Este 7 y el 8 de julio, el pleno del Congreso de la República somete a debate presencial la elección de nuevos miembros para el Tribunal Constitucional. Cada postulante requiere un mínimo de 87 votos para ser designado. Los magistrados a reemplazar por mandato vencido son seis: Marianella Ledesma (actual presidenta del TC), Ernesto Blume, Manuel Miranda, Carlos Ramos, José Luis Sardón y Eloy Espinosa-Saldaña.
Desde que se inició el proceso de selección en la Comisión Especial encargada de calificar los perfiles para el Tribunal Constitucional, la lista de más de 60 postulantes inscritos se redujo a 15 “aptos” para el puesto.
En su informe final, el grupo -que preside el legislador Rolando Ruiz (Acción Popular)- expuso quiénes aprobaron todas las fases, aunque sin explicitar la motivación tras las entrevistas personales.
De los candidatos en carrera, uno ha integrado previamente el TC, mientras que dos han sido jueces de la Corte Suprema y otros dos han sido magistrados en cortes superiores. La mayoría concentra experiencia en el Estado y tres de ellos guardan un perfil principalmente académico.
Aquí los perfiles de cada uno.
1. Fernando Calle (Puntaje: 91.45)
Fernando Calle Hayen (67) fue magistrado del Tribunal Constitucional entre setiembre del 2007 y junio del 2014. El 6 de setiembre del 2007, el pleno del Congreso había acordado votar por una terna en la que colocaron a Calle y a otros dos candidatos: Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. En el cuadro de méritos de ese entonces, Calle ocupó el octavo lugar (81 puntos).
En total, la designación de Calle, Eto y Álvarez se aprobó con 92 votos: los 34 de la bancada del Apra; los 20 del Partido Nacionalista; los 12 de Unidad Nacional; los 12 del fujimorismo; los 12 de Alianza Parlamentaria y los otros cinco de no agrupados.
Como lo informó El Comercio el último viernes, Calle es uno de los dos nuevos candidatos al TC que registra llamadas con personas investigadas por el caso de favorecimientos y tráfico de influencias, conocido como Los Cuellos Blancos del Puerto.
Según respondió a este Diario, sus comunicaciones con el ex juez supremo César Hinostroza y otros implicados como el ex fiscal Pedro Chávarry, el empresario Edwin Oviedo o el líder de Podemos Perú José Luna, entre otros, fueron por motivos estrictamente “profesionales” o de amistad. “Puedo conocer a todo el Perú, pero una duda de mi integridad, jamás”, declaró.
Calle cuenta con un historial de aspiraciones políticas infructuosas. En 1985, a los 31 años, había sido candidato a diputado por Junín con la extinta organización Lista Democrática Junín. Luego, en 1990, había intentado nuevamente un escaño de diputado por esa región con la también desaparecida Unión Cívica Independiente. Para el 2001, ya en el Congreso unicameral, buscó nuevamente una curul por Junín junto al Partido Aprista Peruano.
Según consta en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, Calle se llegó a afiliar al APRA el 3 de marzo del 2009, cuando ya era magistrado del Tribunal Constitucional. No obstante, renunció ese mismo día.
En el 2013, el entonces magistrado Calle reconoció abiertamente su simpatía por el Apra en una entrevista con Canal N: “Si usted habla de aprismo, ¡Dios mío! Esa convicción no la voy a negar. Pero el aprismo, antes que un partido político, es una escuela de moral, de conducta”. En ese momento, el TC había fallado en contra de declarar a la matanza de El Frontón como un crimen de lesa humanidad.
En videos accesibles por YouTube, se lo ve dirigiéndose a militantes apristas con respecto a los destinos de “nuestro partido” y el impacto de la coyuntura del momento.
Por el lado académico, y de acuerdo con registros de la Sunedu, Calle es abogado desde 1978 por la Universidad Nacional Federico Villarreal, además de maestro en Derecho desde el 2003 por la misma casa de estudios. En el 2010, se graduó como Doctor en Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
En el 2015, fue precandidato para ser miembro del entonces activo Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en representación de los Colegios de Abogados. Sin embargo, la plaza fue finalmente ocupada por Guido Aguila Grados (quien luego llegaría a ser investigado por el caso Cuellos Blancos), tras la votación organizada por la ONPE.
