Dijo que los colegios de abogados, incluido el de Lima, no han sido consultados sobre el tema, lo cual es preocupante, porque se trata de los profesionales que interactúan entre la justicia y los litigantes, y tienen un punto de vista complementario, y a veces diferente al de la magistratura.
En su opinión, la aprobación de un proyecto o texto sustitutorio del actual Código Penal requiere de un amplio debate, a fin de poder diseñar una ley penal fundamental, moderna, sistemática, estructurada y, sobre todo, una herramienta eficaz en la lucha contra la criminalidad.
En este contexto, advirtió que el delito de resistencia a la autoridad, cuyas penas fueron elevadas pensando en los comerciantes de La Parada, que enfrentaron violentamente a la Policía, pero que ha enviado a la cárcel a personas que han recibido penas muy altas y desproporcionadas.
En similar opinión, el exdecano del CAL Mario Amoretti observó la redacción del referido proyecto. Ante ello, pidió más rigurosidad en la revisión de los más de 645 artículos que regula el código.
En otro momento, alertó que la iniciativa plantea hasta siete años de cárcel para quienes difundan los casos de chuponeo, y para quienes lo hacen solo hasta seis años.
Olvidaron también precisar la cantidad de alcohol que deberán registrar los exámenes de sangre para determinar el estado de ebriedad, dijo.
A su turno, el experto Julio Rodríguez Delgado expresó su preocupación por las incoherencias en cuanto a las sanciones y la composición de la larga lista de delitos que incorpora el proyecto en debate, muchos de ellos distanciados del criterio de razonabilidad.
Por su cuenta en redes, el penalista José Hurtado Pozo reparó que ni siquiera se plantea la amplitud o complementariedad en el delito de difamación, de la excepción de la verdad como excluyente de la represión, mediante la previsión de la “buena fe” de quien atribuye a un tercero un hecho que pueda perjudicar su honor o reputación.
Rigurosidad
Al advertir algunas deficiencias como falta de proporcionalidad en las sanciones propuestas a algunos tipos penales, el Ejecutivo recientemente solicitó al Parlamento una reflexión más rigurosa y técnica de la propuesta.
Para el Gobierno habría una falta de proporcionalidad en algunos puntos, pues plantea, por ejemplo, cadena perpetua para el delito de sicariato, pero 35 años de prisión como máximo para el genocidio, cuando este último es un tipo penal mucho más grave. Igualmente, se rebaja la condena a 20 años para quienes matan a policías, magistrados y autoridades elegidas, cuando la norma actual señala de 25 a 35 años. Se advirtió, además, que se propone cambiar la condena para filiación al terrorismo de 15 a 20 años, mientras que el delito de conspiración terrorista pasaría a una condena de 5 a 10 años. Ahora tiene una sanción de 15 a 20 años.
Datos
El Código Penal es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de las normas jurídicas punitivas de un Estado.
El Parlamento inició el jueves pasado el debate para la aprobación del proyecto de un nuevo Código Penal, que consta de más de 644 artículos.
La propuesta, sin embargo, ha generado diversas observaciones y polémicas por expertos en derecho penal y autoridades del Ejecutivo.
El Peruano