/3j65JBC
