El Consejo de Ministros, en su sesión del 9 de junio de 2021, aprobó el Proyecto de Ley que crea la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Este Proyecto de Ley, que será presentado al Congreso de la República con carácter de urgencia, integra las actuales dos autoridades y el tribunal administrativo de transparencia en una sola Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Esta integración orgánica nace también con un nuevo estatus en la estructura del Estado. La nueva Autoridad tendrá la condición de organismo técnico especializado con personería jurídica propia, que le dará indiscutiblemente mayor autonomía y recursos presupuestales. Esta misma condición tienen el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) y la Procuraduría General del Estado (PGE), que están adscritos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El proyecto también destaca porque introduce una serie de modificaciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 27806) y la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733), que perfeccionarán el trámite de solicitudes de acceso a la información pública, procurarán cerrar paso al abuso del derecho y empoderarán a la Autoridad al conferirle potestad sancionadora contra servidores públicos que desatiendan sus obligaciones e infrinjan el régimen de transparencia y acceso a la información.
En cuanto a la Ley 29733, se reconoce el derecho a la portabilidad de datos personales, se establece la exigencia de instituir un Oficial de Datos Personales para grandes empresas que procesan y almacenan datos personales y comunicar incidentes de seguridad que involucren datos personales (obligaciones ambas que ya existen para entidades públicas); entre otras, que garantizarán la adecuada defensa de los derechos de protección de datos de peruanos y peruanas.
Estas modificaciones ponen al Perú a la par de los países más desarrollados y que operan en grandes mercados internacionales, y facilitarán el reconocimiento del país como uno de “adecuado nivel de protección” de los datos personales, potenciando así el comercio internacional.