- Medida busca elevar estándares de integridad en la administración pública.
La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Integridad Pública, aprobó la Guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción en las entidades del sector público.
El documento responde a la necesidad de fortalecer el componente de gestión de riesgos en la implementación del Modelo de Integridad que vienen adoptando progresivamente las entidades del sector público. Dicho modelo es una estructura de trabajo basada en las mejores prácticas nacionales e internacionales para fortalecer la capacidad preventiva de las entidades frente a la corrupción.
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, resaltó que la publicación de esta guía se enmarca en la política que impulsa el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, así como en los compromisos asumidos por el Ejecutivo en la última sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, durante la presentación de la Agenda Anticorrupción.
La guía proporciona orientaciones específicas para facilitar el proceso de identificación, evaluación, tratamiento y seguimiento de posibles riesgos de corrupción e inconductas funcionales en las entidades del Estado, particularmente en sus procesos más sensibles, como la provisión de servicios, la contratación pública, la gestión de recursos humanos, entre otros.
La Secretaría de Integridad Pública enfatizó que la adopción de las orientaciones proporcionadas en este instrumento supone el desarrollo de un trabajo colaborativo dentro de cada organización y entre las entidades del sector público. Al emplearse parámetros de intervención comunes se espera obtener un aprendizaje progresivo y conjunto, indispensable para prevenir eficazmente la corrupción.
En ese sentido, la guía precisa los posibles contextos y comportamientos de riesgo, posibles causas para la evaluación del riesgo, incluyendo parámetros para su valoración. Además, identifica un conjunto de estrategias y medidas basadas en estándares y buenas prácticas para prevenir y mitigar la ocurrencia de inconductas y posibles actos de corrupción.
Este documento contribuirá a incorporar el enfoque de integridad en la gestión institucional de las entidades del sector público, al gestionarse situaciones que podrían conducir o facilitar la comisión de prácticas contrarias a la ética o corruptas, de modo que se actúe con prevención, debida diligencia y de manera oportuna.
