El Ministerio Público oficializó la investigación preparatoria contra cinco jueces de Ucayali, vinculados a la presunta red criminal del encarcelado abogado Rodolfo Orellana. Así lo informó el fiscal superior Víctor Cubas Villanueva, quien detalló que se ha solicitado que estas personas sean impedidas de salir del país.
Uno de los investigados es el ex presidente de la Corte Superior de Ucayali Francisco Boza Olivari, cuyo desempeño ya venía siendo escrutado desde agosto del año pasado por la Fiscalía Suprema de Control Interno.
Según fuentes de El Comercio, Boza Olivari, en su condición de presidente de la corte, habría designado a jueces en tribunales claves con el fin de que resolvieran las medidas cautelares que Rodolfo Orellana y su red presentaban en la calurosa Ucayali.
Los otros jueces implicados son: Luis Palomino Morales (Atalaya), Jorge Reátegui Pisco (Atalaya), Ricardo Castro Belapatiño (Yarinacocha) y Wenceslao Portugal Serruche (Campoverde).
Palomino Morales anuló la orden de captura contra el ex dirigente de Alianza Lima y socio de Rodolfo Orellana, Guillermo Alarcón, emitida por el Juzgado Penal 36 de Lima.
Reátegui Pisco ordenó a la Fiscalía contra el Crimen Organizado a excluir a Rodolfo Orellana de una investigación que se le seguía por lavado de activos.
Portugal, designado en el Juzgado Mixto de Campoverde por Boza, ordenó devolver un cargamento de oro de US$10 millones inmovilizado por la Sunat.
El oro estaba relacionado a Pedro Pérez, ‘Peter Ferrari’, preso en los años 90 por lavado de activos vinculado al narcotráfico y hoy investigado por exportar oro ilegal. Los abogados que ejecutaron en Lima la orden judicial fueron nada menos que Benedicto Jiménez y Blanca Paredes, abogados de Rodolfo Orellana.
Todos los jueces serán procesados por los presuntos delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho pasivo.
El fiscal Cubas Villanueva indicó que se le pidió al Poder Judicial dictar impedimento de salida del país contra los magistrados mencionados. Además, adelantó que se solicitará la prisión preventiva de estos jueces y en el caso de Boza Olivari que se suspenda sus derechos como juez superior.
El Comercio
