Por Juan Carlos Zevallos Roncagliolo
Abogado especialista en Derecho Minero, Derecho Corporativo y Negociaciones con experiencia en empresas del sector minero, construcción, salud y de consultoría.
Desde tiempos inmemoriales el Perú se ha distinguido por ser una nación de vasta de infinita riqueza natural y arquitectónica. Se sabe que desde la Época Pre-Inca hasta la Incaica la actividad minero-extractiva era un medio productivo fundamental, que contribuyó al poderío y expansión del imperio al aportar minerales valiosos como el oro y la plata. Incluso en nuestros días la actividad minero-extractiva, ayudada de gran tecnología y altos estándares socio-ambientales, ha venido a constituir una de las principales actividades productivas del país. De igual manera, durante la etapa republicana el país siguió de la mano de la actividad minera, por medio de la explotación de recursos como el Guano de Arica y Tarapacá. Naturalmente, al ser una actividad clave para el país, la actividad extractiva fue extendiéndose a lo largo de los años hasta nuestra época republicana. De esta forma, la actividad extractiva siguió ejerciendo una labor fundamental en la generación de riqueza y en el desarrollo peruano.
Bajo este entendido, no resulta difícil entender que a lo largo de todos estos años las industrias extractivas han tenido un papel inusitado en el curso económico y social del país. Indudablemente, nuestras ventajosas condiciones geológicas, nuestra gran apertura económica y las finas ventajas al tratamiento de la inversión extranjera y nacional, han hecho del Perú uno de los más atractivos e ideales destinos de canalización de capital para el desarrollo de industrias extractivas. Este notable crecimiento sostenible, ha sido posible gracias a un buen manejo fiscal y a una política económica muy solida que en la actualidad es admirada por diversos países en el mundo, poniendo al país en el centro de la atención mundial. Siguiendo esta línea, en los últimos años la actividad minero-extractiva ha representado mas del 60% de nuestras exportaciones.
Este clima favorable, ha reportado ingresos millonarios al Gobierno Central y ha permitido mayores recursos para el Tesoro Publico, pudiendo implementar políticas y obras sociales en beneficio de la población. A su vez, el impacto positivo de la minería peruana ha tenido un efecto dinamizador de la economía, generando la aparición de empleos directos e indirectos, incentivando la aparición de servicios complementarios, logísticos y accesorios de diversas industrias nacionales e internacionales. Pues bien, en este punto no cabe duda que la minería como actividad productiva, a secas, representa el verdadero motor del desarrollo en el Perú y una autentica fuente promotora del progreso nacional y un inobjetable factor de inclusión social.
Sin embargo, este periodo próspero y de crecimiento económico del que todos los peruanos hemos ido siendo testigos a lo largo de los años, podría verse contraído e interrumpido, todo ello debido a las constantes protestas sociales y conflictos socio-ambientales que vienen replicándose en todo el territorio de la república, acto de anarquía e inestabilidad que encarece los proyectos minero-extractivos. Con esto último, no queremos establecer que todos los conflictos sociales surjan de manera inmotivada y antojadiza, o que se hagan de modo abusivo, pues hay muchos casos donde las pretensiones son válidas y dignas de ser amparadas.
Sin embargo, todos los peruanos en algún momento hemos podido atestiguar casos de conflictos claramente inmotivados, promovidos por grupos anti-mineros con intereses subalternos o con sesgos ideológicos que suelen presentarse bajo el ropaje de movimientos ambientales que encubren intereses políticos cuya conducta violenta y anarquista, basada en la extorsión y en actos vandálicos, no puede ser controlada ni anticipada por el estado peruano con sus fuerzas policiales y mucho menos por sus oficinas de prevención de conflictos sociales, entre otras oficinas estatales. Esto lo vimos con Tía María, Conga, Manhattan en su oportunidad y recientemente en Las Bambas. Este panorama descrito, impide el progreso de nuestro país, desacelerando nuestra economía, bienestar y el desarrollo del Perú, generando un gran atraso y encareciendo aun más la débil situación de los pobres de nuestro país.
Según fuentes del Diario Gestión, en el Perú existen un total de 146 conflictos sociales en lo que del año. Del total de conflictos sociales, alrededor del 41% corresponde a asuntos minero-ambientales. En lo que concierne a la industria de los hidrocarburos, alrededor del 12% de los conflictos son producidos por esta actividad. Otros motivos de los conflictos sociales están vinculados a la gestión de los bienes y servicios. De acuerdo a Gestión, las causas de los conflictos sociales, sobretodo las de aspectos minero-energéticos, van desde la percepción de incumplimiento de compromisos, por los recursos naturales, por la percepción de afectación de una actividad hasta por necesidades básicas insatisfechas, lo cual es preocupante para el estado y la empresa privada, porque existe una gran desconfianza en la población con relación a la presencia de actividades minero-energéticas en su área de influencia.
Por ello, en este sentido la empresa privada y el estado deben de unir esfuerzos para revertir dicha percepción negativa y crear canales de diálogo e integración para viabilizar la inversión en armonía con el entorno y generar un entorno favorable para ambas partes. Lógicamente, el estado debe de distinguir entre los conflictos sociales legítimos y de entre los conflictos motivados por intereses subalternos para poder conjurar adecuadamente el problema y elegir la estrategia más eficiente de tal manera que no se aplacen el desarrollo de proyectos de inversión minero-extractiva que reportarán grandes beneficios tangibles al estado y a la población.
