Después de una semana de pasadas las elecciones, un grupo de pobladores del distrito de Tumán se mostraron indignados luego que un reciclador encontrara, a espaldas del colegio Túpac Amaru, 15 actas lacradas pertenecientes a la ONPE.
Los pobladores señalaron que este hecho demostraría que hubo fraude electoral en la reelección del alcalde de esta comuna, Rolando Barboza. A la vez impidieron que agentes policiales de la comisaría local se acerquen al lugar de los hechos manifestando que ellos están a favor del burgomaestre.
“Solo queremos que la Fiscalía evidencie cómo estas actas terminaron siendo arrojadas en esta zona y así tome cartas en el asunto, no queremos que la Policía intervenga debido a que ya no confiamos en ella”, dijo el poblador Gilberto Olivos.
Por otra parte La República se comunicó con David Espinoza Acosta, jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Chiclayo, quien indicó que las actas encontradas deben ser presentadas hasta el miércoles 15 de octubre en la oficina de la ODPE para ser contabilizadas.
«Los personeros deben acercarse hasta pasado mañana y presentar las actas encontradas; es lamentable que estos hechos empañen el proceso electoral», dijo.
Se pronuncia
Ante el reclamo de los pobladores de Zaña y Pimentel que exigen al Jurado Electoral Especial (JEE) la anulación del proceso electoral en sus distritos, por existir votos golondrinos que han perturbado el desempeño de estas elecciones, el titular de la Defensoría del Pueblo de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, manifestó que se reunirá con las poblaciones que han venido protestando en los últimos días, destacando que también pedirá al JEE que le informe sobre el estado de las denuncias presentadas.
“Aún no hay resultados oficiales y el JEE está resolviendo los procesos de impugnación de votos, por lo que ahora es el momento oportuno para que las autoridades competentes en el caso hagan las investigaciones con el cruce de información a través del Registro Nacional de Identidad (Reniec)”, detalló la autoridad.
Asimismo dijo que si las autoridades competentes prueban los hechos, existiría un delito contra la voluntad popular que debería ser denunciado ante el Ministerio Público para su posterior investigación.
La República
