Esta semana el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció que aprobó un decreto que elimina de manera parcial la tercerización laboral.
De acuerdo con el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, no se permitirá que las empresas tercericen empleos en actividades neurálgicas o núcleo del negocio.
Sin embargo, el decreto fue aprobado sin tener en cuenta que un informe de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad (DGAEICYP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advertía que la medida podría ser dañina e inviable para el mercado peruano.
Luego de esto el Consejo Privado de Competitividad (CPC) ha advertido que esta medida está poniendo en riesgo los puestos de trabajo de más de 105 mil personas.
Este organismo señala que la definición de núcleo de negocio es amplía, sujeta a interpretaciones subjetivas y establece restricciones que no se encuentran previstas en la ley.
«Las consecuencias de este DS sobre la competitividad de las empresas y el empleo no han sido debidamente evaluadas, ya que se podrían afectar a sectores clave para la economía (Construcción y Minería), a más de 950 empresas de tercerización y a más de 105 mil trabajadores formales», sostienen.
Según antecedentes recopilados por la CPC, este tipo de prohibiciones ya han tenido resultados negativos en Ecuador, Bolivia y México.
Por ejemplo, indican que en Ecuador se prohibió la tercerización en el 2008 y esto generó que 37% empresas tercerizadoras cerraran sus operaciones y el 80% de los trabajadores antes tercerizados quedaran desempleados.
«En Bolivia, la prohibición de la tercerización de tareas propias y permanentes de las empresas generó que, en el sector minero, que surgieran cooperativas de trabajadores independientes que ofrecían menores salarios y condiciones de seguridad y tecnología», señalan.
Por su parte, el economista Elmer Cuba aseguró que la tercerización es clave para la competitividad.
«(La eliminación de la tercerización) es realmente un retroceso a la forma en la que se hacen los negocios», comentó en RPP.
El economista y socio de Macroconsult coincidió en que podrían ser afectados más de 100,000 trabajadores.
«Se habla de cerca de 100,000 trabajadores que podrían ser afectados porque están trabajando hoy en empresas formales, pero al cambiarse esto podrían prescindir de sus servicios», señaló.
Cuba consideró que para mejorar este proceso se tercerización y evitar abusos lo ideal sería mejorar la tercerización.
«Es cierto que hay algunas empresas que puedan estar abusando de la norma y la solución a ese problema es Sunafil, mayor fiscalización no eliminar la norma y cercar la industria», agregó.
Por el momento el decreto señala que las empresas tienen un plazo de 180 días para adecuarse a esta norma que limita la tercerización laboral.
Fuente: Perú 21
