Fiscales y procuradores generales de 12 países de América Latina acordaron este lunes en Panamá combatir de manera conjunta, en la esfera jurídica y penal, a las redes criminales que promueven el tráfico de migrantes, en el marco de una crisis migratoria que los afecta.
Este compromiso, adquirido por los fiscales y procuradores generales Colombia, Costa Rica, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Uruguay, Guatemala, México, Perú, El Salvador y Panamá, tiene lugar cuando miles de migrantes, especialmente de Haití, se movilizan por parte de Suramérica, Centroamérica y México para llegar a Estados Unidos.
Los fiscales se comprometieron a dar especial prioridad a la cooperación jurídica internacional, el intercambio espontáneo de información y la protección y asistencia a las víctimas del tráfico de personas, una actividad promovida por redes que también manejan el narcotráfico, dijo a los periodistas el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa Delgado.
La hoja de ruta emanada de esta reunión convocada coordinadamente por Panamá y Colombia pasa por establecer una cooperación para el intercambio de información permanente, organizar equipos bilaterales o multilaterales de investigación y facilitar la movilidad de funcionarios judiciales entre países.
El creciente flujo de migrantes en tránsito que entran a Panamá desde Colombia en su camino hacia Norteamérica ha llevado a estas dos naciones a establecer bilateralmente y a partir de este agosto un plan de flujo controlado de estas personas.
Panamá, que ya mantiene desde 2016 el esquema de flujo controlado de migrantes irregulares con Costa Rica, sostuvo este lunes que el país busca que este modelo “sea homologado y replicado en los otros países, ya sean de origen, tránsito o destino”, dijo a Efe la canciller panameña, Erika Mouynes.
El esquema de flujo controlado en Panamá incluye la atención sanitaria, alimenticia y la toma de registros biométricos a los migrantes, que son recibidos en estaciones migratorias situadas en Darién y en los Planes de Gualaca, en la frontera con Costa Rica.
Mouynes afirmó que la propuesta de Panamá en la reunión de fiscales es la de buscar vías para “agilizar y generar esta cooperación judicial”, en la búsqueda de una “hoja de ruta que establezca metas muy claras para poder manejar esto de una mejor forma, de una manera controlada, segura y con un trato digno” para todos los migrantes.
Trabajar conjuntamente
El fiscal general de Colombia dijo en el encuentro que América Latina, particularmente su país, así como también Centroamérica, México y EE.UU., “ha venido siendo sometida al yugo de grupos trasnacionales de la criminalidad” vinculados a que haya grandes desplazamientos de migrantes irregulares.
Barbosa destacó que este desplazamiento de migrantes, sobre todo de haitianos y cubanos, viene desde Chile, Brasil y Ecuador, y luego pasan por Colombia y Panamá y sucesivamente al resto de países centroamericanos y México.
Actualmente “entre 15,000 y 14,000 personas al mes” transitan por el Tapón del Darién, la selva que es frontera natural entre Colombia y Panamá, dijo el fiscal Barbosa.
“Necesitamos trabajar de la mano, crear mesas de priorización en la lucha contra esa criminalidad que está fomentando (la migración irregular), necesitamos preservar los derechos humanos de los migrantes”, señaló Barbosa, para quien el tráfico de migrantes “está atado holísticamente al crimen del narcotráfico, a la extorsión, a la destrucción de nuestros valores latinoamericanos”.
El fiscal general de Panamá, Javier Caraballo, señaló que esta reunión va a posibilitar un “intercambio de información fluida” para “identificar realmente aquellos grupos que actúan de manera transnacional, de manera binacional, que conforman redes criminales con incidencia en varios países”.
Es por ello que “un grupo importante de fiscales y procuradores generales” de la región fueron convocados “precisamente para encargarnos de las aristas penales de este fenómeno” de la migración irregular, pero viéndolo como un problema de todos”, añadió.
“Que cada una de las partes diagnostique el problema que el corresponde y que todos juntos logremos articular estrategias de investigación, de judicialización, que nos permitan luchar contra aquellas redes criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad de estos grupos de migrantes para lucrar con necesidad de estas personas”, agregó Caraballo.
Fuente: Agencia EFE
