Millonarios. En sus ocho años de gestión, alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo habría amasado una fortuna, al igual que sus funcionarios y algunos regidores. También abasteció de joyas a su pareja sentimental.
Para conseguir datos precisos y pruebas contundentes que incriminen al alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales y su cúpula de 20 aliados en la corrupción, entre regidores, funcionarios, familiares y su pareja sentimental, transcurrieron cinco meses de arduo trabajo y seguimiento por parte de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo y la Policía de Inteligencia de la Dirtepol Lambayeque. En el seguimiento e investigación los agentes lograron recopilar documentos, fotografías, videos y audios de interceptaciones telefónicas comprometedores, que daban pie a que en el interior de la comuna chiclayana, efectivamente, venía operando una red criminal liderada por la autoridad edil.
Por ello el titular de la Tercera Fiscalía, Sergio Lucio Zapata Orozco, en coordinación con el fiscal Juan Carrasco Millones, solicitaron ante la jueza Cecilia Costa Gonzales, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, la detención preliminar de 21 implicados, por los presuntos delitos contra la administración pública en su figura de corrupción de funcionarios y peculado en agravio del Estado (municipalidad de Chiclayo, Servicio de Administración Tributaria, Epsel y otros). También por el delito contra la tranquilidad pública en su figura de asociación ilícita y lavado de activos, en agravio del Estado.
Mediante descerrajes y allanamiento solo se logró detener a diez personas, quienes permanecen en la carceleta de la Policía Judicial. Ellos son los funcionarios Javier Valencia Gutiérrez, Percy Quesquén Díaz, Juan Martín Villanueva Velezmoro, Carlos Alberto Mendoza Oliden y Carlos Alfredo Santa Cruz Alarcón. Además de los regidores Rolan Uba Alarcón Rojas y su pareja, la concejal Coeli Yusett Sarmiento Torres, el SOT1 PNP Joel Ugaz Cubas y Natalie Geraldine Torres Alarcón y Norma Katiuskha Del Castillo Muro.
Mientras que los prófugos son la autoridad edil Roberto Torres Gonzales, los funcionarios Jorge Incháustegui Samamé, César Raúl Regalado Rodríguez, Juan Miguel Valdivia Goycochea, Jorge Hugo Matallana Peralta, Víctor Luis Pérez Bracamonte, Guillermo Ricardo Plaza Arbulú, Norma Esperanza Muro de Del Castillo, el proveedor de la comuna que resultó ser un chanchero, Víctor Ángel Gregorio Llaguento Cubas, el candidato a regidor de la comuna leonardina, José Antonio Mirez Rimarachín y el proveedor Luis Alberto Barrantes Piscoya.
CONVALIDACIÓN
La detención preliminar en un primer momento fue de 24 horas, la misma que se debió cumplir ayer a las 13:00 horas; sin embargo, la Fiscalía solicitó al Poder Judicial una convalidación de siete días más de plazo para los diez detenidos y continuar así con las investigaciones del caso. Esto debido a toda la información encontrada en los domicilios materia de allanamiento por orden judicial y ante el tiempo mínimo, además de la cantidad de investigados. La audiencia para determinar la convalidación inició a las 18:30 horas, y hasta el cierre de esta edición no culminaba. Estaba prevista que acabara hoy al promediar las dos de la mañana.
Como se sabe, a la autoridad edil se le confiscaron bienes inmuebles, vehículos, dinero y joyas. Además de un departamento ubicado en la calle Tacna, una casa ubicada en la calle César Vallejo de Chiclayo, cuatro camionetas, cuatro autos, una cuatrimoto, dinero en efectivo en moneda nacional, dólares y euros, por un monto de dos millones de soles que estaban en su habitación. Todo lo incautado superaría los cinco millones de soles.
punto de partida
La investigación tuvo como punto de partida la denuncia presentada por el ex trabajador de Epsel, Carlos Canales Guevara, a quien los secuaces de Roberto Torres, Martín Villanueva Velezmoro y Percy Quesquén Díaz (el primero asesor y el segundo gerente de Epsel) lo timaron al momento de pagarle sus beneficios sociales.
Primero le dijeron que se realizaría el trámite por un monto superior, pero que él recibiría su dinero íntegro. Creyendo que no sería perjudicado aceptó; pero luego se dio con la sorpresa que recibía una suma por debajo de lo real. Al pedir explicaciones le dijeron que el dinero faltante era la “comisión” por realizar el trámite.
Desde ese momento se inició el seguimiento de toda la red criminal dirigida por Torres Gonzales, quien no tuvo reparos en implicar a su hija mayor Natalie Torres en sus ilícitos. Ahora ella deberá pagar por los pecados del padre y de ser hallada culpable puede cumplir condena de hasta 20 años en prisión. Del mismo modo se descubrió que la empresa Crisolito, de la cual es dueño Torres, experimentó en los últimos años un aumento en su capital desde el año 2011.
La empresa “Soulier Boutique” se forma en el 2008 y era manejada por su pareja sentimental Katiuskha del Castillo; sin embargo, no se pudo acreditar de dónde provino el capital para su inversión.
Su sobrina Coeli Sarmiento Torres es dueña de la empresa Roco desde el 2013, valorizada en 300 mil soles. Y tiene una camioneta que adquirió por 36 mil dólares. Curiosamente no tiene el capital necesario para realizar una inversión de esa naturaleza porque solo ha demostrado sus ingresos como regidora.
El asesor de Epsel, Martín Villanueva Muro, también es investigado por poseer numerosas propiedades a nombre de su padre, primos y otros. Lo mismo sucede con el gerente de Epsel, Percy Quesquén Díaz, que tiene varios bienes. Él le vendió dos propiedades a Katiuskha Del Castillo Muro, que también ha visto crecer su patrimonio con diversas propiedades a su nombre y que adquirió a precios subvaluados.
Jorge Incháustegui Samamé, ex gerente de Urbanismo, adquirió inmuebles sin poder justificar de dónde provino el dinero para ello. César Regalado Rodríguez y Juan Valdivia Goycochea, además de comprar inmuebles, realizaron viajes al extranjero.
Jorge Matallana Peralta (ex funcionario de SATCh) vio incrementar sus ingresos de manera desproporcionada, adquiriendo todo tipo de bienes. El regidor Rolan Alarcón, escudero y brazo derecho del prófugo alcalde Roberto Torres, gastó dinero a diestra y siniestra, comprando bienes y realizando viajes al extranjero. Norma Muro, suegra del alcalde, se hizo de una fortuna. Y su hija al ser la consorte del burgomaestre se benefició directamente de sus dádivas.
La República
