El pasado 5 de agosto, en medio de una conferencia de prensa, tras ser interrogado por un periodista sobre los nombramientos en el Gobierno de allegados a Vladimir Cerrón, el primer ministro, Guido Bellido, respondió: “Usted se olvida qué partido ha ganado las elecciones”. En poco más de una semana, el gobierno de Pedro Castillo acumula 26 nombramientos cuestionados.
A poco más de una semana de haber asumido el cargo, se han realizado 59 designaciones de funcionarios. Según el análisis realizado por la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio, 26 de ellos tienen algún tipo de cuestionamiento debido a denuncias, investigaciones administrativas y fiscales, e incumplimiento de requisitos mínimos para estar en el cargo asignado.
Entre los cuestionados figuran nueve ministros y el mismo titular de la PCM, Guido Bellido. Entre los ministros figuran el de Defensa, Walter Ayala; el de Vivienda, Geiner Alvarado; el del Interior, Juan Manuel Carrasco; el de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva; el Trabajo, Iber Maraví; el del ambiente, Rubén Ramírez; el de Cultura, Ciro Gálvez; y el ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez.
Ciro Gálvez, actual ministro de Cultura, fue proveedor durante las dos gestiones de Perú Libre frente al Gobierno Regional de Junín.
Tras los nombramientos, queda claro que el criterio para la designación de funcionarios ha sido más político que técnico. En algunos casos, incluso existen otro tipo de factores: Ciro Gálvez ha sido proveedor del Gobierno Regional de Junín, durante los dos mandatos de Perú Libre (2010-2014; 2018-actualidad).
Las entidades con mayor cantidad de funcionarios designados que presentan algún tipo de cuestionamiento son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la PCM, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Educación.
Dos problemas a la vista
Para el politólogo Omar Awapara, director académico de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, surgen dos problemas: el político y el técnico, debido a que existen cuestionamientos tanto a la integridad como a la capacidad de estos funcionarios. Esta situación golpea al partido oficialista, sobre todo tras las declaraciones de Bellido. “Todos los problemas que surjan con respecto a este tema van a ser atribuidos al partido”, declara.
Tres de las 26 designaciones cuestionadas quedaron sin efecto: dos de estas lo hicieron tan solo 24 horas después de haberse dado el nombramiento. Primero, quedó sin efecto la resolución que designaba a Jack Salazar como jefe de Gabinete del Ministerio de Vivienda. Salazar, quien es miembro de Unión por el Perú y estaba siendo investigado por la Fiscalía por presunta suplantación en exámenes de admisión.
Después, tras revelarse que no cumplía con ninguno de los requisitos mínimos para obtener el cargo, quedó sin efecto el nombramiento como directora ejecutiva de Provías Descentralizado de Natalia Jiménez, una abogada de 27 años, exmiembro de Perú Libre. La Contraloría de la República emitió un informe en el que señaló que el incumplimiento de requisitos afectaba la legalidad de la designación de Jiménez.
Esta no ha sido la única designación que ha quedado sin efecto en el MTC. Alberto Falla, Fue removido del cargo de director ejecutivo del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible – PROMOVILIDAD, después de que este Diario revelara que fundó la empresa que entregó un certificado aprobatorio al camión que, tras su deflagración, causó la muerte de 34 personas.
“El gabinete va a llegar muy desgastado a la presentación ante el Congreso”, señala el analista político José Carlos Requena. Según explica, un gabinete suele iniciarse con cierta expectativa; sin embargo, esto no se da con el gabinete Bellido, desde la designación del mismo premier. “Hay una suerte de falla de origen”, indica.
Requena asegura que el Poder Ejecutivo está en una situación de desventaja. “Normalmente, estos cuestionamientos suelen estar del otro lado del mostrador: en el Congreso. Ahora lo estamos viendo en el Ejecutivo”, afirma.
Según el analista, al Congreso le compete cumplir con sus funciones de control político y debe actuar con prudencia, pero también con severidad. “El Congreso tiene la potestad de llamar a cualquier funcionario de los distintos niveles de gobierno y pedirles cuentas por su gestión”, explica Requena. Hasta el momento, la bancada ultraconservadora de Renovación Popular ha presentado dos mociones con el fin de invitar a los ministro Guido Bellido y Juan Manuel Carrasco al pleno del Congreso. Además, dicho grupo parlamentario anunció que interpelará -mecanismo mediante el cual deben responder un pliego de preguntas- ministro por ministro.
