La Contraloría General de la República advirtió que la suspensión de su potestad sancionadora, producto de un fallo del Tribunal Constitucional, generará impunidad en casos emblemáticos de corrupción y en aquellos en los cuales se detectó inconductas de más de 15,000 funcionarios y servidores públicos.
Dicha advertencia fue lanzada por el presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) de la Contraloría, Enrique Aguilar.
“En julio están por caducar los casos de 65 exfuncionarios que involucran S/ 9 millones, sumado a los 110 casos de otros exfuncionarios que ya caducaron en mayo y junio último, los cuales representan más de S/ 28 millones. Estamos hablando de S/ 37 millones de soles de perjuicio económico al Estado”, alertó.
El fallo del Tribunal Constitucional (TC) publicado el 26 de abril del 2019, reconoció constitucionalmente la capacidad sancionadora, pero dejó sin efecto el catálogo de sanciones administrativas del Organismo Superior de Control.
La Contraloría recordó que solicitó una aclaración para que se especifiquen los alcances del fallo, la cual debió emimirse en dos días, de acuerdo al Código Procesal Constitucional. No obstante, dicho paso sigue pendiente.
“La sentencia del TC reconoció la constitucionalidad de la capacidad sancionadora de la Contraloría, pero la debilitó al dejar un vacío normativo para los procesos administrativos sancionadores que ya estaban encaminados y que se extiende ahora a los que estaban por ingresar, producto de las auditorías realizadas”, explicó el titular del TSRA.
Aguilar advirtió que otra consecuencia del fallo del TC, es que no solo atan de manos a la Contraloría para luchar contra la corrupción, sino que, a la fecha, 300 exfuncionarios sancionados antes de la publicación de la referida sentencia, están solicitando al TSRA la anulación de la medida impuesta, con el propósito de ser repuestos en sus cargos.
A la vez, estos casos podrían llegar a judicializarse y constituir un gasto más para el Estado.
La Contraloría precisó que, entre los principales casos que podrían quedar impunes o sin sanción administrativa, se encuentran la construcción de la Vía Costa Verde, el irregularidades en la prestación del servicio de limpieza municipal del Callao, y el Tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.
Fuente: Andina
