Por: Oscar Zapata, Consultor – Coordinador General del Programa para el Mejoramiento del Sistema de Administración de Justicia (PMSAJ) Eje No Penal
La interoperabilidad debe ser entendida como la capacidad de intercambiar información entre distintos actores para poder hacer más efectiva la tramitación, la eficiencia de los procesos y, como consecuencia de ello, conseguir una burocracia más eficiente.
No podemos concebir la interoperabilidad solamente desde un punto de vista tecnológico o una plataforma digital que nos permita intercambio de información y datos entre las administraciones. Debemos mirarla desde un punto de vista más amplio que congregue tres marcos básicos.
El primero, el NORMATIVO, que regule y estandarice los intercambios de datos y que incluya obligaciones para con los actores involucrados y, por cierto, de seguridad jurídica.
El segundo, la GOBERNANZA, pues son fundamentales los órganos de coordinación entre las distintas administraciones que permitan avanzar de manera conjunta con las necesidades de transformación digital; y el tercero, las HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS y sistemas de información que permitan el intercambio adecuado de datos y documentos entre organismos.
Los tres marcos en nuestro país están dados. Dicho sea de paso, les ruego echarle una mirada al Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia Nro. 006-2020 que crea el sistema Nacional de Transformación Digital publicado el 25 de setiembre de 2021; y, el Decreto Supremo 154-2021- PCM publicado el sábado 16 de octubre de 2021 y que aprueba la política General de Gobierno para el periodo 2021-2026 y en su línea de intervención 5.3.1 busca simplificar e integrar los sistemas y aplicativos informáticos para mejorar la administración del Estado de cara al servicio para el ciudadano.
La misma norma considera como uno de sus ejes fundamentales el Nro. 8, que se refiere al Gobierno y su transformación digital y asume el compromiso de acelerar la transformación digital del sector público, impulsando el ecosistema de tecnología para fortalecer la gobernanza digital del país. Lo que antes era una posibilidad lejana hoy día es una obligación.
Afortunadamente nos encuentra con todas las posibilidades de lograrla, pues no solo tenemos principalmente el recurso humano listo y dispuesto, sino también los recursos financieros que nos están permitiendo desarrollar planes e invertir en nuestra modernización tecnológica.
No puedo dejar de mencionar que estos cambios considerarán también la unificación de dominios tales como: EL ORGANIZACIONAL, al definir las políticas, modelar los procesos y facilitar la colaboración entre entidades que desean intercambiar información.
EL SEMÁNTICO, al asegurar y garantizar que el significado preciso de la información y datos intercambiados sea entendido sin ambigüedades por todos los actores; y EL TÉCNICO, al garantizar la independencia en la elección de alternativas tecnológicas, posibilitando seguridad en la interconexión, en la integración y en el intercambio de la data.
Fuente: La Cámara (CCL)