Por: Luis Miguel Castilla
Una de las propuestas más polémicas de Perú Libre es la intención de sustituir importaciones y denunciar los acuerdos comerciales que han hecho de nuestra economía una de las más abiertas de la región. A diferencia de otros planteamientos como la convocatoria a una asamblea constituyente o cambios tributarios que necesariamente tienen que pasar por la aprobación de una ley por el Congreso, el Ejecutivo tiene la discrecionalidad de modificar los aranceles y retirarse unilateralmente de los tratados de libre comercio (TLC) que no hayan sido ratificados por el Parlamento. Del reciente debate técnico quedó claramente establecido el perjuicio que tendría la limitación de ciertas importaciones sobre el costo de la canasta familiar, afectando adversamente a las familias más pobres.
Existe amplia evidencia que los hogares peruanos, especialmente en el ámbito urbano, se han beneficiado ampliamente de la apertura comercial al incrementar sus niveles de consumo, principalmente al acceder a precios más bajos que en un contexto proteccionista. Sin embargo, en el ámbito rural, principalmente dedicado a la agricultura, el impacto de la integración comercial con el mundo ha sido muy importante, aunque se ha concentrado principalmente en la costa. Así, por ejemplo, la agricultura costeña orientada al comercio exterior ha creado medio millón de puestos de trabajo y, en 15 años, las exportaciones agrícolas pasaron de US$ mil millones al año a 7 mil millones. Esto se refleja en que mientras que el cultivo de un producto tradicional en la costa genera un ingreso de entre mil y tres mil dólares por hectárea, los ingresos que generan los cultivos modernos superan los US$ 15 mil por hectárea. Se requiere, sin embargo, extender la agricultura moderna hacia la sierra y selva a partir de mejorar la efectividad de las intervenciones públicas en el ámbito rural y aprovechar así las bondades de la apertura.
En general, la evidencia empírica sustenta una relación positiva entre el comercio internacional tanto en el crecimiento económico como en la productividad. Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo encuentra que políticas orientadas hacia una mayor apertura comercial tienden a incrementar el flujo de las exportaciones e impactar positivamente sobre el crecimiento de la productividad. Una mayor apertura comercial está correlacionada con un mayor ingreso por habitante y con menores niveles de desigualdad.
Si hay una política que ha favorecido al Perú en las últimas tres décadas y que se ha constituido en una política de Estado es la apertura comercial. Desde inicios de la década de 1990 se adoptó una agresiva liberalización arancelaria unilateral que luego fue complementada por la suscripción de acuerdos bilaterales comerciales. Por un lado, el arancel promedio, expresado como porcentaje del valor del bien transado, en nuestro país se ha reducido de 46.2% en 1990 a 1.3% en 2019; por el otro, dos terceras partes del comercio internacional nacional con el mundo tienen acceso preferencial bajo el marco de un TLC. Cuando la economía estaba cerrada al prevalecer políticas proteccionistas en las décadas de 1970 y 1980, la tasa de crecimiento económico promedio fue 1.4%. En contraste, la apertura comercial aceleró el ritmo de expansión de la actividad económica a 4.5% promedio anual entre 1990 y 2019. Asimismo, el PBI per cápita se multiplicó 13 veces, pasando de US$ 552 en 1970 a US$ 6,977 en 2019 (a precios actuales).
Si bien el periodo de auge coincidió con un incremento en la productividad, especialmente de los sectores transables (agricultura y minería), la reducción en la pobreza y la desigualdad no ha sido homogénea entre los ámbitos urbano y rural. Es un hecho que una de las actividades más importantes en la sierra es la pequeña agricultura familiar y que sus niveles de ingresos se ubican por debajo de lo que perciben los trabajadores empleados en la agroindustria de exportación. Esto ha dado cabida a planteamientos políticos de izquierda que han tendido a responsabilizar a la apertura comercial de estas brechas de ingresos. Tal es el caso del Plan de Gobierno de Perú Libre que señala su objetivo de “disminuir y reorientar la importación de alimentos, dando preferencia a la agricultura andina y orgánica”, planteamiento que es inviable técnica y económicamente.
Esta intención desconoce que la apertura comercial ha permitido la adquisición de bienes a precios más bajos, lo cual beneficia a los consumidores, y brinda oportunidades de negocios a los productores nacionales para colocar sus productos en el exterior. No obstante, esto ocurre en un escenario libre de fallas de mercado, como la ausencia de subsidios distorsionantes en otros países, la falta de economías de escala, restricciones de acceso a crédito, entre otros. El sector agrario presenta estas fallas de mercado, lo cual lo hace vulnerable a la apertura comercial. Para transformar estas vulnerabilidades en oportunidades se requiere de políticas públicas orientadas a la mejora de la productividad, competitividad y sostenibilidad del sector. No es factible perseguir la soberanía alimentaria, es decir, producir todos los bienes agrícolas que requerimos, sin suficiente escala de producción por falta de tierras irrigadas, estandarización y calidad de productos, reducción de costos logísticos, así como una gestión integral de nuestros recursos naturales.
Lamentablemente vientos de proteccionismo soplan en el mundo responsabilizando a la globalización de las inequidades y brechas que se han profundizado al interior de las naciones. En lugar de encarar estos problemas redoblando los esfuerzos por mejorar la competitividad, se opta por ofrecer soluciones demagógicas que no han logrado mejorar la calidad de vida de la población de manera sostenible. Solo basta con revisar nuestra propia historia para no tropezarnos una vez más con la misma piedra.
Fuente: Gestión
