Por Alejandro Jiménez Morales*
La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (CODECO) presidido por José Luna Morales, recibió facultades de comisión investigadora por el Pleno del Congreso con 125 votos a favor para indagar, hasta por 180 días hábiles, la actuación de los organismos reguladores de servicios públicos en los últimos cinco años. La medida comprende la investigación a los organismos reguladores, supervisores, de vigilancia, de control y de sanción para determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales de sus funcionarios; así como para proponer reformas normativas e institucionales.
El grupo investigador deberá proponer reformas normativas e institucionales que fortalezcan el rol regulador del Estado en protección de la salud y vida, pero ¿qué supone esta medida para los organismos reguladores? Alejandro Jiménez, exgerente de OSIPTEL explica que la independencia de los reguladores del poder político, ya sea del Congreso como del Ejecutivo, es la principal garantía para lograr un equilibrio en las relaciones entre empresas y usuarios. Un regulador parcializado hacia el usuario o intereses particulares atentarían conta la sostenibilidad y la calidad mínima de los servicios públicos.
“Existe un claro conflicto de interés entre algunos de los miembros del Parlamento que, por sus actividades privadas, son supervisados por los organismos a ser investigados. Esto no solo involucraría una intervención política, sino que puede generar riesgo de captura del regulador por parte de algunos “regulados”. Estos (los reguladores) han vertido opiniones técnicas contrarias a iniciativas de ley con un claro sesgo populista, que la experiencia ha demostrado acaban afectando a los consumidores, cumpliendo su rol de contrapeso técnico frente al poder político. Por este motivo, es muy poco probable que las investigaciones a estas instituciones desde este Congreso sean neutrales” explica Jiménez.
Finalmente, afirma que las acciones de los reguladores no están libres de cuestionamientos, por acción u omisión, pero -añade- que, para minimizar este problema, el camino es fortalecer los mecanismos institucionales, separados del poder político, para objetar medidas regulatorias y/o proponer reformas, a fin de no dejar que el poder político capture a estas instancias técnicas.
*Exgerente de OSIPTEL, es Magister en Administración de ESAN, con reconocida experiencia gerencial y de dirección en instituciones públicas y privadas líderes en su ramo. Consultor en Regulación de Telecomunicaciones y árbitro de conciencia del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.
