Beneficiario final de una persona jurídica

Por: Andrea Daza Guzmán 
Abogada de la Universidad del Pacifico. Estudio Candela Jara abogados. Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Aduanero y de la Cámara de Comercio de Lima. 

El Perú es unos de los países socios más activos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en los últimos años ha incorporado cambios y reformas en sus políticas públicas y de gobernanza de acuerdo con instrumentos jurídicos OCDE. Así, en el 2018 el Perú adoptó medidas importantes para combatir la corrupción y fomentar una mayor transparencia e intercambio de información; ello en camino a combatir el soborno de funcionarios.

Con ese propósito, el Perú aprobó la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en América Latina, a fin de implementar medidas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Así, ante esta adaptación de la normativa peruana a los estándares internacionales, se empieza a adecuar la legislación a las recomendaciones internacionales emitidas por la OCDE y el Gafi. Por eso se emite el Decreto Legislativo N° 1372, norma que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales.

La finalidad de la norma es dar cumplimiento a las recomendaciones internacionales en temas de transparencia de la información y asegurar a las autoridades competentes la información de los beneficiarios finales. La data proporcionada será principalmente compartida con autoridades administrativas, como la Superintendencia de Bancos y Seguros y AFP (Unidad de Inteligencia Financiera), la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

La implementación del marco normativo del beneficiario final implica básicamente regular quién es la persona natural que efectiva y finalmente posee o controla a una persona jurídica o entidades legales; y que esa identificación de las personas naturales coadyuve a los fines de asistencia administrativa mutua con fines fiscales, prevención y lucha contra la elusión y evasión fiscal, lavado de activos, así como el financiamiento de terrorismo.

Por ello, a fin de establecer quién califica como beneficiario final, la ley establece los criterios que las personas jurídicas o entes jurídicos deben tomar en cuenta, así como la información que deben proporcionar a la administración tributaria. Respecto a ello se han establecido tres criterios:

i) Se considera que una persona es un beneficiario efectivo si posee un mínimo del 10% del capital de una entidad legal peruana.

ii) Se considera que una persona es un beneficiario efectivo si tiene el poder directa o indirectamente de:

• Asignar o eliminar la mayoría de los órganos de administración, dirección o supervisión de la empresa.

• Tomar decisiones respecto a los acuerdos financieros, operativos y/o comerciales de la empresa.

iii) Cuando no se identifique a ninguna persona natural bajo los criterios anteriores será considerado como beneficiario final el gerente general.

Los citados criterios no son opciones, sino medidas graduales; lo cual significa que si una persona encaja en el primer criterio, ya no se requiere evaluar los siguientes.

Igualmente, y mediante el reglamento, se ha establecido que la Declaración Jurada Informativa de Beneficiario Final (“DJ”) debe presentarse vía el Formulario Virtual N° 3800, consignando la siguiente información de los beneficiarios: nombre y apellido, país de residencia, fecha de nacimiento, tipo y número de identificación, estado civil, relación con la persona jurídica, valor nominal y tipo de acciones, datos de contacto, dirección, lugar de depósito de las acciones, entre otros. Adicionalmente, se debe implementar un procedimiento interno para obtener y mantener información vigente de los beneficiarios finales de la empresa. La data del o los beneficiarios finales debe ser actualizada en un período de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que ocurre el cambio.

A fin de regular en la práctica cómo se presentará la Declaración Jurada Informativa de Beneficiario Final (“DJ”), la forma, plazo y condiciones, el 25 de setiembre pasado se publicó la R. S. Nº 185-2019-Sunat, que detalla los lineamientos para la presentación de la DJ.

La implementación de la normativa sobre beneficiario final se dará en dos bloques. El primero aplicable a los principales contribuyentes (Pricos) al 30 de noviembre del 2019; la DJ puede presentarse en el período establecido en la R. S. N° 306-2018/Sunat. Las demás personas o entes jurídicos deberán cumplir esta obligación cuando la Sunat emita una segunda resolución de intendencia.

Por último, la administración tributaria en los casos que la persona o ente jurídicos no cumpla con identificar al beneficiario final definitivo se sancionará con multas de desde el 0.3% hasta el 0.6% de los ingresos netos de la empresa. Adicionalmente, si la persona jurídica no cumpliera con las obligaciones de proporcionar dicha data a la Sunat, deberá informar de esa omisión en su página web y, además, para cualquier trámite notarial de la persona jurídica los notarios están obligados a requerir la declaración de beneficiario final e informar a la Sunat en caso de que alguna persona jurídica no lo presente.

Fuente: Jurídica (El Peruano)