2. Aarón Oyarce (Puntaje: 88.78)
Aarón Oyarce Yuzzelli (46) es abogado por la Universidad San Martín de Porres. De acuerdo con Sunedu, su título fue emitido en el 2001. También cuenta con un máster en Derecho Americano (2002) y un doctorado en Ciencias Jurídicas (2016); ambos por la Universidad de Wake Forest (EE.UU.).
También cuenta con otro doctorado en Derecho por la Universidad Alas Peruanas (2009) y otro en Educación (2019) por la USMP. Su maestría de segundo nivel en Derecho Privado Europeo en la Universita Degli Studi Di Roma La Sapienza (2018) también figura entre sus grados académicos.
Desde el 2015 hasta la actualidad, Oyarce es vicerrector académico y de investigación de la Universidad Peruana de las Américas. Sobre Las Américas, que no recibió licenciamiento, indicó que permanece como autoridad para “un cese ordenado de las actividades académicas y por el bienestar de los alumnos”. “Soy respetuoso de la Ley Universitaria y de la resolución de Sunedu que ordenó el cese definitivo”, expresó a este Diario.
Previamente, entre el 2013 y el 2015, fue decano de la facultad de Derecho de esa institución. También trabaja, desde el 2003, como docente en la facultad de Derecho de la USMP y como docente de posgrado desde el 2005 en la Universidad Nacional Federico Villarreal.
Como lo mencionó El Comercio en un anterior informe, Oyarce Yuzzelli registra diversas infracciones de tránsito. De acuerdo con los registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha pagado hasta cinco multas, sumando un monto de 3,263 soles. La falta más grave fue registrada en el 2014, por conducir con exceso de alcohol en la sangre. Otras faltas fueron por no conducir con ambas manos cuando era debido (2010); no utilizar el cinturón de seguridad (2018); nuevamente, por conducir sin ambas manos por algún elemento distractor (posiblemente, un celular) (2018); y no portar SOAT (2019). “Yo conduzco todos los días. Estoy expuesto a multas y las asumo. Ya han sido pagadas”, aclaró.
3. Carlos Hakansson (Puntaje: 87.22)
Carlos Hakansson Nieto (65) es conocido por su trayectoria y sus publicaciones académicas. Es docente desde 1994 en la Universidad de Piura, institución corporativa del Opus Dei, dictando varios cursos sobre derecho constitucional. También ocupó el decanato de la facultad de Derecho de esa casa de estudios entre el 2007 y el 2013.
De acuerdo con registros de Sunedu, Hakansson obtuvo el título de abogado por la Universidad de Lima en 1994. También cuenta con un doctorado en Derecho desde 1999 por la Universidad de Navarra (España). En el 2020, fue invitado como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso.
Durante la ronda de entrevistas personales ante la Comisión Especial, Hakansson fue consultado por su posición sobre el aborto. El candidato respondió: “No concibo un constitucionalista que esté a favor del aborto. Creo en el derecho fundamental a la vida. Perdón que sea así, radical. Respeto las posiciones”. Su respuesta conservadora levantó polémica, al considerarse que emitió una opinión adelantada frente a una eventual deliberación sobre el tema en el TC.
El constitucionalista ya ha sido antes propuesto para concursar por una plaza al TC. Antes del actual mecanismo de postulación, fue invitado al proceso del 2014. En el 2019, postuló nuevamente a propuesta de la congresista de Alianza para el Progreso, Marisol Espinoza. Sin embargo, aquel concurso no prosperaría por la disolución del Congreso, en medio de cuestionamientos del Ejecutivo y la desatendida cuestión de confianza al procedimiento de selección.
En el 2012, Hakansson sostuvo que al condenado expresidente Alberto Fujimori se le debería conceder el arresto domiciliario. Por entonces, los hijos de Fujimori pedían el indulto humanitario. “El indulto siempre tiene una carga política y, en este caso, por tratarse de Fujimori, esa carga es mayor y puede alterar la estabilidad política y causar una división más acentuada del país”, dijo Hakansson.
4. Freddy Hernández (Puntaje: 86.55)
Freddy Hernández Rengifo (51) es abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con título emitido en 1999. También tiene el grado de maestro en Derecho Constitucional (2013) y un doctorado en Derecho (2016) por la misma casa de estudios.