Partidos sin cuadros
El politólogo Omar Awapara asegura que los nombramientos a funcionarios cuestionados es una práctica que ya se tenía en el país, porque refleja la debilidad y precariedad de los partidos políticos, que no tienen los suficientes cuadros, o que entre su informalidad están rodeados de cuadros cuestionables.
La diferencia en el caso de Perú Libre es que hay un poco más de atención dado a que los nombramientos han sido cuestionados desde la designación de Bellido y el partido ya venía con antecedentes como el del caso de “Los Dinámicos del Centro”.
“Este caso se encuentra muy latente. Conocer cómo funcionó el Gobierno Regional de Junín liderado por Perú Libre es como una llamada de alerta. El partido podría intentar ocupar ciertos espacios de la administración con figuras no preparadas, no capacitadas”, explica Awapara.
En ese contexto, Awapara menciona que, mientras más tiempo pase, más expuestos y más debilitados estará el Gabinete Bellido.
Las reacciones
El último 6 de agosto, los viceministros del Interior Carlos León Romero y Nicolás Zevallos Trigoso presentaron sus cartas de renuncia. Ambos argumentaron que la inminente designación de Grover Mamani Condori como director como director general de Gobierno Interior y otras decisiones que se están tomando “no les garantizan las condiciones necesarias para continuar y sostener su labor de fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional del Perú”. Según explicó, León Romero, no cumplía con el perfil requerido para el cargo y que, por tanto, “no iba a ser partícipe de un nombramiento ilegal”.
La Contraloría de la República, a través de un comunicado publicado el 4 de agosto, indicó que realiza la “verificación de la legalidad de los nombramientos” de funcionarios públicos realizados por la gestión de Pedro Castillo. El máximo órgano de control recalcó que el incumplimiento de las normas puede “conllevar a responsabilidades y eventuales sanciones de suspensión o inhabilitación”.
Un día después, “en su calidad de ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y ante las recientes y próximas designaciones”, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, emitió un comunicado al respecto, en el que recordó el proceso que deben seguir las entidades al incorporar personal de confianza: ministros, viceministros, jefes de Gabinete y secretarios generales.
Perfiles en el aparato público
“Los requisitos para estos cargos están regulados. Todas las entidades deben contar con su Cuadro de Asignación de Personal (CAP) o con su Manual de Clasificación de Cargos (MCC)”, recalca Cristian León Vilela, gerente de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de SERVIR. Según explica, pese a que para estos cargos no se realiza un concurso público, no es posible contratar a cualquier persona para ellos. En los CAP y MCC, además de detallar las funciones que deben realizar, se especifican los requisitos en cuanto a profesión, experiencia general, experiencia específica entre otros.
Estos perfiles de puestos son un instrumento importante para la gestión de recursos humanos, ya que proporcionan información técnica que permite una buena selección de personal, entre otros procesos del sistema. Las entidades pueden realizar variaciones a los requisitos, pero deben hacerlo basados en el marco de razonabilidad del cargo. “No puedo bajar la valla”, asegura León. Es la oficina de recursos humanos de cada entidad, las encargadas de realizar un informe en el que se mencione si la persona que se quiere designar en un alto cargo cumple con los requisitos y es apto para el nombramiento o no lo hace y no es posible asignarlo.
“La ley indica que cualquier resolución que no tenga esta evaluación es nula. Las designaciones que no se ajustan a la normativa interna son nulas y acarrean responsabilidad por parte de quien lo ejecuta y quien acepta”, explica León. Las Oficinas de Recursos Humanos son las responsables de hacer cumplir las reglas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Por ello, ante las revelaciones de designaciones cuestionadas, SERVIR ha enviado a las oficinas de Recursos Humanos de todas las entidades del Estado un comunicado en el que se recuerda y especifica el rol que tienen. Esto como complemento a las acciones de control que se están realizando desde la Contraloría de la República.
Fuente: El Comercio
