La Sala Plena de la Corte Suprema, órgano supremo de deliberación del Poder Judicial, emitió un comunicado por el cual considera que es imperativo que la Junta Nacional de Justicia suspenda el procedimiento de ratificación nacional de jueces y juezas, y adapte sus disposiciones a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en la sentencia recaída en el caso Cuya Lavy y otros vs. Perú.
En el pronunciamiento, la Sala Plena señala que la CoIDH, en la sentencia antes indicada, no solo declaró que el procedimiento de ratificación nacional es violatorio de la protección judicial, del derecho a la honra y de la dignidad, y de los derechos políticos de los magistrados, sino que, además, el Estado peruano debe adecuar, en un plazo razonable, su ordenamiento jurídico interno a los parámetros fijados en el indicado fallo supranacional.
Añade, que lo más resaltante de esta sentencia estriba en que el procedimiento de ratificación es materialmente sancionatorio y, como tal, le son aplicables las garantías del debido proceso, propias del procedimiento disciplinario.
Asimismo, que el procedimiento de ratificación debe conceder a los magistrados/as el derecho de conocimiento de los cargos, y de tener el tiempo y los medios adecuados para su defensa, el derecho de conocer los criterios de evaluación asumidos en orden a la idoneidad y conducta funcional.
También, el respeto del derecho a la presunción de inocencia y de la consiguiente motivación (razonada y razonable), el derecho a la privacidad de los magistrados/as, evitando que se pida información sensible sobre gastos internos de su familia, entre otros.
La Sala Plena, además, considera que es indispensable que el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia brinde lineamientos y pautas de reforma para garantizar la independencia judicial y el principio de inamovilidad judicial.
“Es un deber de las autoridades del Poder Judicial garantizar el respeto a los derechos de los jueces y realizar las acciones pertinentes para consolidar el Estado constitucional, esencialmente, aportar los criterios y las pautas normativas necesarias que garanticen un debido proceso legal”, agrega.
Finalmente, señala que esperan que la Junta Nacional de Justicia convoque a una Mesa de Trabajo u otro mecanismo, y tenga la seguridad de que los jueces y juezas aportarán sus experiencias, conocimientos y lineamientos normativos.