La relación con la UNPRG también es laboral. Hernández ha sido profesor en la institución por más de 20 años, desde el 2000 hasta la actualidad. También fue director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho entre el 2016 y el 2020, y miembro de su Comité de la Unidad de Investigación en el 2018. También es profesor en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (Lambayeque) desde el 2015 y ha sido especialista ante la Academia de la Magistratura entre el 2000 y el 2008.
5. Francisco Morales (Puntaje: 86.21)
Francisco Morales Saravia (52) es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con título de 1993, según consta en los registros de la Sunedu. Además, es magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional desde el 2017.
Morales Saravia ha tenido puestos de confianza en el Tribunal Constitucional. Entre el 2008 y el 2012, fue secretario general del TC por disposición del magistrado Ernesto Álvarez Miranda, quien presidió la institución. Entre el 2007 y el 2008, fue también coordinador del gabinete de asesores del TC, y cuatro años antes se desempeñó como asesor jurisdiccional. Ambos puestos le fueron confiados por el entonces secretario general del tribunal, Carlos Peláez Camacho.
De acuerdo con una denuncia del portal Justicia Viva, Morales Saravia fue parte de la comisión evaluadora en el TC cuando en el 2010 se ascendió como especialista en Asuntos Jurisdiccionales a Miluska Carrasco Gallardo, esposa del entonces magistrado Carlos Mesía (ahora congresista de Fuerza Popular). “No recuerdo si Morales fue uno de los evaluadores”, dijo Mesía en comunicación con El Comercio. Morales no respondió nuestras llamadas ni mensajes.
Morales Saravia, al igual que Carlos Hakansson, había sido propuesto para el concurso al TC en el 2019. En ese momento, su postulación fue impulsada por el ahora excongresista aprista Javier Velásquez Quesquén. En mayo del 2020, ya en el actual Congreso, y por sugerencia del parlamentario Carlos Mesía, Morales Saravia fue admitido como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución. El entonces presidente del grupo de trabajo, Omar Chehade, aceptó la propuesta de Mesía.
6. Helder Domínguez (Puntaje: 82.22)
Helder Domínguez Haro (49) es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, con título emitido en 1998. También cuenta con un máster en Derecho Constitucional y Jurisdicción Contencioso-Administrativa por la Universidad de Jaén (España), convalidado por la Sunedu en el 2017.
Desde el 2007 hasta la actualidad, Domínguez se ha desempeñado como director del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial. Previamente, entre el 2001 y el 2007, fue gerente legal de la zona registral de Trujillo de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). También en esa entidad, fue encargado como vocal del Tribunal Registral. El abogado ha sido profesor en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Privada del Norte de Trujillo y la Universidad Antenor Orrego de Trujillo.
Según registros del SAT, Domínguez Haro ha sido dos veces multado por infracciones de tránsito. Las faltas graves, una del 2011 y otra del 2013, fueron por no respetar señales de tránsito, y le significaron un pago total de 584 soles. “Ninguna fue por negligencia. Recuerdo que una de ellas fue por pasarme unos centímetros el cruce de peatones al estacionar”, refirió Domínguez al ser consultado para esta nota.
7. María del Pilar Tello (Puntaje: 81.67)
María del Pilar Tello Leyva (76) es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con título emitido en 1969. También es doctora en Derecho desde 1974 por esa misma casa de estudios.
Durante la entrevista personal del último 23 de junio, Tello Leyva fue consultada por alternativas de erradicación frente a la alta tasa de feminicidios en el país. Al responder, brindó su opinión personal sobre el feminismo. Según dijo, “el feminismo surge de un enfoque patológico de la sociedad, de quienes creen que pueden ser dueños de la vida de su pareja o de la mujer porque no han recibido, tal vez, la atención psicológica, psiquiátrica o la mejor educación en valores o vienen de familias disfuncionales”.
Tello ha tenido aspiraciones políticas. De acuerdo con información pública del JNE, ha sido candidata en tres ocasiones, aunque sin éxito y sin estar afiliada a ningún partido. En el 2001, se presentó para las elecciones congresales por Lima con el Partido Aprista Peruano.
En 1995, se había presentado también para el Congreso con el partido Unión por el Perú. Además, en las elecciones al Congreso Constituyente de 1992, postuló con el ahora ex partido Solidaridad y Democracia.
