El Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), órgano multisectorial del Ministerio de Justicia, aprobó por unanimidad la Política Nacional contra la trata de personas y sus diversas formas de explotación, a fin de controlar y reducir este fenómeno que se presenta en 10 puntos del país.
La reunión en la que se aprobó este documento estuvo encabezada por el ministro Daniel Figallo y contó con la asistencia del congresista Juan Carlos Eguren, así como representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Asociación de Municipalidades del Perú y representantes de las universidades del país, entre otros.
El CONAPOC está encargado de planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a la política criminal del Estado, analizar el fenómeno social del delito y de aprobar las medidas para combatirlo, contribuyendo a reducir los índices de la delincuencia.
También centra su labor en el sistema penitenciario, realizando acciones destinadas a mejorar la situación carcelaria de las personas privadas de libertad con el objeto de lograr su reinserción social.
Según informaron voceros del ministerio, la política contra la trata de personas aprobada cumple con los estándares internacionales establecidos por Naciones Unidas así como con el Protocolo contra la Trata de Personas (atención de factores sociales que la generan; la sanción eficiente del delito y por último la recuperación de las víctimas).
En las 10 zonas o regiones de mayor incidencia de la trata, la principal modalidad es la explotación sexual. Generalmente, este delito está ligado a actividades ilegales extractivas como la minería ilegal, la tala de madera, entre otras.
Los voceros añadieron que existe una «tolerancia social» frente a este fenómeno tanto de la comunidad como de las autoridades, pues pese a las intervenciones, se ha detectado que los lugares no son clausurados definitivamente sino temporalmente, lo que hace que las víctimas regresen al lugar de explotación y continúen vinculadas al tratante.
A ello se suma la problemática existente del Estado con la implementación de unidades de albergue que permitan una adecuada intervención y recuperación de las víctimas a nivel nacional.
Los integrantes del consejo señalaron que la lucha frontal contra la trata no solo debe darse en el último eslabón como es la explotación, sino que merece una intervención en todo el proceso de la misma como son la captación, el transporte así como la acogida de las víctimas.
Andina
