Por: Luis Lamas Puccio
Abogado. Consultor de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente y en el crimen organizado. Miembro del grupo de expertos de la OEA para el control del lavado de activos.
La situación actual de la corrupción, aunque puede haber variado en sus formas y modalidades como fenómeno, continúa siendo la misma desde las épocas más remotas. Lo que puede haber cambiado es su fisonomía o sus formas, pero en la base es aún: una lucha constante y permanente entre quienes piensan que el ser humano se debe a su colectividad, por encima de todo, y los que conceden prioridad a sus apetitos personales sobre los derechos de los demás, incluso a costa del desmedro social de grandes sectores poblacionales.
Refiero que articular el análisis de la corrupción, desde distintas perspectivas, implica una labor compleja y nada sencilla, en tanto que su finalidad más importante no es otra cosa que poner en evidencia y develar que bajo el manejo tergiversado y grandilocuente del discurso político, denominado de “lucha contra la corrupción”, se esconde amañadamente una serie de parámetros y aseveraciones artificiosas y equivocadas que lo que persiguen no es otra cosa que tratar, por todos los medios, de disimular o esconder los verdaderos rostros de la corrupción.
La priorización para investigar la corrupción como tema de importancia y actualidad, en el contexto de las relaciones internacionales y la globalización; surge de la necesidad imperiosa de ubicar sus causas, razones y desenvolvimiento actual, en la trama intermedia, entre las actividades económicas o empresariales y las esferas políticas, donde se maneja el poder en la sombra.
Se trata de una visión diferente, sobre la etiología de la corrupción a gran escala, que involucra la gobernabilidad, el sistema económico, el flujo de capitales y los partidos políticos, germinada a raíz de la presencia constante de reiterativos casos de “gran corrupción”, en los que aparecen involucradas las altas esferas del poder con la participación de toda una gama de personajes que desarrollan labores políticas, económicas y partidarias. Esto pone en entredicho el rol y la función de la democracia representativa y pluralista, sobre la que se afirma eufemísticamente como la expresión máxima de la gobernabilidad y el respeto a los derechos ciudadanos.
En este caso, me refiero a una orientación heterogénea, y, a la vez, disímil, aunque unificada en un solo concepto llamado cleptocracia, y sus estrechas relaciones con la corrupción, ya no solo a nivel local, sino fundamentalmente en un contexto global. Mientras que en su propio entorno fluye una frondosa e impenetrable zona gris que pasa desapercibida, en la que se sitúan estratégicamente las reglas del mercado en una economía neoliberal triunfante, el flujo o recirculación incontrolable, centrado en el poder de las grandes empresas transnacionales, la tergiversación de las funciones de los partidos políticos, la corrupción misma, la clínica legitimación de capitales, en un mundo que pareciera que tiene dos caras opuestas; la cleptocracia como una de las máximas expresiones de la corrupción actual, la proliferación de los paraísos fiscales en todos los continentes, una meritocracia indolente, un clientelismo modernizado, adecuado a los requerimientos actuales, y las élites políticas y financiadas que pugnan por acaparar un poder político como no se había visto antes.
Implica la existencia de una pugna por controlar el poder, en su máxima expresión, en un régimen global inflexible y totalmente copado, que ha logrado desarticular de manera progresiva y sutil las débiles protecciones que todavía existían hace algunos años. Estas, en alguna medida, resguardaban los mercados nacionales, regulando el intercambio de bienes y servicios, los movimientos sospechosos de capitales, una actividad empresarial en muchos casos indolente, una responsabilidad funcional muy venida a menos, y una fiscalización internacional mediocre y limitada por los intereses políticos, en el marco de una lucha permanente, frontal y poco escrupulosa por capturar un poder económico como forma de gobernar.
El triunfo de las reglas del mercado sobre las economías de los Estados y la corrupción al más alto nivel en los gobiernos, coludidos con el poder económico, las mafias criminales y el poder político en la esfera donde se manejan las más importantes decisiones, han convertido en una ilusión aquellos mecanismos de representación de las grandes mayorías, referidos a la democracia como sistema, que en algún momento sustentaron la transparencia en el manejo de la política y la ética en materia de gobernabilidad.