Entre el 2006 y el 2010, durante el gobierno de Alan García, Tello Leyva fue presidenta del directorio de Editora Perú, que edita el diario oficial El Peruano y conduce la agencia estatal de noticias Andina. Previamente, había sido presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), que supervisa los contenidos del canal de televisión del Estado.
Antes de ingresar a Editora Perú, también había sido asesora por tres meses en la presidencia del TC (entonces, el mandato de Víctor García Toma), “para la elaboración de diagnóstico de experiencias en tribunales o cortes constitucionales”.
Del 26 de julio del 2004 al 26 de julio del 2005, se desempeñó como asesora del presidente del Congreso (Ántero Flores-Aráoz tuvo esa gestión en ese momento y luego fue sucedido por Marcial Ayaipoma). En el 2003, durante cinco meses, Tello Leyva fue asesora de la Presidencia del Consejo de Ministros, bajo la designación de Beatriz Merino.
La abogada también ha sido docente durante 18 años (2001-2019) en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde llegó a dirigir la escuela de Ciencia Política (2011-2013). Además, fue elegida en diciembre del 2019 como miembro suplente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
8. José Gálvez (Puntaje: 77.22)
José Gálvez Montero (61) es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con título emitido en 1991. En 1995, se tituló como abogado y, para el 2000, como doctor en Historia por la misma casa de estudios.
Gálvez ha tenido una larga carrera enfocada únicamente en la cátedra universitaria. Es profesor por más de 18 años en la facultad de Derecho de la PUCP (2002 hasta la actualidad). En paralelo, también fue profesor en la Universidad San Martín de Porres (2003-2020), siendo su jefe directo el exmagistrado del TC, Ernesto Álvarez Miranda, decano de la facultad de Derecho en esa institución. Entre 1991 y el 2020, también fue docente en la facultad homóloga en la Universidad de Lima y, entre el 2015 y el 2020, en la de la Universidad ESAN.
9. Vicente Walde (Puntaje: 77.11)
Vicente Walde Jáuregui (71) es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con título emitido en 1974. También es magíster en Derecho por la USMP (1996) y doctor en Derecho por la UNMSM (2015). También ha sido profesor por 44 años, desde 1977 hasta la actualidad, en la facultad de Derecho de la USMP. Algunos de los cursos dictados son derecho financiero, derecho societario y títulos valores.
Walde es conocido por haber sido juez supremo entre el 2002 y el 2019. Ese último año, fue cesado por alcanzar el límite de edad (70 años). Luego de instalada la JNJ, su cese fue ratificado por esa institución en el 2021. Antes de ser vocal de la Corte Suprema, Walde fue juez superior de Lima entre 1983 y el 2002. Entre el 2018 y el 2019, el ahora exmagistrado fue también jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
Como lo informó El Comercio, Walde es, junto al candidato Fernando Calle, otro de los postulantes al TC que tiene registro de llamadas con personas envueltas en la investigación fiscal Los Cuellos Blancos del Puerto. Entre sus interlocutores más recurrentes y llamativos, están el ex juez supremo César Hinostroza, y el expresidente de la Corte Superior del Callao, Daniel Peirano. En entrevista para el informe publicado por este Diario, Walde señaló que sus llamadas no implicaron ningún acto cuestionable.
“(Ellos) pueden estar investigados ¿significa que yo soy un delincuente? Yo jamás he participado en ninguna organización criminal, tengo la transparencia…y le digo algo más, cuando yo he ejercido la carrera como magistrado, casi 42 años en el Poder Judicial, averigüe usted, no tengo ninguna sanción”, respondió el exmagistrado en su defensa.
Walde tiene un audio público con Hinostroza, en donde le pide apoyo para la designación como relatora de una servidora pública en el Poder Judicial.
En el 2007, Walde había sido apartado de la judicatura por el entonces CNM debido a una aparente infracción por anular una sentencia que él mismo había emitido. Luego, en el 2010, mediante una sentencia a su favor en el Tribunal Constitucional, el CNM lo reincorporó.
En el 2018, Walde se hizo también notorio por protagonizar una discusión con dos policías, luego de que estos le increparan el haber estacionado su auto sobre la vereda. El hecho, que fue registrado en video, tuvo lugar en uno de los lados principales de la sede de la Corte Suprema.
