Por Martín Serkovic y Andrea Zanusso
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Es indudable que la pandemia global que estamos atravesando ha determinado la digitalización masiva que caracteriza nuestra vida diaria. El aislamiento social obligatorio ha posicionado a la conectividad como eje central y asunto prioritario en la agenda gubernamental, y en la estructura de desarrollo de negocio y de gestión empresarial privado. De esta manera, el mejoramiento progresivo de las redes de telecomunicaciones constituye un asunto decisivo. Ello se ha tornado en una necesidad urgente e impostergable para poder seguir fomentando el trabajo remoto, la tele-educación, la tele-salud y el comercio electrónico, entre otros.
A raíz de la pandemia y el consecuente aislamiento social, se ha identificado un crecimiento exponencial del tráfico de los servicios de internet. Ello se ha debido, fundamentalmente, al auge del home office, la necesidad de la prestación de servicios educativos (sobre todo en educación básica regular) a través de plataformas digitales, el boom del comercio electrónico, el acceso a los servicios de atención médica online, etcétera. Sin embargo, como bien sabemos, una gran parte de la población es ajena a este acceso, colocándolos en una situación de vulnerabilidad extrema. Al respecto, cientos de miles de niños actualmente no pueden acceder a la educación a distancia no sólo por la falta de medios, sino porque además no contamos con la suficiente cantidad de infraestructura a nivel nacional, para lograr la cobertura necesaria. De acuerdo al último Informe Técnico sobre las estadísticas de las tecnologías de la información y comunicación de los hogares elaborado por el INEI a fines del año pasado, el 61,7% de los hogares de Lima Metropolitana disponen del servicio de internet, mientras que sólo el 11,1% de los hogares del área rural disponen del acceso a este servicio.
Para reducir la brecha de conectividad a la cual no somos ajenos, resulta indispensable, como punto de partida, favorecer el despliegue de infraestructura pasiva de telecomunicaciones, como una cuestión primordial en el contexto que actualmente estamos viviendo, a efectos de facilitar los medios para que los operadores de telecomunicaciones puedan ampliar la cobertura y alcance de los servicios. A mediados del año pasado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informaba que para el 2021 se requerirían 36,500 estaciones base para alcanzar la cobertura necesaria. Por su parte, el Osiptel ha emitido un estudio técnico señalando que para el año 2025 el Perú deberá contar con 60,771 Estaciones Base Celular (EBC), para poder soportar el gran incremento de tráfico de los servicios de internet móvil e internet fijo inalámbrico.
Es en este contexto que se han impulsado interesantes iniciativas normativas, tales como el Decreto Legislativo No. 1477 que estableció medidas para facilitar la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, el Decreto Legislativo No. 1478 a través del cual se autorizó la asignación temporal de espectro radioeléctrico, y el proyecto de Decreto Supremo que aprueba la norma que regula la compartición de infraestructura activa de la red de telecomunicaciones, entre otras. Asimismo, recientemente se emitió el Decreto de Urgencia No. 014-2021, el cual constituye un paso muy importante en este camino de reducción de la brecha de conectividad en tanto impulsa la provisión y el desarrollo de conectividad, a través de medidas en materia económica y financiera por medio del PRONATEL, en áreas rurales y lugares de preferente interés social.
Y… ¿Hacia dónde vamos?
Pese a los diversos y grandes esfuerzos para mejorar la conectividad de nuestro país, lamentablemente se siguen identificando la imposición de trabas ilegales por parte de los gobiernos locales para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, que además ya han sido calificadas como barreras burocráticas ilegales por parte del INDECOPI. Consecuentemente, si bien el escenario jurídico puede presentarse como favorable, lo cierto es que la realidad demuestra que las barreras ilegales y/o arbitrarias siguen dificultando la instalación de infraestructura tan necesaria para seguir conectando a todo el país.
Por otro lado, en noviembre del año pasado, el MTC publicó el documento de trabajo denominado “Propuesta de asignación de bandas de frecuencia 3.5 GHz, y 26 GHz e Identificación de la banda de frecuencia de 6 GHz para el desarrollo de servicios y tecnologías digitales 5G y más allá”. Dicho documento, que tendría como uno de sus principales objetivos sentar las bases para el 5G, ha sido puesto a disposición de la ciudadanía para recibir sugerencias y comentarios, celebrándose la audiencia virtual púbica el 17 de diciembre del 2020.
El avance, con la incorporación de dicha tecnología móvil, determinará un cambio drástico en la comunicación y la velocidad de navegación, y traerá aparejado, por ejemplo, la posibilidad de potenciar el desarrollo del Internet of Things (IOT) localmente –por la gran velocidad en la intercomunicación masiva de dispositivos-, la elevada disminución de la latencia y el mejoramiento de la calidad de la conexión; así como también generará grandes desafíos y discusiones controversiales. Además, tengamos en cuenta que la implementación del 5G implicará un dramático despliegue de la infraestructura necesaria para prestar ese servicio.
Sin duda alguna, vemos reflejado que el gobierno central está mostrando una buena intención en aras a la reducción de la brecha de conectividad. Sin embargo, lamentablemente, se debe cuidar prudentemente que este desarrollo que está proponiendo no se vea trabado por los gobiernos locales, como vino sucediendo hasta ahora.