Operatividad
Se alterna una nueva dimensión sobre la forma como ahora opera la corrupción, en un mundo interdependiente, a partir de un ámbito de intercomunicación social, distinto al espacio físico que hasta hace algunas décadas marcaba las pautas en materia de control de la corrupción, fiscalización y control social. A partir de un nuevo enfoque criminológico con especial interés con respecto a los presupuestos sobre las actividades cotidianas que no ameritaban mayor esmero, surge ahora el denominado ciberespacio, que ofrece especiales y atractivas condiciones a la corrupción, en particular, y a la criminalidad, en general. Aparece un ámbito distinto de oportunidades más eficaces e indetectables en materia de corrupción y aseguramiento de su éxito casi absoluto respecto a la impunidad y aseguramiento, muy distantes a las estrategias preventivas del pasado que estaban enfocadas en el espacio físico. “Por medio de la abstracción teórica y la conexión de los elementos del crimen [la corrupción palabra del autor], surge las particularidades de un nuevo “lugar” para la comisión delictiva, conocido como el ciberespacio” [1].
A ello, se suma una desregulación paradigmática de los mercados internos, como la causa principal de muchos males nacionales, la desaparición del control sobre los sistemas bancarios; la disminución constante de la presión fiscal; la mundialización y fragmentación de los espacios sociales; la irracionalidad de las estructuras de producción; el papel fundamental de los medios de comunicación que informan o desinforman, de acuerdo con sus intereses, como algunos de los factores más importantes que han hecho invisibles, para el común denominador de los ciudadanos, la corrupción y los ilícitos cometidos por los poderosos que rara vez llegan a los tribunales de justicia.
Desde hace varias décadas se vive una aguda crisis moral y ética que suele tener vinculaciones con el manejo de la política y la economía, la que se traduce en distintos casos de corrupción. Probablemente, la corrupción de los últimos años ha ido adaptándose a distintos procesos y manifestaciones referidas a la pequeña y a la gran corrupción. Los mercados financieros y los partidos políticos se han visto involucrados en casos graves de corrupción, bajo distintas modalidades, algunos calificados en la legislación de la materia como delitos, otros como simples faltas administrativas y, posiblemente, los más graves han pasado desapercibidos para el legislador, poco interesado en generar leyes sobre la materia. Esto sucede desde la perspectiva doméstica o nacional como desde la internacional, que resulta cada vez más compleja y enrevesada. El mundo globalizado vive dificultades sistémicas de colapsos más o menos definidos que involucran los sistemas financieros nacionales e internacionales, y por supuesto, un gran número de ciudadanos que han padecido de forma directa a indirecta una falta de transparencia y ética, en el correcto manejo de los recursos públicos, ausentes en muchos lugares, que son los que más los necesitan. Es así que, el mercado financiero y la democracia viven una crisis de confianza, sobre todo en los países en donde las instituciones públicas de fiscalización y control adolecen de una serie de falencias, y cuyo restablecimiento y credibilidad pasa por la recuperación de la confianza y la transparencia en el desempeño de la labor pública.
Hay una extendida apreciación acerca de la desproporcionalidad existente entre determinadas prácticas políticas relacionadas con el abuso del poder económico y la corrupción (cuando se las descubre), que, en muchos casos, o han pasado desapercibidas o las sanciones que se han impuesto han sido irrelevantes con la magnitud del daño ocasionado. Me refiero al proceso engorroso para la depuración de las conductas ilícitas y la imposición de las correspondientes sanciones, las que encuentran grandes obstáculos, en la práctica, cuando son motivo de seguimiento o procesamiento, en tanto que muchas de ellas terminan impunes o con sanciones meramente administrativas. Suele señalarse que una justicia que tarda no es justicia, y que es solo un proceso que cumple tan solo una formalidad o una creencia. Incluso, suele hablarse de intereses colectivos, vinculados no solo con el sistema partidario y el sistema político, sino también con la misma democracia, que frente a casos de esta naturaleza pierde credibilidad porque no funciona cuando se trata de los poderosos. Evidentemente, el menoscabo de la ética, en el manejo de la política y los negocios, tiene que ver mucho con el deterioro de una moral en sentido positivo, lo cual plantea condiciones propensas para que la corrupción coludida con el poder político y económico se afiance.