Ese mismo año, la Contraloría inició una investigación por presunta falta la Ley de Contrataciones del Estado, luego de que se conociera que la esposa de Walde, Carmen Ortega Paredes, había sido contratada en el Jurado Nacional de Elecciones entre el 2013 y el 2018. El caso culminó con sanciones de prohibición contractual para Ortega.
Poco antes de su cese como magistrado en el 2019, Walde fue otra vez motivo de atención pública, cuando sugirió que su sueldo, de 27 mil soles, era insuficiente. “Yo estoy ganando en este momento un líquido de 27 mil soles mensuales […] A mí me descuentan un montón de plata en impuestos [¿Ese es su pago líquido o bruto?] Bruto es el que me está pagando. Debe pagarme más”, declaró. Luego de las críticas, se rectificaría y llamaría al monto “decoroso y adecuado”.
10. David Moisés Velasco (Puntaje: 76.22)
David Moisés Velasco Pérez Velasco (49) es abogado por la USMP, con título emitido en el 2000, según registra la Sunedu. También tiene el grado de magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Complutense de Madrid, convalidado en el 2009, y de doctor en Derecho por la USMP desde el 2017.
Velasco Pérez Velasco es otro candidato con vínculos políticos y varios intentos electorales. De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, el abogado es, desde agosto del 2004, afiliado activo del partido Acción Popular. En dicha organización se ha desempeñado como administrador nacional (2004 al 2007); secretario nacional de Derechos Humanos y Defensa del Patrimonio Nacional (desde el 2013) y subsecretario nacional de administración (2004).
Además, ha participado en dos procesos de elección, siendo el más reciente el de los comicios congresales extraordinarios del 2020, donde buscó un escaño con el partido de la lampa por la circunscripción de Lima. Antes, en el 2002, buscó un puesto de regidor distrital de Breña en las elecciones municipales de ese año.
Velasco ha sido decano de la facultad de Derecho de la Universidad Peruana de las Américas (2016-2020) y docente en la USMP (2006-2020) y en la Universidad Nacional Federico Villarreal (2017-2020). También ha ejercido como abogado litigante desde el 2001 hasta la actualidad, a través de su estudio jurídico Velasco Pérez-Velasco & Asociados.
11. Jorge Luis Rioja (Puntaje: 75.44)
Jorge Luis Rioja Vallejos (65) es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP, con título desde 1986. Posteriormente, en el 2000, se tituló como abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal (2006) y doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo (2019).
Rioja ha sido contratado por el Congreso durante más de 19 años como especialista para la elaboración de dictámenes y asesor. De acuerdo con su hoja de vida, que presentó para el concurso al TC, sus labores iniciaron en enero del 2001 y se mantienen hasta la actualidad. Ha laborado para las comisiones de Constitución, de Fiscalización, y para la oficina de Participación Ciudadana.
También ha ejercido la docencia en universidades, como Garcilaso de la Vega, Alas Peruana, Federico Villarreal, San Marcos, San Juan Bautista, Norbert Wiener, y Universidad Privada de Tacna. Se mantiene como profesor desde el 2007 en la escuela de posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal.
El abogado guarda también una afiliación cancelada por renuncia en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE. De acuerdo con la plataforma, fue dirigente y personero legal titular de una iniciativa de partido, llamada “Cambiar para Avanzar”. Sin embargo, dicha agrupación no logró concluir el proceso de inscripción. La afiliación de Rioja tan solo duró cuatro meses, entre agosto y diciembre del 2010, y la organización se extinguió oficialmente en marzo del 2011. Ese año, el abogado se lanzaría, sin éxito, como candidato al Congreso por la circunscripción San Martín con la alianza Solidaridad Nacional.
12. Óscar Díaz (Puntaje: 75.00)
Óscar Renato Ramón Díaz Gonzales (60) es abogado por la Universidad Católica Santa María, de Arequipa, con título emitido en 1984. Tiene una segunda especialidad en Derecho Procesal Constitucional y Administrativo (2016), y también es magíster en Derecho Constitucional (2014) y doctor en Derecho (2018) por esa misma casa de estudios.
Según la base de datos de la Junta Nacional de Justicia, Díaz Gonzáles fue designado como juez superior de la Sala Mixta Descentralizada de Ilo, de la Corte Superior de Moquegua. No obstante, fue en calidad de suplente y no registra actividad en el cargo. En la información que el candidato brindó al Congreso como postulante al TC, precisó que ha sido juez provisional en esa sede entre el 2005 y el 2007. Además, señala haber sido juez superior provisional en materia civil en la Corte de Arequipa entre 1992 y el 2003.
