Ante la decisión de la jueza María de los Ángeles Álvarez de entregar los S/524 millones por la venta de Chaglla a la empresa Odebrecht, quedó en el tintero la interrogante de si solo el Estado le debía de entregar este monto o había otras cantidades dentro del fideicomiso.
Respecto de estos pagos, según los voceros, el Estado le hace una retención de un 7% a 10% aproximadamente a la brasileña. Esos montos alimentan el fideicomiso y este, a su vez, se alimenta de las ventas de los activos de la empresa Odebrecht, como en este caso con la venta de la hidroeléctrica de Chaglla (a S/524 millones), lo que generó que se ingrese al fideicomiso un monto grande. De esas cantidades acumuladas por estas operaciones, el Minjus ejecutó la primera parte del pago a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y también otros pagos a esa misma entidad por montos más pequeños.
Las fuentes estimaron que en los meses de agosto y setiembre ingresaron al fideicomiso, producto de estas operaciones, algo de S/3 millones. Sin embargo, precisaron que así como el dinero ingresa también sale por operaciones de pagos que Odebrecht debe cumplir. En este caso, no es una cifra exacta, pero existiría un aproximado en el fideicomiso, aparte del dinero por la venta de Chaglla, de S/20 millones más. Ello se le estaría siendo entregado a la transnacional.
POSTURA. La Procuraduría Ad Hoc para los casos «Lava Jato» siempre mantuvo la posición de que el dinero se entregue a Odebrecht. Tal es así que, tanto durante el preacuerdo como en el acuerdo homologado por la jueza Álvarez, informaron a la magistrada que si la constructora brasileña se iba del país, el Estado peruano no podría cobrar la reparación civil.
“Si la empresa desaparece, no nos conviene, porque no pagará la reparación civil y tampoco tendríamos la información ni la colaboración (de actos de corrupción), ni seguiríamos descubriendo más hechos”, habría informado en su momento la defensa del Estado para los casos «Lava Jato» ante el Poder Judicial durante las audiencias en la última etapa.
Asimismo, indicaron que al emitir la Procuraduría un informe a la Unidad Funcional del Minjus -oficina a cargo del fideicomiso de Odebrecht- su pronunciamiento no se realizó para “observar” el acuerdo y tampoco el pedido del reembolso a favor de la constructora, sino solo con la intención de informar.
RESPONDE
El fiscal coordinador del Equipo Especial «Lava Jato», Rafael Vela, aseguró que la decisión de la jueza María Álvarez de disponer el reembolso a Odebrecht del dinero de la venta de Chaglla responde a un principio de consenso que hubo en el convenio con la constructora por parte de la Fiscalía y la Procuraduría Ad Hoc. Por ello, rechazó que exista una controversia debido a la postura adoptada por el Poder Judicial acerca de la ejecución del acuerdo firmado meses atrás.
«La ejecución del acuerdo se da dentro del principio del consenso de las partes; es decir, del acuerdo al que se llegó y que fue aprobado por parte de la empresa Odebrecht, el Ministerio Público y la Procuraduría Pública Anticorrupción», manifestó en RPP.
El fiscal superior precisó que aún está por definirse el monto que se le devolverá a la constructora, debido a que a los S/524 millones se les restará la indemnización y los pagos de tributos.
«Nosotros no tenemos un cálculo preciso, porque el fideicomiso legal está aún vigente. Siempre van a existir retenciones de cualquier disposición patrimonial que tenga la empresa Odebrecht para asegurar los futuros pagos de las reparaciones civiles».
CRÍTICA
La exprocuradora ad hoc Katherine Ampuero manifestó que Jorge Ramírez, titular de la Procuraduría en el caso Odebrecht, podría solicitar el embargo de los S/524 millones que se le devolverá a Odebrecht, para garantizar el pago de la reparación civil a favor del Estado de los casos que no están incluidos en el acuerdo de colaboración eficaz, como el Gasoducto y Rutas de Lima.
La primera decisión que podría asumir la institución, a consideración de Ampuero, sería la de impugnar el fallo de la jueza María Álvarez.
«Con esta decisión de la jueza, hay dos alternativas (…). La primera alternativa que tendría es impugnar esta decisión de la jueza; la segunda, solicitar el embargo de estos S/524 millones para garantizar el pago de la reparación civil que todavía está pendiente de negociarse en los casos que no están incluidos en el acuerdo», dijo a Canal N.