Como podemos advertir, en la actualidad, en el Perú tenemos un panorama tenso y agitado frente a los conflictos sociales, ya que existen más de un centenar de conflictos por resolver como los ya descritos anteriormente; Los mismos que exigen acciones concretas y firmes del Gobierno Peruano desde el seno del problema para anticiparse a los mismos y conjurar cualquier amenaza que coloque en riesgo la inversión. De esta forma, y con acciones claras de prevención y control, se podrá evitar seguir emitiendo señales negativas a la inversión, transmitiendo claridad, estabilidad jurídica, gobernabilidad, imponiendo el orden público que es primordial en un país libre, próspero y democrático en el que se acoge el capital para actividades económicas.
Lastimosamente, y aunque el estado peruano deposita sus mayores esfuerzos por abordar los problemas sociales para sofocarlo, no existe una política general clara del gobierno peruano frente a los conflictos sociales. Por ello, es indispensable, hoy en día, construir una política que integre la búsqueda del crecimiento socio-económico que requiere el país y, a la par, mantener los más exigentes estándares técnico-ambientales para la mejora de las condiciones de desarrollo de la población.
A pesar de que el gobierno cuenta con oficinas que se encargan de ver el tema como el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo y Presidencia del Consejo de Ministros, lamentablemente parece que no coordinan entre ellas desde una etapa temprana del conflicto. Al estado peruano le cuesta mucho organizar sus distintas dependencias y articularlas en torno a una gestión eficiente y óptima de los conflictos sociales para conjurarlos tempranamente. Aunque, el camino es aun ciertamente difícil, ya que el estado hoy en día viene teniendo una presencia insuficiente y en muchos casos ausente, sobre todo en las regiones donde se lleva adelante la actividad minero-extractiva. En los último años, hemos visto que el estado suele llegar abordar los conflictos cuando ya brotaron o llegaron a su escalada más álgida de violencia.
En este sentido, y en la línea de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, resulta difícil pensar que el estado peruano esté en capacidad de adelantarse a los problemas y afimar que en cierta zona va a ver una actividad minera dentro de algunos años y que se tenga que tratar de definir cuál va a ser su política de desarrollo socio-económico, de inversión social y bienestar del área. La realidad nos muestra, que hoy en día la politíca social se encuentra por un lado y la política ambiental se canaliza por otro, no teniendo puntos en coincidencia. Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Perú cuenta con una cartera de 47 proyectos mineros por un valor aproximado de US$ 46,996 millones. Aún así, los conflictos sociales han paralizado grandes proyectos mineros, los mismos que sumarían una inversión de US$ 8,700 millones.
Por este motivo, reiteramos que es fundamental identificar, gestionar y controlar bien los conflictos sociales con tacto, inteligencia y estrategia coordinada y una política clara del estado peruano para controlar la raiz de cualquier problema concatenando los programas de bienestar, de desarrollo social, brindando información suficiente de los proyectos y coordinando acciones concretas para asegurar la presencia del estado. Al mismo tiempo, es cierto también, que en esta tarea tiene que participar activamente tanto el Estado, las comunidades involucradas y el empresario minero, encontrando canales de concertación estructurados en el dialogo que permitirán encontrar puntos en concordancia en los que tendrá que mediar sensibilidad social, tolerancia, equidad y un mejor manejo de los conflictos sociales.
El estado peruano y las empresas mineras, podrán gestionar de manera mas eficiente y optima los conflictos sociales en tanto en cuanto puedan poner en marcha maniobras estratégicas y meditadas de manejo de conflictos sociales que sean gestionados por las personas idóneas que conozcan la idiosincrasia, la realidad, las costumbres y la cultura de los lugares mas sensibles sobre los que circundan los conflictos. Pero, para poder lograr esto último, también es fundamental que el estado intensifique su presencia en el interior del país, a través de sus instituciones y ministerios, y restablezca el principio de autoridad con sanciones ejemplares para aquellos violentistas y agitadores sociales que se crean por encima del estado de derecho y de la democracia. Todo esto, con la finalidad de instalar un escenario propicio para el dialogo y la concertación, que impida que los conflictos sociales sean utilizados por Pseudo dirigentes sociales-ambientales y grupos con intereses subalternos de manera oportunista, para dinamitar el progreso, bienestar y desarrollo del país.
Por ultimo, para preparar un camino mas favorable a un dialogo mas fructífero será necesario poner ciertos límites, controles y redefinir la actuación de algunas mal llamadas organizaciones, colectivos y/o e instituciones ambientalistas y de aparente defensa de derechos de las minorías, que más que batallar por sus fines e institucionales y complementar la labor del estado en algunas zonas oprimidas del país y en las demás áreas de influencia de operaciones mineras, efectuando actividades sociales y de conservación del medio ambiente, manipulan sesgada y tendenciosamente información sobre los diversos proyectos mineros en cartera y en actividad generando agitación, malestar y más conflictos sociales que encarecen el desarrollo socio-económico y traen más polarización en el Perú.
Todo ello, producto de sus ideas prejuiciosas y deformadas sobre la actividad minera y sus beneficios. Finalmente, y con la finalidad de asegurar un gran flujo de inversión minero-extractiva en el Perú, es indispensable brindar condiciones óptimas para el desarrollo de actividades de exploración y explotación de nuestros recursos naturales. En este propósito, es determinante y primordial que el Perú transmita una imagen sólida frente a la comunidad internacional, y en especial a los capitales nacionales y extranjeros, asegurando una economía estable, viable, sin riesgos de ingobernabilidad ni problemas políticos serios que encarezcan la inversión y el desarrollo en nuestro vasto y rico país.
