Ricardo Uceda

En su discurso ante el Congreso, la primera ministra Ana Jara no planteó ninguna iniciativa para luchar contra la corrupción. Aunque el problema es uno de los mayores del país, no está en la agenda prioritaria del gobierno. Tampoco en la de los congresistas, y por eso no forma parte de los temas que definen la estabilidad del gabinete ministerial cuando hay un nuevo primer ministro. Sin embargo, al mismo tiempo que se discutía sobre el futuro de Jara, se producían inequívocas señales de que las cosas van de mal en peor. Un campanazo lo ha dado Daniel Urresti, el ministro del Interior.

El sábado pasado, Urresti acusó a la fiscal Marita Barreto de entorpecer las investigaciones en el caso Orellana. Aunque algunos dichos del ministro están en cuestión, concretamente las estadísticas de combate a la delincuencia, su pronunciamiento sobre la enmarañada red delictiva lo hizo junto con la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe. A lo largo de varios años, ella ha demostrado que cada una de las denuncias que hizo eran ciertas. En esta ocasión puede comprobarse  que también.

Por otro lado, ya existen suficientes indicios de que las investigaciones sobre las actividades criminales en el Gobierno Regional de Áncash no tienen buen pronóstico. Otra vez, el Ministerio Público aparece como un agente entorpecedor, y es el propio fiscal de la Nación, Carlos Ramos, quien concentra todas las miradas. Pero a diferencia del ejemplo anterior, ningún ministro de Estado parece interesado en señalarlo. Definitivamente no el titular de Justicia, Daniel Figallo.

LA FISCAL DIFÍCIL

Pese a que se da por sentado que, finalmente, el sistema judicial decidió enfrentar a la mafia de Orellana, ninguno de los veinte imputados está detenido. La única captura —de Benedicto Jiménez— fue inútil, porque después quedó libre. En una primera audiencia judicial para resolver el pedido de prisión preventiva de quince meses que hizo el Ministerio Público para Jiménez y otros implicados, la jueza Mercedes Caballero se quejó de la pobre sustentación de la fiscal Marita Barreto. Lo dijo públicamente en la audiencia, antes de rechazar la solicitud. Solo uno de los quince motivos en los que se basó el requerimiento vinculaba al ex policía con los delitos. La apelación, elaborada por una fiscalía superior, estuvo mejor fundamentada, y la prisión preventiva fue finalmente concedida. Pero Jiménez ya se había hecho humo y sigue prófugo.

Hasta entonces solo tenían detención para fines investigativos seis de un total de veinte imputados. El 18 de agosto se produjo una segunda audiencia para resolver el pedido de prisión preventiva de otros catorce. En una primera parte, la fiscal Barreto hizo el requerimiento para dos de ellos. La jueza Caballero, advirtiendo sus dificultades para fundamentar, suspendió por unas horas la sesión a fin de que preparara mejor su exposición. Pero una vez reiniciada la audiencia, Barreto se desistió.

Resultado: doce personas consideradas prestanombres y miembros importantes de la red gozan de libertad de movimientos.

—La situación actual es de incertidumbre —dice Julia Príncipe. Y añade datos que pintan obscenamente la realidad: hasta el momento el Ministerio Público no ha solicitado al juez orden de captura internacional para César Orellana, Benedicto Jiménez, Ludith y Churchill Orellana y de tres prófugos más que tienen orden de prisión preventiva. Tampoco ha ordenado la diligencia de revisión del material incautado en el allanamiento del búnker de los investigados hace dos meses.

¿A qué juega el Ministerio Público? ¿El de Barreto es un problema de aptitudes o existe una lógica detrás para proteger a los investigados? Examinando lo ocurrido con otro caso emblemático, el que tiene como centro al ex gobernador regional de Áncash César Álvarez, es posible responder con mayor convicción a las preguntas.