Se suma una ausencia manifiesta y clamorosa de una persecución penal rápida, eficaz y adecuada, frente a una amplia serie de conductas asociadas o corporativizadas ante lo que se denomina una nueva dimensión de la corrupción, en gran parte frente al desinterés de los mismos Estados y de los gobernantes para adecuarse a las nuevas circunstancias y desafíos. Todo ello como resultado de un mundo cada vez más globalizado, en el que la corrupción, conforme se va desarrollando, paulatinamente, adquiere nuevos y complejos matices. Los mecanismos de distracción frente al colectivo humano, en un mundo global cada vez más interconectado con una tremenda capacidad de convencimiento y adoctrinamiento, juegan un papel importante y estratégico sobre el manejo de las noticias y la interpretación misma de los acontecimientos. Lo cual depende de los intereses que se encuentren de por medio, y si conviene o no ocultarlos o sobredimensionarlos; con mayor razón, si se trata de hechos o conductas no violentas, en el concepto de las relaciones económicas y de poder, que no tienen las características de los delitos atroces o comunes, y que, por lo tanto, no afectan lo cotidiano.
Me refiero a la conjunción de tres factores fundamentales que, aunque aparentemente diferentes o distantes en su análisis e interpretación individual, se desenvuelven en la realidad, bajo la misma línea: economía, corrupción y política. De acuerdo con lo expresado, la corrupción aparece enunciada en las conexiones existentes entre el clientelismo político, la dependencia mutua y el poder económico. Todo ello, bajo la creencia que preconiza que la ley resulta imparcial y es la máxima expresión de la justicia. El resultado no es otra cosa, que un neopatrimonialismo, a ultranza, como forma histórica del poder invisible que subyace y adquiere nuevas dimensiones o formas en la sociedad actual, dependiendo de cómo se quiera interpretar y qué es lo que se quiere ocultar.
La existencia de una continuidad política en la alternancia del poder, en el presente caso matizada por el debate, siempre tiene una sola razón de ser: no estar desvinculada del régimen político que gobierna. En lo que se refiere a las economías neoliberales, el sitio de ubicación del poder dependerá, en última instancia, del desarrollo de las fuerzas productivas y, en especial, del refinamiento alcanzado por el modelo de acumulación de capital.
Abuso del poder
El abuso del poder, en el desarrollo de la política, forma parte del mismo ejercicio del poder que se encuentra dentro de una formación social y política determinada, y, por consiguiente, obedece a sus propios mecanismos. Por lo tanto, conformarse con una definición de abuso de poder y de la corrupción producida por la escogencia política o del sistema normativo (en el presente caso, la ley), o, lo que es lo mismo, producida por el propio poder, no hace otra cosa que contribuir en mantener intacta la estructura de las relaciones de dominación que se ejercen bajo el esquema de la gobernabilidad y la democracia.
De hecho, la corrupción continúa siendo el problema más importante, que involucra a la gobernabilidad casi en su totalidad, y parecería no tener solución, a pesar de lo que constantemente se propone en materia legislativa y de las medidas que se implementan. El señalar acciones concretas contra la corrupción es la propuesta más importante que tiene que hacer todo aquel que aspira a hacer política en nuestro medio, y lograr expectativas electorales futuras. Sin embargo, la corrupción no solo no ha disminuido, sino que también, al margen de seguir siendo el problema más sensible, cada partido político que llega a gobernar vuelve a develar facetas desconocidas e inéditas sobre cómo la corrupción operaba en las esferas del poder.
Los acontecimientos más recientes, develados en materia de corrupción y gobernabilidad en el ejercicio del poder, ocurridos a lo largo de las tres últimas décadas, hacen evidente que se trata de un problema penetrante y perspicaz que no puede ni debe ser abordado por medio del discurso político, con declaraciones reiteradas, las buenas intenciones, y su recurrencia a la modificación de la ley penal.
Nuevos desafíosAsí, la corrupción enfrenta nuevos y complejos desafíos vinculados con la territorialidad, la cibercriminalidad, el secreto financiero y una delincuencia económica cada vez más poderosa, que se aprovecha de todas y una gran variedad de deficiencias que caracterizan a la ley en materia de control y fiscalización de la corrupción. La banca global, el enorme flujo financiero, los paraísos fiscales y toda una amplia gama de servicios financieros se han convertido en medios eficaces, mediante los cuales la corrupción se ha visto fortalecida en los últimos años. |
Fuente: Jurídica (El Peruano)
[1] MIRÓ LLINARES, FERNANDO. “La oportunidad criminal del ciberespacio. Aplicación y desarrollo de la teoría de las actividades cotidianas para la prevención del cibercrimen”. http://criminet.urg.es/recpc.