Por: Elmer Cuba (Economista)
Desde 1990 el país ha vivido episodios de inestabilidad política en paralelo con ciclos económicos alrededor de una tendencia positiva, que ha hecho posibles mejoras importantes en el bienestar de las familias.
Luego de la dictadura militar (1968-1980), el primer cierre del Congreso desde la vuelta a la democracia fue en 1992. Aquella vez se hizo por fuera de la Constitución. Por ello, la crisis política provocada por ese golpe de Estado se tuvo que reencauzar con una Asamblea Constituyente y elecciones generales en 1995. Lamentablemente, el Gobierno electo quiso quedarse más tiempo, violentó diversas normas y finalmente terminó con una vacancia presidencial en noviembre del año 2000. Ese fue un verdadero trauma político, aderezado por la forma novelesca que tomó. En particular, con la huida y vuelta del principal asesor presidencial de ese entonces, Vladimiro Montesinos.
Luego, pasaron 15 años con tres gobiernos democráticos que tuvieron crisis políticas de mucho menor magnitud. Solo caían gabinetes en promedio una vez por año. No caía el primer mandatario, ni se cerraban los Congresos. La economía crecía sin mayores sobresaltos, que no fuesen los choques externos, que tomaban la forma de caídas abruptas de los términos de intercambio y/o salidas de capitales. El sistema económico era fuerte. Una economía guiada por el mercado junto con un cuadro de estabilidad fiscal y monetaria. Hasta parecía que la política y la economía seguían dos caminos paralelos. Pero obviamente no era verdad. Las recurrentes crisis políticas no permitieron el diseño y ejecución de reformas más profundas de los servicios públicos como la educación, la salud, la seguridad ciudadana y el servicio de justicia. Pilares básicos de lo que llamamos -para resumir- reforma del Estado.
El Perú es difícil de manejar. Los conflictos sociales y la corrupción provocan -de cuando en cuando- crisis políticas, que se resuelven con cambio de ministros o de todo el gabinete, dependiendo del calibre de cada crisis.
Sin embargo, los gobiernos tenían diversas configuraciones de alianzas en el Congreso que garantizaban la gobernabilidad. Aunque en el último año de Humala se perdió control del Congreso. Por ejemplo, allí se generó la primera piedra de la destrucción del sistema de pensiones: el uso del fondo para fines no pensionarios. Fue la primera observación de una norma congresal importante por parte del Ejecutivo.
Hasta que en 2016 se configuró un escenario muy difícil. Una suerte de falla tectónica. Un Ejecutivo con una pequeña minoría en el Congreso y sin capacidad de tender puentes duraderos, de uno u otro lado. Nuestro pasado republicano muestra que estas configuraciones han terminado en golpes de Estado. Pero eran otras épocas, cuando las dictaduras no eran difíciles de encontrar en otros países de la región. Ahora esta configuración ha terminado con censuras de gabinetes, un cierre del Congreso y, finalmente, la vacancia presidencial. Y esto último en medio de una pandemia, recesión económica y campaña electoral.
Los Congresos desde hace 25 años no pusieron en duda los preceptos básicos de la estabilidad económica. El equilibrio fiscal era considerado parte de los activos del país. El actual Congreso con sus diversas propuestas en materia económica ha comenzado a minar el sistema económico. Buenas intenciones y malas propuestas.
Ahora que tendremos un nuevo Ejecutivo fruto de la voluntad del mismo Congreso, esperemos que puedan autoconvencerse de que, para que la economía vuelva a despegar y generar empleo e impuestos, se requiere un propósito de enmienda.
Fuente: Gestión