SOSPECHAS FUNDADAS

El sorprendente testimonio del policía Wilmer Mejía abre los ojos a cualquiera que pudiera haber dudado de que mientras César Álvarez gobernó Áncash estuvo protegido por Carlos Ramos Heredia, a la sazón jefe de Control Interno del Ministerio Público. Hasta podría presumirse que era parte de su red. En 2011 Manuel Páucar, un operador político de Álvarez, le pidió a Mejía que cambiara su versión sobre una actuación del fiscal José Luis Checa, para que este pudiera ser sancionado por Ramos. En un audio difundido en ‘No culpes a la noche’, de Milagros Leiva, se escucha a Páucar decir que Ramos había nombrado una comisión que procedería a destituir a Checa, un fiscal cuyo pecado fue haber alertado sobre un posible delito cometido por el presidente regional. Esto engorda la bolsa de indicios en contra del hoy fiscal de la Nación, a quien el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) investiga precisamente para determinar si antes de asumir su actual cargo hostilizó a fiscales que cumplían con su deber investigando a Álvarez. Pero esto ya se sabía, y no es lo peor.

Lo peor es lo que ocurrió en 2014, cuando Ramos ya era fiscal de la Nación y pudo organizar la investigación tanto sobre los supuestos delitos de Álvarez como sobre las inconductas que se produjeron dentro del Ministerio Público en el caso. Lo primero que hizo fue ordenar en forma compulsiva el traslado de la vista de la causa de Áncash a Lima. Cierto es que este traslado podía considerarse acertado, pero le correspondía disponerlo al Poder Judicial. Por orden del nuevo jefe del Ministerio Público, un fiscal superior, Gustavo Quiroz, viajó a Áncash a impedir que se actuara una diligencia más. Ya con el expediente en Lima, el fiscal encargado del caso, Marco Huamán, se las arregló para ahuyentar al principal testigo, el Colaborador Eficaz 001. Existe documentación probatoria de que el testigo era hostilizado por el personal de la Fiscalía destinado a protegerlo.

Y fue Huamán quien se portó de forma inexplicable cuando apareció el testimonio de Mejía.

LA PISTA DE SÍ MISMO

Mejía acudió primero a la Procuraduría Anticorrupción, que pidió a la Fiscalía desplazar fiscales para tomarle manifestación. No fue fácil que aceptaran. Una vez hecho esto, Huamán declaró secreto el caso, incautó la computadora del declarante y se negó a brindarle protección. Cuando la vivienda de Mejía fue asaltada en Chimbote y robado el CPU de su computadora, el testigo decidió recurrir a la prensa. Así, y solo así, sabemos lo que ocurrió. Entretanto, el fiscal Huamán guardó el audio bajo siete llaves y no ha dispuesto ninguna investigación.

El procurador anticorrupción Christian Salas ha solicitado a Huamán que los documentos de la declaración de Mejía, junto con el audio, sean derivados al CNM, donde se procesa al fiscal de la Nación, y al Congreso, donde hay una comisión investigadora de los actos de corrupción en Áncash. El material ya no puede ser secreto ni quedarse en el Ministerio Público para que el fiscal de la Nación se investigue a sí mismo. Salas también ha pedido que se programen diligencias a partir de las revelaciones: que se recabe el testimonio de Páucar, quien es secretario del Consejo Regional de Áncash, así como el de los fiscales destituidos por investigar a Álvarez. Pero Huamán, en vez de hacer todo ello, fue a visitar al ministro de Justicia, Daniel Figallo. Presumiblemente para quejarse de la Procuraduría. El contenido verdadero de esta entrevista no ha sido suficientemente esclarecido.

El crimen de Nolasco, las denuncias de la prensa, la presión de fiscales honestos y de la sociedad civil exasperada de Chimbote lograron que empezara, en lo formal, una investigación en regla sobre los hechos delictivos en Áncash. Un fenómeno parecido ocurrió con el caso Orellana. No fueron procesos originados por una actuación propia del sistema judicial, donde ambas redes tienen poder. Ahora estamos viendo cómo las investigaciones se mediatizan, no sería extraño bajo la batuta del propio fiscal de la Nación. Es como un gato en la despensa, donde vive seguro de que nadie podrá sacarlo de allí.

La República