Díaz ha sido jefe de la Oficina de Asesoría Legal y Relaciones Industriales del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapar), de Arequipa, entre 1981 y 1985. Es profesor desde el 2001 hasta la actualidad en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y desde el 2005 hasta la fecha en la Universidad Católica Santa María.
13. Miguel Christian Torres (Puntaje: 73.67)
Miguel Christian Torres Méndez (59) es abogado por la PUCP, con título desde 1987. También cuenta con el grado de magíster en Derecho con mención en Derecho Civil (1992) y de doctor en Derecho (2011) por la misma universidad. Entre 1987 y el 2009, laboró como profesor asociado en la PUCP.
Torres fue juez superior titular de la Segunda Sala Civil del Callao entre 1996 y el 2002. No fue ratificado para el 2003, pero volvió a reincorporarse en el 2005, hasta su cese en el 2006 por no ratificación. Ese año, interpuso un recurso de agravio constitucional ante el TC, alegando que su no ratificación, dictada por el CNM, fue arbitraria y no se respetó el debido proceso.
No obstante, el TC declaró la demanda improcedente e indicó que la resolución estuvo motivada en “su poca capacidad para el ejercicio de la judicatura”.
“Mi reclamo nunca se basó en que hubiera falta de motivación en la resolución, sino en la violación del debido proceso. Ahí, el TC de esa época se desvió de la pretensión de mi reclamo. Yo nunca reclamé por falta de motivación”, dijo Torres a este Diario.
Luego del fallo negativo del TC, Torres recurrió a la Comisión IDH, que ya ha admitido su caso. “Está pendiente una siguiente etapa, que es una audiencia de posible solución amistosa entre mi persona y el Estado peruano. En eso estamos. Ahora, es incierto que yo salga elegido como magistrado del TC. Pero, en caso de ser elegido al TC, obviamente que ya no pretendería la reincorporación al Poder Judicial, sino una indemnización. Pero, si no me eligen, sí me gustaría que se me reincorporase”, precisó.
14. Luis Gutiérrez (Puntaje: 73.11)
Luis Gutiérrez Ticse (48) es abogado por la USMP, con título emitido en 1998, y tiene el grado de magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional desde 2016 por la PUCP. Además de socio principal de su propio estudio jurídico (Gutiérrez Ticse & Asociados Abogados Consultores), el candidato ha tenido varios cargos en el Congreso.
Fue asesor en la Comisión de Constitución (2011-2012); también asesor del despacho del congresista Justiniano Apaza (2015); jefe de la oficina de Defensa de las Leyes (2013-2014); asesor de la Comisión de Constitución nuevamente (2015-2016); asesor del despacho del congresista Raúl Castro (2007-2011); asesor de la Comisión de Justicia (2006-2007); asesor del despacho del congresista Fausto Alvarado (2003-2005); especialista parlamentario en la Comisión de Trabajo (2002-2003); entre otros puestos similares.
Además, durante ocho meses, fue asesor del gabinete de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros (2012-2013), cuando era liderada por el entonces primer ministro Juan Jiménez Mayor. Al igual que los demás postulantes al TC, Gutiérrez ha sido docente universitario: en la USMP se mantiene desde el 2008 y en la Antenor Orrego, desde el 2017.
De acuerdo con información del SAT, Gutiérrez Ticse ha sido multado hasta 15 veces por infracciones de tránsito. De ellas, cinco calificaron como muy graves: conducir en sentido contrario al tránsito autorizado (2019); conducir el vehículo con la licencia vencida (2018); cruzar o girar con el semáforo en rojo (2016 y 2013); y conducir un vehículo sin certificado de aprobación de inspección técnica vehicular (2010). En total, por las 15 papeletas recibidas entre el 2002 y el 2019, el abogado canceló más de S/ 4,200 a la entidad pública.
“Deben ser también de mi esposa… Tengo copropiedad del auto. Son 20 años, realmente [el periodo de las multas], y me parece tendencioso informar de esto. En 20 años, cualquier persona tiene multas. Lo grave sería que hayan sido multas como conducir en estado de ebriedad y eso no ha sido. Algunas multas fueron abusivas, además”, declaró a El Comercio.
