Las inspecciones en los antecedentes de los candidatos a las elecciones municipales y regionales siguen trayendo sorpresas. La Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detectó que al menos 218 de ellos tienen una condena vigente. Es decir, continúan cumpliendo su pena.
Esta información fue el resultado del primer reporte de fiscalización al cruzarse, en menos de 24 horas, los antecedentes judiciales de 1.368 candidatos sentenciados en el Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial (PJ) con lo declarado en sus hojas de vida al momento de inscribirse en este proceso.
De este hallazgo se desprende que es la condena por incumplimiento de obligación alimentaria la que más se repite entre los candidatos sentenciados. Entre los 218 casos detectados, son 47 los que tienen condena vigente por este ilícito. En segundo lugar se ubica el delito de peculado con 27 condenados. Incluso hay un postulante que cumple pena por la violación sexual de un menor de 14 años.
“Quienes están con una sentencia condenatoria vigente, o sea que la pena está todavía en ejecución, no pueden postular”, comentó el especialista en derecho electoral del JNE Virgilio Hurtado a El Comercio.
El letrado explicó que la ley prohíbe la postulación de aquellas personas que tienen la ciudadanía suspendida. “Y una de las formas de suspensión de la ciudadanía es precisamente por una sentencia condenatoria. Quienes se encuentren en esta situación, en principio, no deberían postular”, remarcó.
Agregó que el siguiente paso del JNE será remitir esta información a los jurados electorales especiales (JEE) para que constaten estas condenas e inicien el proceso de exclusión respectivo. “Como en todo Estado de derecho, el candidato puede apelar esta disposición; sin embargo, de constatarse la condena vigente la exclusión será justa”, dijo Hurtado a este Diario.
Se supo que el ente electoral dará a conocer en los próximos días los nombres de estos candidatos y las agrupaciones políticas que los llevaron a participar en este proceso electoral.
PELIGRO LATENTE
En tanto, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia,Gerardo Távara, consideró que la participación de candidatos con condena vigente en este proceso electoral es un peligro para la democracia.
“Para ser gobernante se requieren estándares profesionales muy altos y también en sus antecedentes personales y calidades políticas”, agregó Távara a la Agencia Andina. “No tenemos la certeza de que vayan a actuar correctamente cuando lleguen al poder”, añadió.
El Comercio
