El pleno del Congreso aprobó por insistencia, el pasado miércoles, una norma que tipifica las sanciones establecidas por la Contraloría General de la República. Sin embargo, un día después, el presidente Francisco Sagasti anunció que insistiría con sus observaciones con una demanda ante el Tribunal Constitucional.
Fue precisamente en esta última entidad en la que, en abril del 2019, se emitió un fallo que reconocía la capacidad de sanción del ente de control, pero señaló que las conductas infractoras debían ser aprobadas por ley, dejando en suspenso la facultad sancionadora del máximo ente de control. Más de dos años después, las más de 16 mil responsabilidades encontradas en más de 15 mil funcionarios no se han podido ejecutar por la falta de una ley.
Tras el fallo que suspendió su facultad sancionadora, la Contraloría no detuvo su trabajo y continuó señalando responsabilidades a través de sus informes. “Es difícil que la misma entidad sancione a los funcionarios de confianza o de alta dirección, salvo sean casos mediáticos”, explicó Martin Cabrera, exgerente de la contraloría que lideró el equipo promotor de la reforma del sistema nacional de control ante el Congreso.
Un ejemplo de esto último es el Caso ‘Vacunagate’. Este Diario reveló que al menos 120 involucrados no reciben sanciones. De este caso, la contraloría emitió un informe el pasado 1 de julio, donde encuentra responsabilidades contra ocho funcionarios. Pese a ello, la entidad no puede ejecutar sanciones y todo queda en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que viene realizando indagaciones internas, pero recién entregarán sus resultados en agosto.
En otros casos, según explicaron fuentes de la contraloría, las entidades optan por cambiar de cargos a los funcionarios, o estos se logran reubicar en otras entidades del Estado sin ninguna sanción en su legajo, pese a los informes que existen del ente de control.
Cuestión de miedos
Una vez conocido el fallo del TC en el 2019, la contraloría se puso a trabajar en un proyecto de ley para resolver la observación y tipificar sus sanciones. Tras una serie de idas y vueltas, la iniciativa recién se aprobó este año.
Lo que no tenía previsto la entidad es que el presidente Sagasti se opondría, no solo observando la norma, sino llevándola nuevamente ante el TC. “Pone criterios muy vagos, muy generales, no los tipifica. ¿Qué significa esto? Que cualquier funcionario auditor de la contraloría puede invocar este artículo y paralizar a un funcionario público, meterle miedo de una manera absolutamente increíble”, afirmó el presidente.
”Otoronguismo administrativo”
Ante la Comisión de Fiscalización, el contralor Nelson Shack advirtió que no se puede dejar las sanciones en las manos de las mismas entidades, porque estas terminan siendo ‘light’, con simples amonestaciones, lo que calificó como “otoronguismo administrativo”.
En el primer año en el que tuvieron suspendida su facultad sancionadora, según detalló Shack, solo el 15% de los funcionarios señalados por la contraloría fueron sancionados por sus respectivas entidades con algún tipo de amonestación, y otros casos terminaron prescribiendo.
Por su parte, Cabrera indicó que las sanciones ya estaban tipificadas, pero en una norma que no tenía rango de ley. Con la ley aprobada eso se soluciona y, según Cabrera, la demanda del Ejecutivo solo retrasa la posibilidad de que la contraloría vuelva a sancionar, porque el TC nunca cuestionó que dicha entidad lo haga. “Desde que entre en vigencia la ley, para adelante, podría suponer sanciones a funcionarios de este gobierno”, advirtió.
Fuente: El Comercio