Gutiérrez Ticse ha tenido también pretensiones electorales. De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), estuvo afiliado al Frente Independiente Moralizador (FIM) entre el 2005 y el 2007, año en el que la inscripción del partido fue cancelada. En el registro, figura como fundador y secretario nacional de asuntos profesionales y culturales de la organización.
El abogado ha participado, sin éxito, en tres elecciones: primero, con el FIM en las congresales del 2006 por la región Junín; luego, en las regionales del 2010 como consejero regional de Junín con el movimiento independiente regional La Carita Feliz; y finalmente, en las congresales por Lima del 2016, con el hoy extinto partido Perú Posible.
En el 2016, Gutiérrez conformó el grupo de ciudadanos (entre ellos, Hernando Guerra García) que interpuso tachas contra el entonces candidato presidencial de Todos por el Perú, Julio Guzmán (hoy, líder del Partido Morado). Como se conoce, Guzmán fue excluido de ese proceso por irregularidades internas que descalificaron su inscripción.
15. Jacinto Rodríguez (Puntaje: 72.00)
Jacinto Julio Rodríguez Mendoza (74) es abogado desde 1975 por la Universidad Nacional San Antonio Abad, del Cusco. Por esa misma universidad, cuenta con el grado de maestro en Derecho Civil y Procesal Civil, y el de doctor en Derecho. En el 2019, fue elegido como miembro suplente de la Junta Nacional de Justicia.
Rodríguez ha sido juez superior titular del Cusco de 1996 al 2007. En esa jurisdicción, ocupó la jefatura de la Oficina Distrital de Control Interno (ODICMA). Para el 2007, fue nombrado como juez supremo e integró la Sala Suprema Constitucional y Social Permanente. También llegó a integrar y presidir la Sala Civil Transitoria. Se mantuvo como vocal del máximo tribunal hasta el 2017, cuando fue cesado por alcanzar los 70 años; el límite de edad reglamentario. Ha sido profesor en las universidades UNMSM y Norbert Wiener, aunque por periodos cortos.
En enero del 2020, Latina reveló que Jacinto Rodríguez tenía también registros de llamadas con el ex juez supremo César Hinostroza, investigado principal por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Según informó el medio, ambos tuvieron hasta siete comunicaciones entre el 2016 y el 2017. El canal se comunicó con Rodríguez, quien dijo no recordar las llamadas, pero afirmó que no se trataron cuestiones ilícitas.
“De repente, pero no creo. Debió ser por coordinaciones. (…) Yo siempre me comunicaba con los jueces supremos para coordinar trabajos. (…) No ha sido nada ilegal o que sea de protección a alguna persona o de recomendación o tráfico de influencias… Nada, en lo absoluto. Tengo una hoja totalmente limpia”, declaró Rodríguez.
—Posturas contrarias—
El último 4 de julio, los vicepresidentes del Congreso, Luis Roel y Matilde Fernández, además de voceros de seis bancadas, publicaron un comunicado en defensa de la continuidad de la elección. Esto, luego de que el abogado Walter Ayala interpusiera una demanda para detener el proceso por “falta de legitimidad”.
En diálogo con El Comercio, la congresista del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, rescató como “un gran avance” que el Congreso haya regulado, en el 2020, su mecanismo de selección para el TC bajo una consigna meritocrática.
Sin embargo, estimó que esto no se ha respetado del todo y que, en las etapas de calificación, “se fue extremadamente legalista en unos puntos y no se cumplió con muchos otros”. El Frente Amplio y el Partido Morado se mantuvieron alejados de la Comisión Especial y no volvieron a colocar representantes desde sus renuncias en noviembre.
“Nosotros hemos cuestionado el proceso completo. No creo que apoyemos a ningún candidato”, refirió a este Diario el congresista morado Daniel Olivares.
El legislador y vocero de Acción Popular, Franco Salinas, rechaza los cuestionamientos e insiste en que sí ha imperado la meritocracia en las evaluaciones.
“Antes, sí ha habido una real repartija. Ahora, hay todo un reglamento establecido donde han participado Contraloría, Servir, el propio TC… Mejor [proceso], no ha podido ser”, declaró. Sobre si se alcanzaría el consenso o los votos para elegir a seis jueces, Salinas señaló: “Esperemos que haya la votación suficiente para cambiar a la mayor cantidad de magistrados”.
Fuente: El Comercio
