El Poder Judicial condenó a 6 años de prisión al actual viceministro de Transportes, Luis César Rivera Pérez, por el delito de negociación incompatible cuando trabajó como gerente central de Aeropuertos de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac).
Según el fallo del Primer Juzgado Penal Unipersonal Permanente de la Corte Superior de Justicia Del Callao, el funcionario se interesó en contratar los servicios de seguridad de dos empresas para el aeropuerto Juan Velazco Astete y la estación de radar Acopia Grande de Cusco, cuando ejercía dicho cargo.
También recibieron la misma pena el exgerente general de Corpac, Dhenis Gamth Cabrera Garrido; el administrador del aeropuerto de Cusco, Carlos Enrique Huaroto Gerónimo; el jefe de equipo de administración del aeropuerto, Jorge Antonio Herrera Alcocer; y el gerente de seguridad del aeropuerto, José Antonio Custodio Cáceres Montanchez.
Por su parte, el gerente general de la empresa World Security and Services S.A.C., Emilo Huamán Pérez, y el representante legal de Walkers Protection S.A.C., Henrry Smith Achaca Vergaray, fueron sentenciados en su calidad de cómplices.
Además, ante el requerimiento de la Fiscalía, el juez dispuso en adelanto de fallo: el pago solidario de S/ 1 millón 255 mil 420 como reparación civil a favor del Estado, la cancelación de 180 días multa (equivalente a S/ 2 millones 052 mil cada uno) y la inhabilitación de ejercer cargos públicos por un periodo de seis años.
Según la sentencia, Cabrera Garrido y el hoy viceministro autorizaron la contratación de las dos empresas por un monto de S/ 1 millón 761 mil 878 y fraccionaron las órdenes de servicio por montos menores a 3 unidades impositivas tributarias (UIT), renovadas cada dos días entre marzo del 2013 y enero de 2014.
Para ello, omitieron el trámite de la exoneración por la causal de desabastecimiento inminente, con la finalidad de beneficiar ilícitamente a dichas compañías.
Además, Huaroto Gerónimo, Herrera Alcocer y Cáceres Montanchez, en su condición de funcionarios del aeropuerto del Cusco, solicitaron la contratación del servicio de seguridad mediante las órdenes de servicio y permitieron su continuación sin observar o denunciar el hecho, con lo cual infringieron sus funciones.
Cabe precisar que, por disposición del Poder Judicial, la ejecución de la pena ha quedado suspendida hasta que se resuelva la apelación en segunda instancia y bajo la condición de pago de una caución de S/ 30 mil cada uno.
Fuente: Diario Correo
