Mano dura. En 2016 fueron castigados 95 letrados y en lo que va de 2017 ya son 19. En la mayoría de casos, a los sancionados les imputan delitos de estafa, falsedad y obstrucción de la justicia, o cobraron por servicios profesionales que nunca cumplieron.
El Consejo de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Lima (CAL) ha sancionado a 114 letrados por los delitos de estafa, falsedad genérica, obstrucción de la justicia y hasta agresión física, en el periodo comprendido entre 2016 y lo que va de 2017. La mayoría recibió suspensión para ejercer la abogacía entre 1 y 5 años.
Precisamente, las abogadas Ivonne y María Dávalos Núñez fueron sancionadas drásticamente con 5 años de suspensión por estafar a su clienta, Josefina Calderón Málaga.
Ivonne Dávalos indujo a Josefina Calderón a suscribir un contrato privado por 20 mil dólares con el fin de invertir en la empresa Servicios Generales de Construcción y Exportación Limitada, cuya dueña era nada menos que su hermana María Dávalos.
El dinero invertido por la afectada jamás fue devuelto.
Entre otros casos, resalta lo sucedido al empresario Saúl Palomino Sánchez, quien denunció ante el CAL al abogado John Rojas Montes porque le pagó para que ejerciera su defensa y le entregó los documentos sustentatorios. Rojas no volvió a responderle las llamadas ni lo volvió a encontrar.
Rojas es un abogado conocido.
La Fiscalía Anticorrupción del Callao ha denunciado al abogado Jhon Rojas, al gobernador del Callao Félix Moreno y al jefe de Asesoría Técnica Hernán Revoredo Castañón por su participación en el financiamiento de un spa en el Cuartel General del Ejército con fondos públicos. Jhon Rojas y su colega abogado Rubén Tello Ccasani alegaron que juntos aportaron 280 mil soles para el financiamiento de la obra, pero no pudieron documentar el origen del dinero.
Por haber engañado a su cliente Saúl Palomino, Jhon Rojas Montes ha sido sancionado con 2 años de suspensión del ejercicio de la profesión.
El viejo truco
La dueña del estudio de asesoría empresarial Hernández Randich & Asociados, Rosana Randich Guevara, acusó ante el Consejo de Ética Profesional del CAL al letrado Armando Flores Flores, por haber estafado a cuatro clientes de su compañía. Al abogado Flores le pagaron para reorganizar las empresas Continental Global Cargo, Continental Global Logistic y KM Cargo, pero nunca hizo el trabajo y se quedó con el dinero. Flores fue suspendido por 3 años para que no ejerza la profesión.
El agente aduanero Jorge Tiznado Cabello contrató los servicios del letrado Óscar Barco Lecussan para que presentara una demanda. Barco lo hizo, pero de una manera tan poco profesional que la acción fue rechazada, lo cual ocasionó un enorme perjuicio a Tiznado.
Óscar Barco es un abogado implicado en la compra corrupta de 18 aviones MiG-29 y el desfalco a la Caja de Pensiones Militar Policial durante el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Se encuentra en condición de prófugo de la justicia. Por su mala conducta, el CAL ha suspendido en sus actividades profesionales a Barco.
Mala práctica
En el caso de Raúl Arca Araníbar, recibió una suspensión de 12 meses por haber formulado una falsa acusación.
La 12a Fiscalía Provincial Penal de Lima denunció a Raúl Arca por haber presentado en sus escritos imputaciones graves contra un representante del Ministerio Público, sin tener prueba alguna que sustentara la imputación.
Coincidentemente, Raúl Arca fue la persona que solicitó ante el Jurado Nacional de Elecciones la vacancia de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, por supuestamente malbaratear tres inmuebles en el Centro Histórico de Lima. Incluso afirmó a los medios de prensa que Villarán debía ir al penal de mujeres de Chorrillos por este hecho. Su denuncia no prosperó.
Por su parte, la Segunda Sala Civil de Lima denunció al abogado Arturo Olivera García, quien fue castigado con una suspensión de 24 meses.
Olivera actuó como árbitro en un laudo arbitral en el que había documentación falsa, haciéndole perder el caso al agraviado, Gonzalo Reátegui Tenorio. Además, el afectado jamás fue notificado de ninguna resolución arbitral y en consecuencia no pudo ejercer su derecho a la defensa.
La Comisión Investigadora del caso Rodolfo Orellana determinó en sus conclusiones que el árbitro Arturo Olivera formaría parte de la mencionada organización criminal, y que faltó a la ética como árbitro en el caso de los inmuebles de Orellana.
Eddy Alvarado Herrera es otro letrado sancionado por haber redactado de forma fraudulenta un documento en el que la Cooperativa de Servicios Múltiples Miguel Grau consignaba falsamente que le debía 30 mil dólares por servicios profesionales que nunca hizo.
Antes de contratar un abogado, sería bueno revisar sus antecedentes.
Fuente: La República
